Se detectaron anomalías en las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos.
Cuando el presidente Javier Milei eligió a Patricia Bullrich para liderar la cartera de Seguridad, no solo vio en ella a la aliada que lo ayudó a imponerse en el balotaje de 2023, sino también a alguien capaz de garantizar el “orden a cualquier costo” y con un acceso directo a las cúpulas de las fuerzas federales y agencias internacionales, principalmente de Estados Unidos e Israel.
Para el discurso del líder libertario, Bullrich representaba una figura experimentada, que había llevado adelante una “guerra sin cuartel” —tal como tituló su libro— contra el crimen organizado y diversas amenazas externas durante su mandato entre 2016 y 2019. Quizás por eso, al asumir en la gestión de Milei, mantuvo prácticamente el mismo equipo que la acompañó en la administración de Mauricio Macri.
Lo que Milei no percibió, ignoró o le ocultaron es lo que acaba de revelar un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) al analizar las contrataciones directas realizadas bajo el marco de la Emergencia en Seguridad durante la gestión de Bullrich.
Sobreprecios que quintuplican los valores estimados, falta de documentación, adjudicaciones sin proceso competitivo e irregularidades de diversa índole en múltiples operaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad con empresas vinculadas al Estado de Israel. Ese es el patrón que emerge de la investigación de la AGN.
Un marco de excepción
Todo se inició el 21 de enero de 2016, cuando, mediante el DNU 228, se declaró la Emergencia en Seguridad Pública. Con esta medida, el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Bullrich, obtuvo la facultad de realizar contrataciones sin necesidad de licitaciones públicas durante cuatro años. La mayoría de estas adquisiciones se centraron en equipamiento y tecnología de seguridad por montos millonarios.
Según la AGN, estos procedimientos carecieron de una planificación clara. La situación se agrava al constatar que en casi la mitad de las operaciones analizadas (29 en total) no hubo competencia de precios, sino que las compras fueron decididas de manera discrecional por el Ministerio. Como respuesta, la cartera de Seguridad argumentó que la urgencia y la falta de planificación obedecían a “situaciones que demandan respuestas inmediatas e imprevistas (…). Este enfoque urgente llevó a la administración a reorientar recursos y esfuerzos hacia medidas directas y rápidas, postergando temporalmente la planificación estratégica”.
Los registros de Audiencias Públicas dan cuenta de quiénes participaron en estas negociaciones, ya sea como parte del equipo de Bullrich o en representación de Israel y sus empresas. En las reuniones aparecen figuras clave como Gerardo Milman, quien en ese momento ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Interior (y actualmente es diputado nacional), y Alberto Fernando Föhrig, exsecretario de Coordinación, Planeamiento y Formación (hoy director de Cooperación Internacional). Föhrig es considerado el principal asesor de Bullrich en estos temas.
Milman, por su parte, parece haber retomado contacto con la Ministra, como lo sugiere el hecho de que hayan registrado un encuentro el 14 de febrero de este año por “asuntos legislativos”, según consta en los registros oficiales. Ambos dirigentes compartieron militancia en el GEN de Margarita Stolbizer antes de alinearse con el ala más dura del PRO.
Compras millonarias en fechas estratégicas
Las primeras adquisiciones por un total de u$s84 millones fueron anunciadas en momentos llamativos.
El 30 de diciembre de 2016, cuando el país se preparaba para las celebraciones de Fin de Año, se oficializó la compra de un sistema de seguridad fronteriza a la empresa israelí IAI ELTA por u$s35 millones. Pocos días después, el 2 de enero de 2017, el Boletín Oficial publicó la Decisión Administrativa 1589/2016, mediante la cual se informó la adquisición de cuatro lanchas patrulleras al astillero Israel SHIPYARDS por un total de u$s49 millones. La justificación oficial fue que estos equipos serían utilizados en la Hidrovía para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, estas operaciones fueron objetadas debido a múltiples irregularidades, incluyendo sobreprecios, pagos sin respaldo y contrataciones cuestionadas. Entre ellas, el desembolso de $41 millones a la empresa del empresario israelí Eitamar Barr.
El informe de la AGN resalta que algunas de las tareas facturadas por la firma de Barr ya estaban incluidas en los u$s35 millones pagados inicialmente.
La situación se torna aún más irregular cuando la empresa de Barr fue contratada “sin mediar trámites administrativos” junto a la firma ELTA System Ltd., subsidiaria del Grupo IAI, para brindar capacitación en el manejo del sistema VANT27 BE 650D, a pesar de que esta capacitación ya estaba contemplada en el contrato original. Por este servicio, se pagó un millón de dólares, aunque más tarde se comprobó que los equipos “se encuentran fuera de servicio en la Unidad de Aviación Orán”.
El nombre de Eitamar Barr aparece recurrentemente en las negociaciones. En los registros oficiales figura con distintos roles: asesor de ventas, particular interesado y representante de Israel Aerospace Industries Ltd. y Automation System S.A. Actualmente, esta última es la empresa encargada del mantenimiento del sistema de vigilancia de la Casa Rosada.
Esta multiplicidad de roles llevó a algunos a considerar que Barr es, en realidad, uno de los tantos lobistas israelíes con presencia en la región.
Conexiones offshore
De manera oficial, Barr es director de Issatec Technologies SA, junto con su socia argentina Irene Fuentes. La empresa se promociona como un proveedor de “soluciones tecnológicas y consultoría innovadora desde Israel al mercado latinoamericano”.
No obstante, el nombre de Eitamar Barr también figura en los archivos del estudio panameño Mossack Fonseca, expuestos en los Panamá Papers. Allí aparece como accionista de la offshore OR IDO Holdings LTD, junto a otros empresarios israelíes.
Un informe revelador
El 20 de septiembre de 2024, la AGN presentó su informe sobre la gestión de Bullrich en Seguridad entre 2016 y 2019. Elaborado por la auditora general María Graciela De la Rosa, el documento fue aprobado el 20 de noviembre, con disidencia parcial del auditor Alejandro Nieva.
Según el equipo de De la Rosa, es la primera vez que la AGN realiza un análisis de este tipo, lo que explicaría el impacto de sus hallazgos.
El informe destaca que las adquisiciones internacionales se llevaron a cabo a través de “convenios de implementación”, sin detallar los motivos por los cuales se apartaron de los decretos que regulan las compras del Estado.
Uno de los puntos más críticos es la adquisición de los sistemas de vigilancia fronteriza, cuyo costo final quintuplicó el presupuesto estimado por la Gendarmería Nacional, sin que existan documentos que expliquen el aumento del valor.
Asimismo, la AGN detectó pagos adicionales por u$s325.000 fuera del convenio con Israel para modificar las torres de vigilancia en el Paso Fronterizo de Puerto Iguazú.
Otra observación clave del informe es el notable incremento en el uso de fondos del Ente Cooperador ACARA. Entre 2016 y 2019, la AGN registró un aumento del 1378% en estos gastos, utilizados para pagar a Issatec y contratar consultorías sin justificación aparente.
El informe deja en evidencia un esquema de contrataciones irregulares que, hasta ahora, había permanecido en las sombras.
La Nueva Comuna