El juez Sebastián Casanello ha dictado el procesamiento de 12 miembros del Polo Obrero, junto con el socio de Editorial e Impresiones Rumbos y dos integrantes de Barrios de Pie. La medida ha generado críticas por parte de las organizaciones implicadas, quienes sostienen que el proceso judicial atropella el derecho a la defensa y desconoce pruebas presentadas, argumentando que se trata de una persecución política.
Desde el Polo Obrero se denuncia que el juez Casanello negó la ampliación de indagatoria solicitada por Eduardo Belliboni y María «Tango» Dotti, quienes buscaban presentar nuevas pruebas antes de la feria judicial. Según las organizaciones, esta negativa es parte de una estrategia para avanzar en la criminalización del Polo Obrero, que ha jugado un papel clave en la organización y movilización de los barrios más vulnerables del país.
El procesamiento se dictó antes de realizarse la pericia sobre las cámaras de la sede de la asociación civil, lo cual, según el Polo Obrero, demuestra irregularidades en el procedimiento judicial. Alegan que las pruebas fueron ignoradas y se realizaron falsificaciones para sustentar las acusaciones.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la compra de materiales por parte del Polo Obrero a Editorial Rumbos, la cual es calificada por el juez como una «empresa fantasma» utilizada como caja política del Partido Obrero. Sin embargo, desde la editorial se ha presentado un descargo detallado mostrando su actividad, que incluye la publicación de numerosos libros, ediciones de revistas y participación en ferias del libro.
El Polo Obrero también reclamó ampliar la declaración indagatoria para demostrar las compras realizadas, presentando certificaciones de escribano. Argumentan que las adquisiciones de folletos, papel, ropa de trabajo y maquinaria fueron usadas en todo el país, y que solo ignorando estos hechos se puede sostener lo contrario.
La organización rechaza las dudas del juez sobre la existencia de una impresora Heidelberg en su sede central, la cual está registrada en los allanamientos. Para contrarrestar las acusaciones de malversación de fondos, el Polo Obrero está certificando públicamente toda su maquinaria y equipos.
Asimismo, el Polo Obrero destaca la producción de más de 50 números de su suplemento y numerosos folletos para cursos y capacitaciones, realizados a través de Editorial Rumbos. Critican que se califique a la editorial de «fantasma» y su relación con el Partido Obrero como una «caja de recaudación política», argumentando que las posiciones políticas de una editorial son habituales y que las acusaciones del juez atentan contra la libertad de prensa y el régimen de partidos.
Finalmente, el Polo Obrero señala que el juez ha ignorado la rendición de cuentas de los convenios del programa Potenciar Trabajo, de los cuales el 97,3% fueron rendidos, mientras que el resto fue obstaculizado por la inhibición de cuentas dictada por el juzgado. Además, defienden la actividad de sus beneficiarios, quienes realizan tareas como la preparación de comidas para 600 familias en el comedor Mariano Ferreyra y la construcción de casi 50 sedes en todo el país.
El comunicado concluye afirmando que la necesidad de movilizarse no surge de ninguna coacción, sino de la necesidad de presionar al Estado para satisfacer sus reclamos. También critica la exculpación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y anuncia la presentación de una apelación para pedir la nulidad de los procesamientos.
Polo Obrero – Partido Obrero
Publicado en lanuevacomuna.com