La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas ya no es un síntoma: es un diagnóstico terminal. A dos años del experimento económico de La Libertad Avanza, el tejido productivo argentino muestra un deterioro que no se explica por falta de esfuerzo empresario —ese mantra que el oficialismo repite para culpabilizar a quienes producen— sino por un programa económico que deliberadamente asfixia al mercado interno y subsidia la bicicleta financiera y la importación indiscriminada.
Los números lo dicen sin anestesia: más del 10% de las pymes podría cerrar antes de fin de año, mientras el 60% ya trabaja sin rentabilidad y un cuarto directamente pierde dinero aun funcionando. El país está encabezando su propio vaciamiento productivo, sin un horizonte de recuperación mientras la inflación de costos sigue superando a la de precios y la demanda interna cae en picada.
Margen negativo, endeudamiento y cadena de pagos rota
El relevamiento de ENAC expone lo que el Gobierno intenta negar: el 88% de las empresas padeció aumentos de costos, pero solo el 74% pudo subir precios y por debajo de esa suba. Resultado: rentabilidad comprimida y un funcionamiento por debajo del punto de flotación.
El endeudamiento ya no financia innovación ni expansión: se pide crédito para pagar salarios, impuestos y reponer capital de trabajo, es decir, para sobrevivir un mes más.
A esto se suma una cadena de pagos estirada al límite: casi el 60% de las pymes ve cómo sus clientes extienden plazos unilateralmente, mientras deben pagar a proveedores en tiempos más cortos. Es el terreno perfecto para que florezca la morosidad y caiga la actividad.
Un país que pierde empresas y empleo
La Argentina ya perdió más de 300.000 empleos formales en 20 meses y más de 19.000 empresas registradas. La cifra de unidades productivas volvió a caer por debajo del umbral simbólico de las 500.000. No es una grieta: son 6.842 pymes menos en un año.
La caída de ventas es generalizada: cuatro de cada diez compañías venden más de un 10% menos que el año pasado. En la industria, el golpe es mayor. La utilización de la capacidad instalada ronda el 54%, un nivel que expresa la magnitud de la recesión.
Mientras tanto, avanza la liberalización importadora que aparece como un tiro de gracia: competir con productos importados baratos —baratos porque vienen de países con salarios y regulaciones destruidas— implica condenar a muerte al aparato productivo local.
Pesimismo y parálisis
La mirada hacia adelante es descarnada: 8 de cada 10 pymes creen que la economía va a empeorar, y el 65% no planea invertir en 2025. No porque no quieran crecer, sino porque el modelo económico no les deja ningún punto de apoyo.
La agenda oficial, lejos de atender la emergencia, insiste con una reforma laboral pedida por grandes grupos económicos, completamente ajena al universo pyme. Como explicó el presidente de ENAC, el problema no es la legislación laboral, sino la falta de ventas, la apertura indiscriminada y la pérdida del poder adquisitivo.
Un rumbo que profundiza el daño
Mientras el Gobierno repite que “no hay plata”, la crisis pyme exhibe que sí hay recursos: simplemente están siendo direccionados hacia sectores financieros, importadores y exportadores, en detrimento de quienes sostienen el 20% del empleo nacional.
Sin un giro de timón, sin una política industrial mínima, sin protección frente a la competencia desleal externa y sin recomposición del poder de compra, el país seguirá caminando hacia una desertificación productiva que no se revierte con slogans ni culpas desplazadas al “costo laboral”.
La advertencia está hecha: si no cambia el rumbo, lo que está en riesgo no son solo las pymes, sino la estructura económica que da trabajo y arraigo en cada ciudad del país.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com