La eliminación de las retenciones y del impuesto PAIS provocó un desplome en la recaudación de casi el 1,5% del PBI. Para cumplir la meta fiscal, será necesario un recorte de unos 10 billones de pesos antes de fin de año. El tarifazo es inminente.
La recaudación del Estado se derrumba entre 15% y 20% interanual: las retenciones caen un 40%, el impuesto PAIS se reduce un 35% y la merma de la actividad económica golpea la base imponible que alimenta IVA y Ganancias. La pérdida total equivale a un 1,5% del PBI, apenas 0,3% menos que el superávit logrado en 2024.
Para sostener el acuerdo con el FMI, el Gobierno deberá ajustar al menos 2 puntos del PBI en gasto primario no indexado, lo que implica recortar más de 10 billones de pesos. Esa cifra refleja la magnitud del ajuste proyectado para los últimos meses del año.
Como gran parte del gasto público está indexada por ley —jubilaciones mínimas, deuda, asignaciones y prestaciones sociales—, la poda se concentrará en el gasto no indexado: salarios, subsidios, obra pública y transferencias a las provincias.
El ajuste ya se siente. Un gobernador del norte, que había conseguido tras largas negociaciones que Nación financiara dos tramos de una ruta productiva clave que “los pagos se frenaron”.
La caída de ingresos dejó al Tesoro sin el colchón financiero que le permitió sobrellevar la primera mitad del año. Durante julio y agosto, mientras el dólar mayorista empezaba a moverse dentro del esquema de flotación administrada, el Gobierno contuvo los aumentos en tarifas y multiplicó los giros a Cammesa: 652 millones de dólares en julio y 491 millones en agosto, cifras muy por encima del promedio semestral, según un informe del Partido Justicialista. Fue una maniobra deliberada para evitar un impacto tarifario antes de los comicios. Pero ese dique ya no puede sostenerse.
“La devaluación acumulada desde el 11 de abril, cuando se adoptó el esquema de flotación, ronda el 40%. Sin el aumento de subsidios, el traslado del tipo de cambio a las facturas hubiera sido del 90%. Ese salto se contuvo artificialmente, pero ya no hay fondos para mantenerlo. Sobre ese ajuste postergado se montará una eventual devaluación electoral. El impacto puede ser muy fuerte”, advirtió un exfuncionario de Energía.
El proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso revela la orientación de la política fiscal: mientras las partidas indexadas registran una variación real positiva, el resto del gasto se encamina a una contracción profunda. Esto anticipa fricciones con los gobernadores aliados, que se habían acercado nuevamente al Gobierno en busca de fondos.
Antes de que el gasto total muestre un crecimiento moderado, el Ejecutivo necesita que las partidas no indexadas caigan con mayor fuerza para reducir el peso del Estado sobre el PBI, explicó Nadin Argañaraz, director del IARAF, que analizó el tema.
El recorte ya avanza en todas las áreas del Estado: el déficit operativo de las empresas públicas cayó 26,7%, los gastos en bienes y servicios retrocedieron 4,9% en términos reales y otros rubros se ajustaron un 5,4%, mientras los gastos protegidos por ley continúan en alza automática.
“Ya se habían hecho simulaciones para el cierre fiscal 2025 con distintos escenarios de caída de ingresos, y el resultado era siempre el mismo: si la recaudación se debilita, el ajuste debe concentrarse en el gasto no indexado”, explicó Argañaraz.
“Y hay un punto clave: el Presupuesto 2026 no contempla una baja de impuestos, pero el Gobierno dejó abierta esa posibilidad. Si se avanza con la reducción de alícuotas, como sugieren algunos funcionarios, habrá que reabrir la caja y profundizar aún más los recortes sobre las partidas flexibles”, concluyó el director del IARAF.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com