El Gobierno enfrenta una situación crítica en el sector energético. La preocupación crece a medida que se acerca el verano, con un consumo que se incrementará significativamente debido a las altas temperaturas, lo que traerá consigo nuevos aumentos en las facturas de servicios.
Los incrementos del 4 por ciento en promedio, previstos para septiembre, se suman a los duros ajustes del primer semestre de este año, cuando se recortaron los subsidios y se redujeron los topes de consumo con asistencia. Sin embargo, este golpe al bolsillo no se traduce en una mejora en la producción capaz de satisfacer la demanda creciente.
PROBLEMA NUCLEAR
Milei intentó calmar las preocupaciones oficiales a través de un mensaje en su red social Twitter X, pero los datos no son alentadores.
El porcentaje de potencia instalada por fuente de energía en 2023 muestra que este suministro solo representaba el 4 por ciento del total. Dado que Argentina depende mayoritariamente (en un 58 por ciento) de las centrales termoeléctricas, que utilizan combustibles fósiles como fuente de energía, los festejos parecen prematuros.
Le siguen las represas hidroeléctricas, que aportan el 25 por ciento de la energía, y las fuentes renovables con un 13 por ciento. La energía nuclear ocupa el cuarto lugar con un 4 por ciento.
De este último porcentaje, Atucha I representa solo un punto. Y ese 1 por ciento es crucial para determinar si los hogares podrán protegerse del calor extremo del próximo verano y si la capacidad industrial instalada podrá operar con normalidad. La situación es así de desesperante.
Los números no mienten. Según un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), que gestiona el mercado eléctrico mayorista, el consumo de energía podría alcanzar los 30.700 MW, es decir, más de 1.000 MW por encima del récord histórico registrado en febrero de este año, como lo reportó el periodista Roberto Bellato. «Será necesario importar la máxima capacidad (2.500 MW) y reducir las reservas operativas», advierte este alarmante informe técnico.
Ante este panorama, el Gobierno busca reaccionar para fortalecer la capacidad de generación y el sistema de transmisión de energía. Saben que la paciencia de la población, afectada por la crisis económica, está al límite y que cualquier problema podría desencadenar un estallido social. El próximo verano podrían surgir problemas, no solo en la distribución de energía, sino también en la cadena de generación.
Por esta razón, a pesar de los rumores sobre una posible privatización de Atucha I, el Gobierno se ve obligado a intervenir en la central. A finales de septiembre, la planta debía dejar de operar para iniciar el proceso de extensión de su vida útil. Sin embargo, la administración «libertaria» busca aplazar ese proyecto hasta después del primer trimestre de 2025, para disponer de los 362 MW de esta central nuclear y reforzar el debilitado sistema.
PROBLEMA HIDROELÉCTRICO
Mientras se intentan medidas desesperadas en el área de generación de energía no fósil, el Gobierno de LLA enfrenta obstáculos autogenerados por su plan económico en otro sector.
Lejos de proponer la construcción de nuevas represas hidroeléctricas, intensificar las obras en curso o renegociar con Paraguay los porcentajes de utilización de la energía generada en la Central Hidroeléctrica Yacyretá, Milei y Chirillo planean vender las empresas nacionales.
El gobierno planea avanzar en los próximos seis meses con la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas. En este primer paquete de concesiones de Milei se incluyen las represas de Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Actualmente, estas represas están concesionadas y operan bajo prórrogas transitorias. Esta medida figura en el decreto 718/204, publicado en el Boletín Oficial, apenas una semana después de la reglamentación del capítulo de privatizaciones de la Ley Bases.
La norma también establece que «dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a un Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o de control» de las empresas indicadas.
Aunque se estipula un plazo máximo de «un año para completar todo el proceso: realizar el concurso (plazo de 180 días a partir de la puesta en vigencia del presente Decreto) y licitar las nuevas Concesiones por 30 años», Chirillo ahora dispondrá de la venta del paquete accionario de estas represas.
La normativa también informa que las empresas Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), incluidas en la Ley Bases para su privatización, deberán transferir a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar en los próximos seis meses para formalizar el proceso.
Con información de Diagonales
Publicado en lanuevacomuna.com