La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos planteos judiciales del PRO y confirmó una resolución de la Justicia Nacional Electoral que sanciona a la alianza “Cambiemos Buenos Aires” por haber registrado aportantes falsos durante la campaña legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires.
Este fallo definitivo del máximo tribunal pone en evidencia una de las contradicciones del discurso que sostuvo María Eugenia Vidal durante su gestión como gobernadora, en la que promovía una imagen de transparencia que el partido fundado por Mauricio Macri sigue defendiendo, incluso en debates sobre iniciativas como la de “Ficha Limpia”.
La causa judicial se originó a partir de denuncias por la inclusión de personas como donantes en los registros partidarios sin su consentimiento, muchas de las cuales negaron haber contribuido económicamente a la campaña de Cambiemos.
Conocido públicamente como el caso de los “aportantes truchos”, el expediente involucró al PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otras fuerzas aliadas, e implicó el procesamiento de cuatro personas señaladas como responsables financieros de la lista electoral, ya que firmaron los recibos de los supuestos aportes.
Entre los acusados aparecen Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, todos sindicados con distintos grados de participación en la maniobra que consistió en incorporar “datos falsos en documentos públicos” referidos a presuntos aportantes.
La investigación judicial puso especial atención en el informe final de ingresos y egresos de la alianza Cambiemos durante la campaña de 2017, que tuvo como principales candidatos en la provincia de Buenos Aires a Esteban Bullrich y Gladys González para el Senado, y a Graciela Ocaña como cabeza de lista de diputados nacionales. La resolución no alcanzó a los máximos referentes políticos de la coalición.
Luego de varios años de trámite judicial, la Corte ratificó lo actuado en las instancias anteriores, en las que se había comprobado que 79 personas negaron haber aportado dinero a la campaña. De las 19 que reconocieron haberlo hecho, solo una presentó los comprobantes correspondientes.
El foco de la investigación fue la presunción de que la gestión de Vidal inscribió a beneficiarios de programas sociales como si fueran aportantes para justificar ingresos y cubrir gastos proselitistas.
Multas millonarias para el PRO y sus socios
Según informa Palabras de Derecho, la Corte validó lo resuelto por el juez con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien había detectado irregularidades señaladas por el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, desaprobó los balances presentados por la coalición y aplicó fuertes sanciones económicas a los partidos involucrados.
El PRO recibió una multa de $3.246.965,53, mientras que a la UCR se le impusieron $990.599,65 en sanciones. La Coalición Cívica fue penada con el mismo monto, al igual que el Partido Demócrata Progresista, el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata y la Unión del Centro Democrático, que recibieron multas de $34.395,82 cada uno.
También fueron sancionados el Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, el Partido Fe, el Partido del Diálogo y el Movimiento Social por la República, con montos idénticos.
El fallo fue suscripto por tres de los cuatro jueces de la Corte. El recientemente incorporado Manuel García Mansilla, nombrado por decreto por el presidente Javier Milei, no firmó la resolución.
La decisión dejó firmes todas las sanciones y confirmó el rechazo a los informes financieros presentados por Cambiemos.
La Nueva Comuna