USUARIOS VIALES RECHAZAN LA CREACION DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES (AUBASA) POR PARTE DEL GOBIERNO DE DANIEL SCIOLI
Así como en su momento y con claros fundamentos, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su más enérgico rechazo al convenio de traspaso de la Autopista La Plata – Buenos Aires a la órbita provincial, firmado entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, ahora también este agrupamiento de usuarios viales no avala de ninguna manera la creación de la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA)
Dicha iniciativa provincial, llevada a cabo sin la participación activa de los usuarios viales, demuestra una enorme irresponsabilidad y desconocimiento en materia de infraestructura vial por parte de las autoridades correspondientes.
Es importante destacar que esta nueva iniciativa por parte del Gobierno provincial, implicará inminentes aumentos de las tarifas de peaje, de manera tal que los usuarios viales sean quienes deban hacerse cargo y financiar todos los incumplimientos del concesionario saliente y de las supuestas futuras obras.
Dicha iniciativa provincial, llevada a cabo sin la participación activa de los usuarios viales, demuestra una enorme irresponsabilidad y desconocimiento en materia de infraestructura vial por parte de las autoridades correspondientes.
Es importante destacar que esta nueva iniciativa por parte del Gobierno provincial, implicará inminentes aumentos de las tarifas de peaje, de manera tal que los usuarios viales sean quienes deban hacerse cargo y financiar todos los incumplimientos del concesionario saliente y de las supuestas futuras obras.
Cabe señalar que los cuatro Accesos a la Capital Federal, entre ellos la Autopista La Plata – Buenos Aires, son de jurisdicción nacional y la responsabilidad es del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Es por ello que la Provincia de Buenos Aires de ninguna manera debe hacerse cargo del corredor en discusión, y el Gobernador Daniel Scioli deberia tener coraje, decisión y voluntad política para exigir al Gobierno Nacional que se haga cargo como corresponde de mantener en perfecto estado de transitabilidad la Autopista La Plata – Buenos Aires. En lugar de ocuparse del traspaso de dicha Autopista para solo hacer propaganda política partidaria, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y su Ministro de Obras y Servicios Públicos, deberían prestar gran atención al estado lamentable de la red vial provincial y la escandalosa concesión por peaje directo con cabinas de cobro en ruta y por 30 años del Corredor Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Interbalnearia 11) con la cual se favoreció con un brillante negocio a empresarios amigos del poder como Eurnekian, Roggio, Esuco y Cristobal López.
SEÑOR GOBERNADOR: «USTED NO ES EL QUE GARANTIZA LA FUENTE DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL PEAJE, SON LOS USUARIOS VIALES QUE LO HACEN POSIBLE, SUFRIENDO ESTA ESTAFA DE UN FALSO PEAJE O IMPUESTO AL TRÁNSITO QUE SE VIENE SOPORTANDO DESDE HACE MUCHOS AÑOS Y TENIENDO QUE ABONAR TARIFAS ABUSIVAS, INAPROPIADAS E ILEGALES.»
El CONADUV ha propuesto y no ha sido escuchado, lo siguiente:
1) Urgente rescisión del actual contrato de concesión con la Firma COVIARES, sin indemnización alguna, por ser leonino, ilegal, y contrario al interés general
2) Que la AU. La Plata – Buneos Aires quede en manos del Estado Nacional, que es el responsable del corredor vial ya que es de jurisdicción de la Nación, eliminando las estaciones de peaje existentes para evitar su elevado costo, implementando un sistema de financiamiento a través de un peaje indirecto o en la sombra, mediante la reasignación de parte de los $ 25.000.- millones anuales que el Estado Nacional recauda en concepto de Impuesto a los Combustibles y que con tanto esfuerzo aportamos los usuarios viales, y para llevar a cabo los trabajos de conservación, mantenimiento y mejoras como nuevos carriles, entre otras. Como simple dato ilustrativo, cabe señalar que con dichos fondos, que fueron creados para obras de infraestructura y que son desviados a otros fines sin ningún tipo de control, se puede contar con una red vial en todo el país en perfecto estado de transitabilidad, sin aumentos de tarifas y libre de peajes y aduanas interiores.
3) Que de alguna manera se reintegre a los usuarios viales el dinero cobrado en forma indebida e ilegal durante los primeros años de la concesión, ya que se abonaba la tarifa total o plena de u$s 3,80 ( u$s 1,90 en dos estaciones de peaje) por una obra que no estaba terminada en su totalidad. El peaje NO es un pago a cuenta, ni un crédito al concesionario. Es el pago de una contraprestación real ofrecida.
4) Que los usuarios viales no tengamos que seguir padeciendo la concesión actual o una nueva, con el sistema de peaje directo con cabinas de cobro y haciéndonos cargo, vía aumento de tarifas y antes de finalizar supuestas obras nuevas, de los incumplimientos de la Firma COVIARES. Esto implicaría que el peaje siga siendo un claro impuesto al tránsito, logrando el incremento del costo de transporte y beneficiando sólo a la empresa concesionaria. Desde el inicio de la concesión, siempre se ha privilegiado la ecuación económica-financiera del concesionario, sin tener en cuenta en forma cierta la relación beneficio/costo del usuario.