Un conflicto de alto voltaje se abrió en Bahía Blanca entre el municipio, gobernado por Federico Susbielles, y las empresas del Polo Petroquímico, luego de que el intendente anunciara una nueva carga impositiva para financiar un plan de obras hidráulicas por 27 mil millones de pesos. La iniciativa, presentada como una “tasa solidaria”, encendió las alarmas en el complejo industrial más importante de la ciudad, donde denuncian un aumento desproporcionado de la presión fiscal y analizan recurrir a la Justicia.
El planteo de Susbielles surge en un contexto de recorte de recursos nacionales. Pese a la reducción del financiamiento para reconstruir la ciudad, el cobro del alquiler por dos puentes de emergencia y la eliminación del tren que conecta Bahía Blanca con la Capital, el intendente evitó confrontar con el gobierno de Javier Milei y decidió buscar fondos en el sector privado. Desde el oficialismo local admiten que la nueva tasa apunta a cubrir aportes que no llegaron desde Nación.
La propuesta fiscal eleva la alícuota de la tasa de seguridad e higiene para las empresas del Polo del 8,1% al 20%, aumenta la alícuota sobre facturación del 0,8% al 2% y aplica un incremento del 75% al resto de las tasas municipales, además de incorporar una nueva tasa específica para financiar obras hidráulicas. Las compañías señalan que ya abonan una tasa, una sobretasa y una tasa ambiental, y advierten que la presión tributaria superaría el 3% sobre el total facturado.
El malestar creció después de que varias firmas se enteraran del plan apenas pasados unos días del anuncio oficial. “Estamos pensando en judicializar estas medidas que van en contra del desarrollo de nuestra ciudad y facturar en oficinas de otras localidades”, señalaron fuentes empresariales, que recordaron que en diciembre de 2023 realizaron aportes importantes tras el primer temporal fuerte que golpeó a Bahía Blanca. Un empresario sintetizó la molestia: “El intendente nos compró anticipadamente seis meses de sueldo, y ahora nos desayunamos esta tasa solidaria”.
Desde el municipio, el jefe del bloque peronista Álvaro Díaz justificó la decisión asegurando que el Polo forma parte de “un complejo industrial, portuario y logístico con uno de los puertos más importantes de Sudamérica” y que la ciudad necesita obras que Nación decidió no financiar.
La oposición local denunció que el proyecto actúa como una suerte de “anti RIGI” al modificar las condiciones impositivas después de realizadas inversiones millonarias. El concejal del PRO Adrián Jouglard sostuvo que el esquema “encubre un fuerte incremento para todos los bahienses”, y afirmó que resulta “inconstitucional aumentar una tasa destinada a seguridad e higiene para aplicarla a obras públicas”.
Con posiciones cada vez más enfrentadas, el conflicto abre un nuevo frente político y económico en una ciudad donde el vínculo entre el sector petroquímico y el municipio es clave tanto para la producción como para el financiamiento de obras estructurales. El debate, que ya se trasladó al Concejo Deliberante y podría derivar en presentaciones judiciales, promete escalar en las próximas semanas.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com