A medio siglo del golpe
El abogado Pablo Llonto presentó una serie de escritos que acreditan que las Fuerzas Armadas conservaron documentación sobre personas desaparecidas incluso después del fin de la dictadura. Solicita que se investigue si esos archivos fueron sustraídos o deliberadamente ocultados.
Jorge Rafael Videla solía definir a la última dictadura como una “guerra de inteligencia”. Esa caracterización expone el rol central que tuvo el sistema de espionaje en la identificación de los objetivos represivos y en la determinación de su destino. La producción de inteligencia se nutría, a su vez, de lo que ocurría en los centros clandestinos de detención. Con el paso de los años, el hallazgo parcial de algunos documentos permitió confirmar la existencia de registros sobre las víctimas del terrorismo de Estado, aunque se presume que una parte sustancial de ese material sigue en manos de los responsables y nunca fue recuperada por los distintos gobiernos democráticos. A pocos meses de cumplirse 50 años del golpe, una serie de presentaciones de Pablo Llonto reactiva en la Justicia Federal la investigación sobre el paradero de los archivos que estaban bajo control de las Fuerzas Armadas.
“Con el fin de determinar el destino de cada víctima (desaparecido o asesinado por los grupos de tareas de la Fuerza Aérea y/o por el accionar de otras fuerzas) es necesario que el Juzgado determine qué ocurrió con la importante cantidad de material documental que durante el período 1976-1983 la inteligencia de la Fuerza Aérea recopiló de propia mano y que obtuvo gracias a la tortura llevada adelante por los integrantes de los grupos de tareas, por la infiltración o por el seguimiento, de distintas maneras, de militantes, familiares y toda aquella persona a quienes consideraban ‘enemiga’ o ‘sospechosa’. Solo el hallazgo de esos documentos podrá ayudar a la definitiva determinación del lugar de cautiverio de cada secuestrado, el destino final de cada secuestrado, los datos de los integrantes (militares, policiales y civiles) de los grupos de tareas y sus responsables jerárquicos en la Fuerza Aérea”, sostiene la presentación a la que accedió Página/12, ingresada antes del inicio de la feria judicial.
Llonto ya había impulsado pedidos similares para que se esclarezca qué ocurrió con los archivos de la Armada y, especialmente, del Ejército, fuerza que tuvo un rol coordinador en el esquema represivo y que podría conservar información clave largamente reclamada por los familiares de los detenidos-desaparecidos.
En los tramos finales de la dictadura, el régimen avanzó en el borrado sistemático de pruebas. En octubre de 1983, el dictador Reynaldo Benito Bignone firmó el decreto 2726/83, que “daba de baja” los antecedentes de personas que habían sido privadas de su libertad, una fórmula destinada a habilitar la destrucción de la documentación. Un mes después, Cristino Nicolaides, como comandante del Ejército, ordenó la incineración de todos los archivos.
Pese a ello, diversos testimonios indicaron que la información había sido microfilmada. Distintos episodios prueban que esos documentos permanecieron en poder de las fuerzas —o de algunos de sus integrantes— durante los primeros años de la democracia.
Uno de los casos fue el de Orestes Vaello, suboficial del Ejército destinado al Batallón de Inteligencia 601, quien declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y aportó órdenes de secuestro dirigidas contra determinados “blancos”: estudiantes secundarios que luego serían víctimas de la Noche de los Lápices. Las directivas, emitidas desde el propio Batallón 601 y remitidas a la inteligencia de la policía bonaerense, calificaban su nivel de peligrosidad como “mínimo”.
La documentación entregada por Vaello permitió demostrar tempranamente que el Batallón 601 operaba como el núcleo intelectual de la represión, impartiendo órdenes a otras estructuras encargadas de ejecutarlas. En su interior funcionaban grupos de tareas especializados en distintos sectores militantes. El informe Nunca Más consignó que el Batallón contaba con un área específica de Registro y Archivo.
Llonto sostiene que los archivos de inteligencia del Ejército pudieron haber sido robados u ocultados. Como antecedente, cita la declaración de Stella Segado, exdirectora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, en el juicio por los secuestros y desapariciones de militantes montoneros que participaron en la Contraofensiva. Segado relató que en los años 90 se incendió de manera llamativa parte del séptimo piso del Edificio Libertador, luego de que un juez ordenara preservar ese sector ante la posibilidad de que allí se conservaran archivos de la represión. En ese piso funcionaba el área de inteligencia del Ejército.
