Un contundente informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas advierte que no fue posible “reconstruir la trazabilidad completa” del stock que Sandra Pettovello debía distribuir en los barrios por orden judicial.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó un informe de casi 40 páginas en la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, en el que expone graves inconsistencias en la gestión, el almacenamiento y la distribución de alimentos destinados a comedores populares.
De acuerdo con el dictamen, no se pudo reconstruir la trazabilidad total de miles de toneladas de alimentos comprados y almacenados por el Ministerio de Capital Humano, ni identificar con precisión a los destinatarios finales. El relevamiento se realizó en el marco del cumplimiento de una medida cautelar que exigía informar el stock disponible, su origen administrativo y la presentación de un plan de distribución inmediato.
Uno de los ejes centrales del informe se concentra en la licitación canalizada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), mediante la cual se asignaron más de 6.700 millones de pesos para la adquisición de aceite de girasol y lentejas secas. Esa mercadería debía ser entregada en depósitos ubicados en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán.
En ese procedimiento, la PIA detectó demoras, entregas parciales y faltante de documentación por parte de distintos proveedores. En varios casos, no fue posible verificar si la mercadería consignada como “entregada” ingresó efectivamente a los galpones. El informe es categórico al señalar que “no es posible afirmar con certeza que se haya dado efectivo cumplimiento a las obligaciones emergentes de la licitación”, y subraya además la inexistencia de facturas y comprobantes de pago que respalden la cancelación de las compras.
Para la Procuraduría, la irregularidad más grave se ubica en la etapa de distribución. En línea con lo planteado por Juan Grabois, querellante en la causa, el documento señala que la mayoría de los remitos de salida no cuentan con la firma de los destinatarios, lo que impide determinar quiénes recibieron los alimentos. “Está comprobado que los alimentos salieron de los depósitos, pero no se sabe quiénes fueron los beneficiarios”, consigna el informe.
A esto se suma que los remitos no especifican marcas, números de lote ni pesos exactos, lo que imposibilita vincular los productos distribuidos con los alimentos efectivamente adquiridos. Para la PIA, este escenario “obtura la trazabilidad y deja el proceso en un terreno meramente probabilístico”.
El informe cierra con una dura observación sobre la ausencia de normas y procedimientos formales para el reparto de alimentos. En distintas presentaciones ante el juez y la fiscal, la ministra Sandra Pettovello admitió que no existen manuales ni reglas escritas que definan el mecanismo de distribución y que las decisiones quedaban sujetas a la “definición política de la autoridad”, un criterio que ahora es objeto de análisis judicial.
En marzo pasado, Grabois amplió la denuncia contra Pettovello. A través de su cuenta en X publicó imágenes de “útiles arruinándose y más comida por pudrirse en los galpones del Gobierno. Miren lo que está pasando en el mismo depósito dónde Pettovello dejaba pudrir la comida de los hambreados al principio de su mandato”.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com