El gobierno insiste, sin ofrecer una explicación convincente, en sostener como cabeza de lista en el principal distrito del país a José Luis Espert, señalado por haber recibido financiamiento proveniente del narcotráfico.
El “caso Espert” ya desbordó el ámbito electoral para dejar expuestos algunos de los mecanismos con los que el narcotráfico busca penetrar la política, desde donde luego opera bajo la protección de los dirigentes a los que apoya. Se crean y apuntalan figuras que surgen de la nada y ascienden como por arte de magia. El control sobre el financiamiento partidario debería ser mucho más riguroso para impedir estos episodios de corrupción estructural.
Se ha señalado que el volumen de dinero que moviliza el tráfico de drogas supera el PBI de países como la Argentina. Esas fortunas descomunales deben reinsertarse en el circuito legal: bancos, fondos de inversión, grandes corporaciones. Con esos recursos se compran voluntades en los tribunales, en los gobiernos, en la política y en las fuerzas de seguridad.
Pero son justamente los bancos, las empresas, los jueces, los políticos y los jefes policiales los que menos sufren las campañas “antinarcóticos”, que solo exhiben como trofeos a bandas menores de distribución. Para Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico solo existe fuera de su territorio —el mayor consumidor del planeta—, donde residen además muchos de los verdaderos capos.
José Luis Espert fue blindado por el oficialismo y encabezará las listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En su defensa inicial dijo que no conocía a todos los empresarios que aportaron a su campaña de 2019. Sin embargo, la entonces jefa de prensa, Clara Montero Barre, desmintió esa versión. Afirmó que Federico “Fred” Machado, empresario argentino-estadounidense, se reunió en varias ocasiones con Espert e incluso participó en debates estratégicos de campaña.
El diputado trató de deslindarse del manejo de fondos y responsabilizó al apoderado del partido UNITE, José Bonacci, exconcejal de Rosario. Pero Bonacci también lo desmintió: aseguró no tener conocimiento alguno sobre los movimientos financieros de aquella campaña. La fiscalía del Estado de Texas presentó documentación que acredita que Espert recibió al menos 200 mil dólares, además de utilizar un avión privado y una camioneta blindada propiedad de Machado.
Machado está acusado por la Justicia estadounidense de liderar una red internacional de narcotráfico, estafas y lavado de activos. “Según se investiga —indicó una nota de Página/12—, bajo la fachada de su empresa South Aviation, con sede en Florida, compraba aviones de manera fraudulenta, utilizaba registros falsos para ocultar su titularidad y luego los trasladaba a Colombia, Venezuela o México para contrabandear grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos”.
La última defensa de Espert fue alegar que recibió dinero de una mina en Guatemala por un “trabajo particular”. Esa mina pertenecía a Machado, también investigado allí por lavado de dinero del narcotráfico y minería ilegal. En el mismo país, Machado habría financiado las campañas presidenciales de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, ambos posteriormente acusados de corrupción por el propio gobierno norteamericano.
Quienes lo conocieron aseguran que Machado se definía como “un libertario convencido”. En todo caso, su propósito de ganar influencia política quedó en evidencia. Y el político que acepta dinero del narcotráfico, tarde o temprano paga con favores.
En Rosario, ciudad asediada por las disputas entre bandas narco, aún quedan por investigar los vínculos entre narcotráfico, política y fuerzas de seguridad. El actual gobernador Maximiliano Pullaro fue acusado de tener negociaciones con narcos por su correligionaria, la senadora Carolina Losada. Cuando Marcelo Saín y Nadia Schujman intentaron avanzar en esas pesquisas, fueron perseguidos judicialmente por el propio Pullaro. Schujman —una de las fundadoras de HIJOS en Santa Fe y con amplia trayectoria en Derechos Humanos— debió abandonar el país tras recibir amenazas anónimas junto a su familia.
Según reveló el periodista Sebastián Lacunza, Fred Machado cumple prisión domiciliaria desde hace más de tres años en una mansión de su primo Claudio Ciccarelli, pareja de la diputada Lorena Villaverde, detenida en 2017 en Estados Unidos con medio kilo de cocaína. Villaverde es, a su vez, la principal referente libertaria en Río Negro.
El abogado que defiende a Machado en la causa por narcotráfico es Francisco Oneto, quien también representa a Espert y al presidente Javier Milei en varias demandas, entre ellas las iniciadas contra Fabián Doman y Elisa Carrió. Otro “libertario convencido”. Hay algo en ese discurso antiestado que parece seducir a marginales y delincuentes, como Matías Ozorio, el seguidor de Milei acusado del triple femicidio, descrito como un “libertario fanático” que perdió todo al invertir en la estafa cripto $Libra, promovida por su ídolo.
Pese a la evidencia reunida —gran parte proveniente de la justicia estadounidense, sin intereses políticos locales— y a las débiles explicaciones del propio promotor del lema “Cárcel o bala”, Milei decidió mantener a Espert como cabeza de lista en Buenos Aires. Una decisión ética y políticamente indefendible. Al menos debería apartarlo de la campaña hasta que esclarezca su relación con Machado.
Con todo lo que se sabe, Espert resulta indefendible: es el peor candidato posible, resta votos y mancha la imagen del gobierno. La pregunta inevitable es por qué el oficialismo elige sostenerlo a toda costa. Si las encuestas no eran alentadoras, con él al frente serán peores.
Algo no cierra. Estas elecciones son decisivas —de vida o muerte para el oficialismo— y Buenos Aires es el distrito clave. Sin embargo, Milei parece dispuesto a inmolarse junto a Espert. Podría bajarlo sin costo, sin acusaciones, como un gesto de honestidad que demuestre confianza en la justicia. Pero eligió lo contrario.
Tampoco puede decirse que sean amigos íntimos. El diputado “Cárcel o bala” no es precisamente querido. En el acto fallido de Lomas de Zamora, Milei no lo dejó subir a su camioneta y Espert debió escapar en la motoneta de un simpatizante, otro con causas judiciales por intento de homicidio.
Por su parte, Patricia Bullrich hará campaña por el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires. Su bandera —la “seguridad”— deberá convivir con la paradoja de que el principal candidato de su fuerza en el distrito más importante está acusado de haber sido financiado por el narcotráfico. Una contradicción tan brutal que vacía de sentido su discurso.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com