Un ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) declaró ante el juzgado federal de San Martín que en ese mismo lugar también había información sobre organismos de derechos humanos que denunciaban los crímenes de la dictadura. “Vi que tenían datos de las Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini; de los del CELS”, afirmó.
En 1997 salieron a la luz interrogatorios a los que había sido sometido Rafael Perrotta, exdirector de El Cronista Comercial, secuestrado dos décadas antes. María Seoane escribió entonces que detrás de ese hallazgo sobrevolaba la figura de Juan Bautista “Tata” Yofre —exjefe de la SIDE durante el menemismo y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia—, quien luego declaró como testigo en el juicio por el secuestro de Perrotta. Consultado sobre el acceso a los archivos que nutrieron varios de sus libros —citados hoy por el Gobierno como fuentes centrales sobre los años 70—, respondió: “Caminando la calle, no hay un lugar. Cada persona que ha pasado por la administración pública en algún momento de la vida se lleva un retazo a su casa”.º
La primera denuncia de Llonto en esta línea apuntó a esclarecer el destino de los archivos de la Armada. El abogado demostró que, ya en democracia, la Marina conservaba información sobre víctimas que habían pasado por la ESMA y la remitió al juzgado que investigaba el secuestro de Heinrich Metz, ejecutivo de Mercedes-Benz, ocurrido en 1975.
El 18 de agosto de 1986, el vicealmirante Ramón Arosa, entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, envió esa documentación —clasificada como “secreta”— al juzgado federal de San Isidro. Algunas fichas revelaban que los seguimientos a sobrevivientes de la ESMA continuaron incluso después de la dictadura: en un caso se consignaba, en 1985, que una exdetenida-desaparecida se encontraba en el país.
Llonto también aportó una imagen tomada por Enrique Shore durante la recorrida de la Conadep por la ESMA, donde se observaba la existencia de un archivo dentro del excentro clandestino.
Tras esa presentación, el juez Sergio Torres —a cargo entonces de la megacausa ESMA— abrió un legajo reservado para investigar la cuestión. En los hechos, la pesquisa quedó bajo responsabilidad del fiscal Eduardo Taiano, sin avances significativos.
Desde el Juzgado Federal N.º 12 se consultó al Ministerio de Defensa sobre el trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), creados en 2010 para colaborar en causas por delitos de lesa humanidad. La consulta se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los integrantes de los ERyA inspeccionaron el Archivo General de la Armada, en Bolívar al 1600, un edificio con un depósito de cuatro pisos. Allí detectaron un cuarto con documentación secreta enviada por distintas unidades navales, sin inventario ni bases de datos, lo que obligó a revisar más de 600 cajas. En ese proceso no aparecieron fichas de antecedentes civiles como las remitidas por Arosa en 1986.
Los ERyA informaron al juzgado que tampoco habían accedido a archivos en poder del Servicio de Inteligencia Naval, del Comando de Operaciones Navales ni de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Armada.
Desde su creación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los ERyA aportaron información en más de cien causas, trabajando sobre legajos y documentación administrativa de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2024, Luis Petri decidió disolverlos bajo el argumento de que “carpeteaban” a los militares. Pese al reclamo de 36 fiscales, el entonces ministro ratificó su decisión.
La eliminación de estos equipos tuvo un antecedente durante la gestión de Cambiemos, cuando Patricia Bullrich desmanteló el grupo de relevamiento del Ministerio de Seguridad, impulsado originalmente por Nilda Garré. Ese equipo había aportado pruebas clave sobre policías involucrados en operativos represivos y documentación de Prefectura que permitió acreditar los vuelos de la muerte.
Durante la intervención de Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se puso en marcha un programa de análisis de los archivos de la SIDE. Caamaño, junto a Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi, remitió a la Justicia documentación relevante sobre el accionar del organismo durante la dictadura, reconstruida a partir de organigramas, legajos y sumarios.
El 24 de marzo pasado, Manuel Adorni anunció que, por decisión de Javier Milei, se desclasificaría la documentación en poder de la SIDE. Desde entonces, no hubo novedades.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com