Siempre existe margen para un mayor punitivismo
A horas de dejar el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich ofreció una conferencia en la Casa Rosada donde anunció que enviará al Congreso un nuevo Código Penal para poner fin a lo que identifica como “la doctrina zafaronista, donde el victimario se convertía en víctima”. Según anticipó, el borrador llegará al Parlamento en los próximos días para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Voceros del Ejecutivo precisaron que la intención es endurecer todas las penas del código: desde los delitos contra la propiedad hasta los abusos sexuales y los homicidios, además de volver “imprescriptibles” los hechos considerados graves. En reserva, integrantes del gabinete reconocieron que también analizan suprimir la figura del femicidio.
En la conferencia estuvieron presentes, además de Bullrich y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, Alejandra Monteoliva —quien asumirá este martes al frente del ministerio—, la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio. Todos participaron de la redacción del nuevo texto, aún no difundido oficialmente.
Bullrich explicó que el proyecto incorporará las leyes de Reiterancia, Juicio en ausencia y Antimafias para unificarlas “en un solo cuerpo robusto” y que se plantea “una modificación profunda de todo el sistema de penas”.
Uno de los ejes será la redefinición de los homicidios. “El homicidio simple, que actualmente prevé un máximo de 25 años, pasará a 30, y se incluirán nuevos agravantes, como los intentos de magnicidio, el asesinato de un ministro o el de un directivo escolar”, detalló. También se sumarán agravantes cuando la víctima sea menor de 16 o mayor de 65 años.
Además, los “delitos graves” pasarán a ser imprescriptibles, lo que abarcará no solo homicidios sino también delitos sexuales en todas sus variantes.
Respecto a la ejecución de las penas, Bullrich anticipó que propondrán limitar los recursos que impidan el cumplimiento efectivo de condenas “cuando se trata de hechos graves”. “Si es una condena grave, cumplís la totalidad, como establece la Ley de Ejecución de la Pena”, remarcó.
Un punto de fuerte controversia será la ampliación de la “legítima defensa”. La exministra aseguró que buscarán “fortalecer y modificar de manera sustancial el concepto de legítima defensa para que la presunción esté en favor del que se defiende”.
El Gobierno agregó que los delitos de corrupción dejarán atrás las escalas de cinco o seis años y pasarán “a penas gravísimas”, implicando además la pérdida de jubilaciones de privilegio. “El 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”, señaló Bullrich, precisando que el nuevo código deberá aplicarse en todas las provincias.
También incluirán la figura del “conductor imprudente”: las sanciones pasarán del rango de uno a tres años a un nuevo abanico de dos a cuatro años.
Señalamientos del CELS
En diálogo con Página/12, el CELS evaluó que el anuncio contiene varios elementos “graves”. Advirtieron que el incremento generalizado de las penas “tendrá un impacto directo en el abuso de la prisión preventiva y en el aumento de la población encarcelada”, que hoy ya se encuentra en condiciones críticas de hacinamiento.
Bullrich respondió que “si hace falta se construirán más cárceles, pero preferimos presos adentro y no en la calle”. Crece la sospecha de que el Gobierno busca emular el modelo estadounidense y avanzar hacia la privatización del sistema penitenciario.
“Hoy ya hay 160.000 personas detenidas. Muchos, con los viejos criterios, recuperaban rápido la libertad, pero ahora no va a ser así. Habrá que construir más cárceles”, añadió la ministra saliente.
El CELS advirtió que la ampliación de la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional “anula toda expectativa de reinserción social”. También cuestionó la imprescriptibilidad de los delitos graves, que “debilita la garantía de un plazo razonable de investigación y traslada al individuo la carga de la ineficiencia estatal”.
Según pudo saber este diario, el proyecto también incluiría figuras para sancionar la violencia en el deporte, un endurecimiento de las normas vinculadas al narcotráfico y una actualización “integral” de las disposiciones sobre terrorismo conforme a los estándares de la ONU y el GAFI.
Otra novedad es un capítulo destinado a la “estabilidad fiscal y monetaria”, con herramientas penales para su protección, y un apartado sobre “orden electoral” que sistematizaría más de treinta conductas ligadas al entorno digital y la manipulación algorítmica. Se perseguiría la “creación o manipulación de datos personales, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, así como el uso de contenidos falsos”, algo que el aparato digital de La Libertad Avanza desplegó en las recientes elecciones porteñas con un video apócrifo de Mauricio Macri.
Balance de la gestión Bullrich
Adorni dedicó buena parte de la conferencia a ponderar la gestión saliente. Afirmó que Bullrich hizo “un enorme aporte al restablecimiento del orden” y que cuando asumió “la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre”.
Sostuvo que “los homicidios bajaron un 11,5% interanual y alcanzaron la cifra más baja de los últimos 25 años”, celebró la incautación de “80.000 kg de droga”, destacó que “los piqueteros bajaron de 8.239 a cero”, que “los presos ya no tienen sueldo mínimo”, y elogió la creación del DFI, “a imagen y semejanza del FBI estadounidense”.
El CELS respondió que anunciar toneladas de droga incautada “no dice nada sobre la dinámica real del mercado, ni sobre la estructura delictiva ni sobre la violencia asociada”. Subrayó que el balance oficial omitió la represión de la protesta y las detenciones arbitrarias. Recordaron que el Gobierno llegó a imputar “sedición” a manifestantes que ejercían su derecho constitucional.
Desde diciembre de 2023 se registraron episodios represivos en 95 movilizaciones, con 398 personas detenidas y 1.393 heridas, entre ellas 83 trabajadores de prensa como Pablo Grillo.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com