Un nuevo pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei fue presentado esta semana, luego de su controvertida intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. La solicitud lo acusa de poner en riesgo derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida y la libertad, de abandonar la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y de lanzar ataques discriminatorios contra los movimientos de diversidad sexual, entre otras razones.
El pedido fue impulsado por un grupo de juristas, muchos de ellos especialistas en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Entre los firmantes figuran Adolfo Pérez Esquivel, Raúl E. Zaffaroni, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, Jorge Elbaum, Jorge Cholvis, Claudia V. Rocca, Cynthia García, además de diversas personalidades del ámbito académico, cultural, sindical y de los derechos humanos.
En diálogo con PERFIL, uno de los abogados patrocinantes, Eduardo Barcesat, enfatizó que es «inadmisible» la amenaza al orden constitucional cuando Milei se refirió de manera agresiva a sus opositores como «zurdos de mierda, hijos de puta», agregando que «los vamos a ir a buscar».
«Es incompatible con nuestro sistema, con el NUNCA MÁS, y con el espíritu de la Constitución de 1853, que promueve la convivencia y la tolerancia», explicó Barcesat. «No es coherente con alguien que se autoproclama alberdiano», añadió, en referencia a la constante cita de Milei a Juan Bautista Alberdi.
En la presentación formal se sostiene que, más allá de la falta de mesura en sus declaraciones, el presidente ha puesto en peligro los derechos a la vida, la libertad y la integridad física y psicológica de diversos sectores de la sociedad. Además, se alerta sobre posibles atentados contra el orden constitucional y la democracia, principios esenciales resguardados por la legislación nacional.
Alineamiento con Trump, Malvinas y recursos naturales
Uno de los puntos más cuestionados en la denuncia es el alineamiento de Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con la OTAN, lo que, según los denunciantes, podría representar un peligro para la soberanía nacional. En este sentido, consideran que su postura implica el abandono del histórico reclamo sobre las Islas Malvinas y la ruptura de la tradicional neutralidad argentina en conflictos internacionales.
«La solicitud de juicio político denuncia la postura del gobierno de exaltar este tipo de amenazas y de intentar trasladarlas al ámbito nacional, mostrando un claro alineamiento con Estados Unidos y la OTAN, al tiempo que se renuncia a la defensa de nuestra soberanía en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida», señalaron los firmantes.
El constitucionalista Barcesat advirtió que «lo que está en riesgo es una adhesión al expansionismo territorial promovido por Trump, quien habla de recuperar el Canal de Panamá, apropiarse de Groenlandia y controlar los recursos naturales de Sudamérica bajo la consigna ‘hacer grande a América nuevamente’. Con esta postura, se desestima el reclamo histórico por la soberanía de Malvinas».
Asimismo, criticó el alineamiento con potencias extranjeras y recordó que «en 1990, cuando Menem involucró a Argentina en el conflicto del Golfo Pérsico, presenté un amparo alertando sobre los riesgos. El juez lo desestimó alegando ‘intereses simples’. Poco después ocurrió la voladura de la Embajada de Israel. Eso eran sus ‘intereses simples'».
«Sumarse a la OTAN no es gratuito. Nos ubica en una posición de riesgo tanto para la seguridad de la población como para la protección de nuestros recursos naturales. Atenta contra el derecho a la independencia económica y la autodeterminación de los pueblos», sentenció.
Discriminación a la diversidad sexual
El documento también denuncia que las expresiones del presidente incluyeron ataques hacia los movimientos de diversidad sexual, a quienes calificó de «pedófilos», y deslegitimó los marcos legales que protegen a mujeres, niñas y niños. Según los denunciantes, esto coincide con la intención del Ejecutivo de derogar normativas que amparan a minorías discriminadas.
Sobre este punto, Barcesat destacó que «la reacción contra esta postura ha sido contundente: tanto las dos CTA como la CGT han adherido a la movilización del sábado».
Críticas a la inacción del Congreso
En este contexto, también se cuestionó la falta de acción del Congreso y, en particular, de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, que aún no ha tratado ninguno de los tres pedidos de juicio político contra Milei presentados hasta el momento.
«Esto debería impulsar a la Cámara de Diputados a salir de su parálisis. Tienen tres pedidos de juicio político sin tratar y, mientras tanto, se profundiza un avasallamiento institucional que también tiene consecuencias económicas directas para el país», afirmó Barcesat.
El abogado también advirtió sobre la crisis social y económica que atraviesa el país: «Hay un genocidio silencioso provocado por el hambre. Jubilados y sectores marginados lo están sufriendo. Esperemos que esta vez los pedidos sean debatidos y no archivados. La Comisión de Juicio Político no ha tenido una sola sesión desde su constitución en diciembre de 2023», concluyó.
Con información de Perfil
Publicado en lanuevacomuna.com