El renacer de una nueva SIDE bajo la administración libertaria —una versión renovada de la oscura Secretaría de Inteligencia del Estado que, durante la última dictadura cívico-militar, ejecutó algunas de las acciones más atroces entre 1976 y 1983— vuelve a poner en marcha un sistema de control y seguimiento ciudadano, ahora con nuevas herramientas y objetivos, pero el mismo desprecio por la privacidad y los derechos fundamentales.
La instrucción lleva la firma del director de Operaciones, Diego Kravetz, y dispone la necesidad de “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y “actores no estatales” que pudieran “capitalizar la creciente polarización política” en el país. Esto, pese a que la SIDE tiene prohibido realizar tareas de inteligencia sobre asuntos de política doméstica.
La orden tiene como propósito recolectar datos detallados sobre esos sectores y profundizar en sus “capacidades y motivaciones”, así como analizar su potencial influencia en la dinámica política y social argentina.
El documento establece que estos relevamientos serán transformados en reportes destinados a las más altas autoridades del sistema de inteligencia. A su vez, señala que la vigilancia se ampliará a “actores estatales” de otros países, con capacidad para “influir en el desarrollo político” a través de “ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos”, aunque no se especifica quiénes serían esos actores internacionales.
No obstante, el contenido de la directiva no deja margen para interpretaciones inocentes: se trata de una avanzada destinada a vigilar y neutralizar las voces críticas frente al Gobierno de “La Libertad Avanza” y su programa económico.
Llama la atención la inclusión en el monitoreo de los denominados “actores sociales vulnerables”, una categoría que abarca desde movimientos sociales hasta periodistas y analistas que disienten del rumbo actual. El paralelismo con prácticas propias de regímenes autoritarios, particularmente con lo ocurrido durante la última dictadura, resulta tan preocupante como evidente.
Estas medidas forman parte de una estrategia de largo plazo delineada en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), publicado por la propia Secretaría. En dicho marco, el organismo plantea “recopilar información” sobre organizaciones sociales, piqueteros y otros actores de la sociedad civil.
La Nueva Comuna