El impacto social por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida en La Plata tras ser arrastrada más de diez cuadras por dos jóvenes delincuentes de 14 y 17 años que habían robado el vehículo de su madre, provocó una fuerte reacción ciudadana que sectores opositores buscan capitalizar políticamente.
El dolor y la indignación de los vecinos de la capital bonaerense se reflejaron en una multitudinaria manifestación frente al Palacio Municipal, con momentos de tensión. El reclamo por mayor seguridad en el Conurbano crece día a día, y la oposición al gobernador Axel Kicillof intenta instalar con fuerza una agenda de endurecimiento en la política criminal.
Mientras el mandatario provincial aún no realizó declaraciones públicas sobre el caso, desde la Gobernación insisten en señalar el recorte de fondos en seguridad aplicado por el gobierno nacional de Javier Milei y Patricia Bullrich, con una quita de aproximadamente 750 millones de pesos del Fondo de Seguridad.
En la provincia más grande del país, la seguidilla de homicidios ocurridos en contextos de robos y enfrentamientos armados entre delincuentes y fuerzas policiales ha incrementado la sensación de inseguridad. Si bien en términos estadísticos los robos denunciados en territorio bonaerense aumentaron en 2024, los índices aún se encuentran por debajo del promedio nacional.
De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad incluidos en un informe que será presentado ante la ONU, la Provincia de Buenos Aires concentró el mayor número de denuncias por robos: 128.477 hechos registrados, lo que representa un incremento del 18% en comparación con 2023, cuando hubo 107.769 casos.
Aun así, en términos relativos, la Provincia ocupa el decimocuarto lugar en el ranking nacional de robos, con una tasa inferior a la media del país, que ronda los 1000 delitos leves cada 100.000 habitantes. Cabe destacar que estos números excluyen casos de lesiones y homicidios, y que solo los delitos denunciados formalmente quedan reflejados en las estadísticas oficiales.
Los registros del Sistema Nacional de Información Criminal indican que, a nivel país, el total de robos denunciados pasó de 455.271 en 2023 (con una tasa de 1050 cada 100.000 habitantes) a 471.077 en 2024 (reduciendo la tasa a 1000 cada 100.000 habitantes).
LA OPOSICIÓN REORDENA SU ESTRATEGIA
El tema de la inseguridad se presenta como un punto de convergencia entre el PRO y La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, especialmente de cara a las negociaciones legislativas para las próximas elecciones de medio término. En este marco, ambos espacios impulsan con fuerza la reducción de la edad de imputabilidad y penas más severas para menores reincidentes.
“Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes”, enfatizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por su parte, el diputado nacional José Luis Espert, recientemente alineado con Milei y posible candidato en los próximos comicios, volvió a insistir con su polémica postura de aplicar «mano dura» contra los autores del crimen de Kim. Mientras tanto, el legislador de La Libertad Avanza, Agustín Romo, publicó en redes sociales la identidad de los acusados, pidiendo un castigo ejemplar.
Desde el PRO bonaerense, encabezado por Cristian Ritondo, emitieron un comunicado en el que apuntaron directamente contra Kicillof: «La Provincia está tomada por el delito». Además, señalaron que el crimen de Kim «no es un hecho aislado, sino el resultado de un Gobierno provincial que ignora la seguridad de su gente».
En la misma línea, el partido amarillo reiteró su pedido por la aprobación de la Ley de Reiteración, la reducción de la edad de imputabilidad y penas más duras en casos donde las víctimas sean menores de edad. También reclamaron la intervención de fuerzas federales en territorio bonaerense.
Además de los cuestionamientos al oficialismo provincial, los sectores más duros de la oposición tienen en la mira al senador de La Libertad Avanza, Joaquín de la Torre, quien preside la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense y sobre quien pesan críticas por su rol en la materia.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Bullrich, avanza con el denominado «operativo cerrojo», que incluye refuerzos policiales en zonas densamente pobladas, decomiso de armas y drogas, controles de acceso en barrios vulnerables, patrullajes para detectar prófugos y la implementación de pistolas Byrna y Taser en espacios de alta circulación.
La Nueva Comuna