Algunas cuentan con edificaciones en etapas avanzadas. La medida se inscribe en el desguace de la política pública de vivienda social.
Ni siquiera las tierras públicas destinadas a la construcción de viviendas sociales quedan al margen del remate de activos estatales. El Gobierno de Javier Milei confirmó este viernes que iniciará el proceso de subasta de los terrenos del Plan Procrear que nunca llegaron a adjudicarse tras la disolución del programa: el negocio inmobiliario toma nota. El cronograma comenzará dentro de un mes con la venta de un lote en la Ciudad de Buenos Aires, otro en Paraná y un tercero en Santa Fe, donde incluso se había avanzado significativamente en la construcción de los edificios proyectados, hoy abandonados. Estas parcelas se suman al extenso listado de inmuebles que el Ejecutivo nacional decidió poner a la venta en distintos puntos del país, mientras especialistas en urbanismo y acceso a la vivienda advierten que la decisión forma parte de un “proceso activo de desmantelamiento de la política de vivienda”.
El anuncio no sorprendió. Poco más de un año atrás, el Gobierno había comunicado la liquidación del fondo fiduciario Procrear, un cierre que se formalizó en junio de 2025. En ese mismo movimiento, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo informó que asumiría “la disposición y administración” de los terrenos vacantes, sin obras o sin adjudicación: “Con el objetivo de preservar el valor del patrimonio público y favorecer la reutilización de los activos inmobiliarios en beneficio de la comunidad, se dispuso la venta mediante subasta pública”, se había señalado entonces.
Restaba la firma que habilitara formalmente los remates, algo que ocurrió este viernes cuando el propio Caputo rubricó tres resoluciones del Ministerio, ya publicadas en el Boletín Oficial, que autorizan la desafectación de las tierras y la venta de los primeros lotes. El predio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires tiene una superficie de 2.900 metros cuadrados, se encuentra junto a las vías del Belgrano Sur y era el último terreno libre dentro del entramado urbano del desarrollo Estación Buenos Aires. Está emplazado en la intersección de la avenida Suárez y la calle Luna, y allí no se había iniciado ninguna obra.
El caso Paraná
Diferente es la situación de los dos terrenos ubicados en el interior del país. En el predio de 50 mil metros cuadrados de la ciudad de Paraná —avenida Ejército y Del Barco Centenera— estaba prevista la construcción de 312 viviendas distribuidas en cuatro sectores. De ese proyecto, apenas se llegó a ejecutar alrededor del 7 por ciento, con algunas estructuras básicas iniciales de la futura urbanización.
En el lote de 6.400 metros cuadrados de la ciudad de Santa Fe, en cambio, ya es visible el armazón central de lo que iba a ser un nuevo complejo de viviendas sociales. Las bases de dos edificios de 22 pisos y otro de cuatro niveles se encuentran construidas y quedaron paralizadas desde el inicio de la gestión mileísta. Las obras del Parque Federal habían comenzado en junio de 2021 y alcanzaron el octavo y noveno piso en las dos torres más altas, mientras que el edificio menor llegó hasta el segundo nivel. Allí se proyectaban 198 viviendas sociales.
Todo ese patrimonio pasará a manos privadas si se concretan las subastas que, junto con los otros dos remates, ya fueron publicadas oficialmente en la página del Ministerio de Economía. A diferencia de otras ventas de inmuebles estatales realizadas en el país, estas operaciones no estarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sino que serán gestionadas directamente por el Ministerio a través de la plataforma Compr.ar.
Las tres subastas están previstas para el 22 de enero y el Gobierno estima una recaudación mínima de 7,6 millones de dólares, de acuerdo con la suma de los precios base fijados para cada lote. Estas ventas serán apenas el inicio de una nómina de doce terrenos pertenecientes al exProcrear que saldrán a remate, concentrados en localidades bonaerenses como Mercedes, Junín, Escobar, Avellaneda, San Nicolás, Quilmes, Florencio Varela, La Plata y Ciudad Evita.
Las críticas
Para Luciano Scatolini, exsecretario de Desarrollo Territorial —área de la que dependía el Procrear entre 2020 y 2023—, “subastar terrenos o inmuebles del Procrear es liberar esta política a lo que ofrezca el mejor postor, que es el mercado”. “Claramente habrá unos pocos beneficiados y una pérdida para el conjunto de la sociedad, que se queda sin una política estatal clave para garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda”, sostuvo en declaraciones a Página/12. El exfuncionario recordó además que el programa, hoy disuelto, llegó a brindar cerca de 500 mil soluciones habitacionales.
Scatolini también subrayó que el cierre del Procrear “se da en un contexto de necesidades cada vez más urgentes para las familias argentinas, especialmente las trabajadoras, que eran quienes accedían al programa y que hoy quedaron totalmente desamparadas, libradas a lo que el sistema financiero esté dispuesto a ofrecer, que siempre es insuficiente”.
En la misma línea, Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), calificó la subasta de los predios como “una pésima noticia para el problema habitacional en Argentina”. “Se inscribe en un proceso de intervención regresiva del Gobierno en el área, que incluye la eliminación del fondo del Procrear y el intento de desarticular el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Todo forma parte de un proceso activo de desmantelamiento de la política de vivienda”, señaló.
Para la especialista, esta decisión resulta “especialmente dañina” porque “se pone a la venta tierra pública que debería destinarse al bien común y al interés general”. “En un país con un déficit habitacional estructural como el argentino, la tierra es un recurso estratégico para enfrentar ese problema mediante la construcción de viviendas o el desarrollo de lotes con servicios accesibles. Esta es la peor decisión posible en ese contexto, porque transfiere la tierra pública a actores del mercado que excluyen a amplios sectores de la población”, enfatizó Miguens.
Más allá de la disolución del fondo fiduciario, el Gobierno ya había adoptado medidas contrarias al acceso abierto a la vivienda en el marco del exProcrear, como la asignación de unidades —ya adjudicadas— a integrantes de fuerzas federales. Uno de los casos más emblemáticos es el del edificio de Avellaneda, que continúa en disputa judicial luego de que cientos de personas originalmente beneficiadas por sorteo denunciaran a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber desviado el destino de las viviendas.
Las ventas de terrenos del exProcrear se inscriben en una política más amplia de subastas impulsada por el Ejecutivo a través de la AABE, que incluye un listado de 180 inmuebles vendidos o en proceso de venta hasta el final del mandato de Milei. En los últimos meses se destacaron las adquisiciones realizadas por el empresario Eduardo Costantini en predios de alto valor en la Ciudad de Buenos Aires, como el terreno del Ejército donde hoy funciona un hipermercado de la cadena Cencosud, en la esquina de Intendente Bullrich y Cerviño, una de las más codiciadas de Palermo. Costantini también adquirió, mediante la firma Argencons, un predio de la Policía Federal en el Bajo Belgrano y previamente otro ubicado a una cuadra del Campo Argentino de Polo.
Destacados
Hace poco más de un año, el Gobierno anunció la liquidación del fondo fiduciario Procrear, un cierre que se formalizó en junio de 2025.
Las obras del Parque Federal comenzaron en junio de 2021 y alcanzaron el octavo y noveno piso en los dos edificios más altos.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com