Frenar el negacionismo climático
Con los incendios en El Hoyo y Epuyén como telón de fondo, la oposición apunta contra los recortes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. La propuesta alcanza a Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
El avance del fuego en Chubut continúa sin dar tregua y desde Vialidad Nacional solicitan “extrema precaución” al circular por la Ruta 40, luego de que varios tramos permanecieran cerrados durante horas por el avance de las llamas. Si bien el tránsito fue habilitado nuevamente para todo tipo de vehículos, persiste una visibilidad reducida a raíz del intenso humo provocado por los incendios.
En un contexto de crisis climática global y mientras los incendios de gran magnitud arrasan con las localidades de El Hoyo y Epuyén, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la región patagónica. La iniciativa, que incluye a Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, es planteada como una respuesta urgente aunque insuficiente frente a una combinación que se repite: negación del cambio climático por parte del Gobierno, subejecución presupuestaria persistente y avance de intereses inmobiliarios sobre territorios devastados por el fuego. En paralelo, el senador Martín Soria impulsa en la Cámara alta la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional en las mismas provincias.
Desde la oposición denunciaron que durante los dos años de gestión de Javier Milei se produjo un desfinanciamiento sistemático del Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 la ejecución real fue un 81% menor que en 2023; en 2025, un 70,8% inferior; y el Presupuesto 2026 consolidaría —de ejecutarse en su totalidad— un ajuste real del 70,7% respecto de 2023. A este escenario se suma la intención oficial de derogar la Ley de Manejo del Fuego, modificada en 2020, que impide el cambio de uso del suelo en áreas incendiadas con el objetivo de desalentar incendios intencionales y resguardar los ecosistemas, evitando que el fuego funcione como herramienta de especulación inmobiliaria y productiva.
“Necesitamos que el Gobierno nacional disponga recursos de asistencia, alivio fiscal y apoyo a la producción y el turismo para las zonas afectadas”, señaló la diputada de Fuerza Patria por Río Negro, Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El proyecto establece en su primer artículo la declaración del Estado de Emergencia Ígnea y Ambiental por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos en todo el territorio de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, provincias impactadas por incendios forestales de carácter extraordinario. Asimismo, exige al Poder Ejecutivo la asignación de partidas específicas para financiar medidas de asistencia sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a la población damnificada. “Estos incendios se desarrollan en pleno pico de la temporada de verano y afectan gravemente el sustento de cientos de familias”, sostienen desde el bloque.
En esa línea, la iniciativa no se limita a atender la emergencia ambiental, sino que busca garantizar la subsistencia económica mediante la duplicación de asignaciones sociales de ANSES, alivios fiscales ante la ARCA y líneas de crédito blando para los sectores productivos y turísticos. El texto también prevé la recomposición de los salarios del cuerpo de brigadistas y solicita disponer de fondos del Fondo Nacional de Manejo del Fuego para el pago de un adicional extraordinario por emergencia, en reconocimiento a la mayor carga horaria y al estado de disponibilidad permanente que impone la actual situación de catástrofe. En noviembre, el salario inicial de un brigadista ascendía a 860 mil pesos, un dato que refleja el deterioro de las condiciones laborales en un área clave para la prevención y el combate de incendios.
Según pudo reconstruir este medio, el Frente de Izquierda (FIT) también trabaja en un proyecto propio. Al cierre de esta edición, el diálogo entre los distintos bloques ya estaba en marcha para definir posibles acompañamientos a la iniciativa del peronismo en la Cámara de Diputados. El principal obstáculo es el calendario parlamentario: el Congreso retomará su actividad el 2 de febrero y, al tratarse de una extensión del período de sesiones extraordinarias, el temario quedará restringido a los proyectos impulsados por el Ejecutivo. En ese marco, el tratamiento de la emergencia quedaría postergado hasta marzo.
El proyecto de Fuerza Patria reclama además la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias afectadas. Los ATN son transferencias discrecionales que el Estado nacional gira a las provincias para afrontar situaciones excepcionales, como emergencias climáticas o catástrofes naturales. Durante 2025, el Gobierno nacional distribuyó $199.500 millones en ATN, de los cuales el 33% se asignó en las últimas dos semanas de diciembre, en pleno debate del Presupuesto 2026. Los fondos se destinaron a Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). Desde la oposición remarcan que ninguna de esas provincias atravesaba emergencias comparables a las que hoy afectan a la Patagonia.
Prevención nula
En el marco de la crisis climática global, Javier Milei adopta una postura de negación del cambio climático y avanza en el desmantelamiento de políticas públicas mientras el fuego se propaga. En dos años de gestión, el gobierno libertario subejecutó de manera sistemática el presupuesto destinado a la prevención de incendios: en 2024 se devengó apenas el 60,6% del crédito inicial y en 2025 la ejecución cayó al 48,2%. De acuerdo con un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), el Servicio Nacional de Manejo del Fuego fue fuertemente desfinanciado, con caídas reales del 81% en 2024 y del 70,8% en 2025 respecto de 2023. Incluso si se ejecutara en su totalidad, el Presupuesto 2026 consolidaría un ajuste real del 70,7%.
A estos datos se suma el pronunciamiento de 18 organizaciones ambientales que alertaron sobre la inacción estatal frente a la crisis. El abogado ambientalista Enrique Viale fue contundente: “El desfinanciamiento en materia de fuego es brutal”. Según explicó, la magnitud de los incendios responde a una combinación de factores. “Primero, estamos frente a una crisis climática global. Segundo, el avance de una especie invasora como el pino, que necesita del fuego para reproducirse”, enumeró, y concluyó: “La tercera causa es la falta de recursos. Un Gobierno que vino a destruir al Estado”.
Sin límites a la especulación
Lejos de modificar el rumbo, el gobierno de Javier Milei planea profundizarlo. En diciembre, el jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó la agenda del Consejo de Mayo, que contempla el vaciamiento de normas socioambientales clave como la Ley de Bosques, la ley que restringe la extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego. Esta última, reformada en 2020, impide el cambio de uso del suelo en zonas incendiadas para desalentar los incendios intencionales y proteger los ecosistemas, evitando que el fuego habilite negocios inmobiliarios o productivos.
Adorni explicitó la postura oficial al justificar la iniciativa: “Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción”, afirmó.
La respuesta fue inmediata. En un mensaje difundido en redes sociales, Máximo Kirchner, autor de la reforma de 2020, cuestionó duramente los planes del Ejecutivo. “Ya lo dijimos: la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy”, escribió. Y concluyó: “Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos”.
No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar en esta dirección. Estas reformas ya habían sido incluidas en el primer borrador de la Ley Ómnibus, pero fueron retiradas tras la resistencia parlamentaria. Mientras tanto, en la práctica, tanto la Ley de Bosques como la Ley de Manejo del Fuego padecen un desfinanciamiento sostenido. Para la oposición y las organizaciones ambientales, se trata de una estrategia deliberada: quitar recursos, permitir que el fuego avance, destruir bosques nativos y allanar el camino a los negocios.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com