La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral sobre la situación de la libertad de prensa en el país, donde describe un contexto desafiante para el ejercicio del periodismo y señala que existen «indicadores preocupantes» en la actitud del gobierno de Javier Milei.
El documento, elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información bajo la presidencia de Daniel Dessein, menciona diversos intentos de restricción al trabajo periodístico. Entre ellos, destaca los cambios en la disposición de los periodistas en el Congreso durante el discurso presidencial en la Asamblea Legislativa, la implementación de un mecanismo para silenciar micrófonos en la Casa Rosada y las modificaciones por decreto a la Ley de Acceso a la Información Pública en septiembre pasado.
ADEPA también señala como una deficiencia «la ausencia de conferencias de prensa presidenciales, una práctica habitual en las democracias avanzadas». Aclara que las conferencias de ministros y voceros «no sustituyen esta necesidad».
Uno de los aspectos que más inquieta a la Comisión es lo que describe como «la tendencia del Presidente a descalificar a periodistas y voces críticas en general». Aunque reconoce que los funcionarios tienen derecho a expresar su opinión sobre la labor periodística, el informe subraya que esto no debería implicar «insultos ni acusaciones infundadas sobre presuntos delitos sin detallar hechos concretos». Asimismo, advierte que los ataques verbales desde la Presidencia pueden generar un clima hostil para la prensa, favoreciendo la autocensura y actuando como mecanismo de presión: «La libertad de expresión no ampara la descalificación», enfatiza.
La violencia verbal ejercida por seguidores del oficialismo en redes sociales contra periodistas es, según ADEPA, «una consecuencia lógica del discurso hostil de algunos funcionarios». Asegura que este tipo de hostigamiento puede desalentar la labor periodística e incluso propiciar agresiones físicas.
En su análisis, la entidad recuerda que «el período más adverso para la prensa tuvo lugar entre 2009 y 2015», durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En ese lapso, señala que «se combinaron proyectos legislativos dirigidos a debilitar empresas periodísticas, el uso de medios estatales para atacar a la prensa independiente y la creación de estructuras mediáticas alineadas con el gobierno». También menciona «presiones judiciales, bloqueos a la distribución de diarios, sanciones económicas por difundir datos diferentes a los oficiales, campañas de desprestigio contra periodistas y el uso de organismos de inteligencia y fiscalización para vigilar y amedrentar a voces disidentes».
Violencia en las calles
El informe también menciona el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido por un proyectil de la Gendarmería durante la protesta frente al Congreso la semana pasada. En este contexto, ADEPA condena la violencia en manifestaciones y subraya: «La democracia se construye y se fortalece con el respeto mutuo, el debate de ideas y el funcionamiento pleno de las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes, el Estado de derecho y las libertades fundamentales». Añade que es fundamental que tanto el oficialismo como la oposición, así como la ciudadanía en su conjunto, mantengan un «compromiso inquebrantable con las normas democráticas y el diálogo institucional».
En cuanto a la comunicación oficial, el informe señala que la publicidad estatal ha sido utilizada históricamente por distintas administraciones «como herramienta para premiar o castigar medios de comunicación». Aunque reconoce que se trata de un mecanismo legítimo para informar sobre asuntos de interés público, recalca que su distribución debe ser «transparente y basada en criterios objetivos», sin emplearse para influir en la línea editorial de los medios.
«No son tiempos sencillos para el periodismo», sostiene el documento. «Los medios y sus profesionales operan en sociedades marcadas por una creciente polarización, donde la desinformación y el desinterés por los asuntos públicos avanzan, en un entorno tecnológico que amplifica estos fenómenos y pone en jaque los modelos de financiamiento del sector».
El informe concluye con un llamado a la responsabilidad y el diálogo: «ADEPA ha sostenido siempre que la descalificación, la confrontación extrema y la violencia –en cualquiera de sus formas– deterioran la convivencia democrática y debilitan los principios que sostienen nuestro sistema republicano». Subraya que la prensa libre «es un pilar fundamental de la democracia y debe ser respetada en su misión de informar, investigar y fomentar el debate público con pluralismo y tolerancia». Finalmente, insta a «todos los sectores a reafirmar su compromiso con las instituciones y fortalecer el diálogo como vía esencial para resolver diferencias y construir consensos en beneficio de la sociedad».
Con información de La Nación
Publicado en lanuevacomuna.com