El ajuste en el área de Servicios Sociales concentra casi la mitad del total de las reducciones presupuestarias de los últimos dos años. Vivienda, agua y cloacas, educación y asistencia social se encuentran entre los sectores más golpeados por la gestión libertaria.
Más del 40% de los recortes acumulados en el bienio se explican por la poda en Servicios Sociales. Aunque el proyecto de Presupuesto 2026 contempla incrementos interanuales en algunas partidas, lo cierto es que no alcanzan para recomponer lo perdido: los fondos destinados a esta función quedarían un 16% por debajo de 2023 (previo al inicio del actual gobierno), de aprobarse la propuesta tal como fue enviada al Congreso. Dentro de los rubros más afectados sobresalen Vivienda y Urbanismo, con un desplome del 74% en términos reales, y Agua y alcantarillado, con un ajuste del 78%. También Educación y Cultura acumula una merma del 45%, agravada por la eliminación del artículo que garantizaba un piso mínimo de gasto en el sector.
En la misma línea, Trabajo, Promoción y Asistencia Social sufriría un retroceso del 67% respecto de 2023, en gran parte por la desaparición del programa Potenciar Trabajo, reemplazado por iniciativas con menores recursos. El impacto se compensa parcialmente con la AUH, aunque el gobierno pretende eliminar el mecanismo de actualización automática de esta y otras asignaciones. En tanto, si bien se proyecta un incremento del 35% en inversión pública, el nivel sigue en mínimos históricos: 76% menos que en 2023.
Recortes en áreas claves
El proyecto se apoya en supuestos macroeconómicos optimistas: una inflación de 24,5% en 2025 y de 10,1% en 2026. Según esas estimaciones, el gasto global crecería un 7% en términos reales, pero al compararlo con 2023 la caída es del 24,6%. Además, los números difieren de los cálculos de consultoras y del REM del Banco Central, que proyecta un 17,7% de inflación para 2026. Para alcanzar los guarismos oficiales, la suba de precios debería promediar apenas 1% mensual en el último tramo de 2025 y 0,8% en 2026, algo que especialistas ven improbable.
En Servicios Sociales, el presupuesto prevé un aumento interanual del 6,7% frente a 2025, aunque insuficiente para recomponer las bajas anteriores: la merma acumulada frente a 2023 sería de 15,9%. Este sector explica casi el 43% de todos los recortes de la gestión Milei, seguido por los servicios económicos (36,5%), donde la poda se concentra en subsidios energéticos y tarifarios.
En Educación y Cultura se proyecta un alza de apenas 8% contra 2025, pero la pérdida frente a 2023 alcanza el 45%. El recorte incluye el congelamiento de partidas para universidades (con una caída del 32% en el trienio), la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el achicamiento de becas.
En Trabajo y Asistencia Social, la contracción acumulada también ronda el 67%. La sustitución de Potenciar Trabajo por programas como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social —con presupuestos mucho menores— implicó un fuerte retroceso, sumado a la reducción en Prestación Alimentar y en partidas de urbanización de barrios populares.
En Vivienda y Urbanismo, pese a que el presupuesto 2026 multiplica por 12 los recursos respecto a 2025, la caída frente a 2023 llega al 74%. Algo similar ocurre en Agua y alcantarillado, con una baja de casi 78%.
Por contraste, Salud y Seguridad Social muestran subas del 9,6% y 7,2% interanual, respectivamente, aunque en ambos casos los niveles siguen lejos de los de 2023.
El impacto en políticas sociales
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que “al interior de Servicios Sociales se observa una gran heterogeneidad en la evolución reciente de las diferentes funciones”. Destacan que muchas partidas crecen frente a 2025, pero sin recuperar lo perdido desde el inicio de la gestión.
En niñez y adolescencia, el presupuesto sostiene un esquema similar al de años previos en AUH y Prestación Alimentar, aunque con un cambio clave: el artículo 73 deroga el mecanismo de actualización automática de las asignaciones. “Si se subestima la inflación, esto podría derivar en una licuación de la prestación y una pérdida en la protección social de niñas, niños y adolescentes”, advirtió ACIJ.
El ajuste también impacta en las políticas de género. El Programa Acompañar sufrió una reducción del 90% en 2024 y casi desapareció como partida identificable. La Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto y gran parte de su planta de trabajadoras. En 2025 quedó sin asignación específica, lo que impide medir su alcance.
Asimismo, el Plan ENIA (de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia) caería 85% contra 2025, lo que equivale a menos del 3% de lo que se invertía en 2023. Para Educación Sexual Integral se destinan apenas $239 millones, apenas un 2% del presupuesto de 2023.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com