El Gobierno Nacional formalizó la clausura de 155 registros de la propiedad del automotor en todo el país, como parte de una estrategia de reducción del gasto público y reestructuración administrativa. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Justicia, se enmarca dentro de un plan más amplio que contempla la eliminación de hasta el 40% de estas dependencias.
Una decisión con alcance nacional
La medida quedó establecida a través de la Resolución 19/25, firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial. Con esta nueva tanda de cierres, el número total de registros desactivados desde el inicio de la actual administración asciende a 320, marcando un cambio considerable en la gestión estatal.
Las oficinas afectadas están distribuidas en varias provincias, aunque la mayoría se encuentran en Buenos Aires, donde más de 70 registros dejarán de operar. Entre ellos, dos funcionaban en Necochea: el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Necochea N° 2 (01170) y el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Necochea Letra “B” (25115).
Motivos del cierre
Según el texto oficial, la medida impacta principalmente en registros que no cuentan con un encargado titular, sino que están a cargo de interventores designados por la autoridad competente. El objetivo del gobierno es reducir el gasto estatal, eliminar estructuras consideradas innecesarias y optimizar la administración pública.
El Ministerio de Justicia instruyó a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios para llevar adelante los cierres “una vez que se encuentren dadas las condiciones técnicas”. Esto significa que no hay una fecha específica para la clausura de cada dependencia, sino que se avanzará de manera gradual conforme se cumplan los requisitos administrativos y tecnológicos.
Oposición judicial y sindical
Como era previsible, la decisión generó resistencia. Diversas organizaciones sindicales y sectores vinculados a los registros automotores han iniciado acciones legales para frenar los cierres. No obstante, hasta el momento, estos intentos no han prosperado y la política de ajuste sigue su curso.
Uno de los principales cuestionamientos de los opositores a la medida es el impacto en el empleo. De acuerdo con estimaciones gremiales, más de 2400 trabajadores podrían perder sus puestos debido al cierre de estas oficinas, lo que podría repercutir negativamente en numerosas comunidades.
Consecuencias para los usuarios
El cierre de estos registros también afecta directamente a los ciudadanos que deben realizar trámites relacionados con la propiedad automotor. En muchos casos, las oficinas clausuradas atendían a una cantidad significativa de personas, quienes ahora deberán trasladarse a otras localidades o realizar sus gestiones de manera digital, siempre que las plataformas gubernamentales lo permitan.
Si bien el gobierno ha defendido la digitalización de los trámites como una pieza clave de su plan de modernización, expertos y usuarios advierten que la infraestructura tecnológica aún no está completamente preparada para absorber toda la demanda. Esto podría derivar en demoras, dificultades y una burocracia aún mayor para quienes necesiten cumplir con sus obligaciones en materia de propiedad automotor.
Con información de Diario 4V
Publicado en lanuevacomuna.com
