2025, el año del castigo social: jubilados, personas con discapacidad y universidades en la mira
Vetos presidenciales, presupuestos licuados y tijeretazos en áreas estratégicas definieron el rumbo del gobierno de Javier Milei. Una orientación que golpea con fuerza a los sectores más frágiles: desde la ciencia, la tecnología y la educación pública hasta la atención de pacientes con patologías graves.
Durante 2025, el Ejecutivo profundizó una ofensiva sistemática contra los sectores más vulnerables: jubilados, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, y también contra la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Una secuencia de embates que se suceden uno tras otro.
Personas con discapacidad, bajo ataque
La gestión ultraderechista avanzó con particular dureza sobre las personas con discapacidad. No solo por el entramado de presuntas coimas en medicamentos que salpica a Karina Milei, Diego Spagnuolo y otros funcionarios, sino también por los recortes extremos en el área y la represión desplegada frente a las protestas.
Tal como reconstruyeron Matías Ferrari y Laura Vales para este medio, Spagnuolo impulsó una auditoría que fue denunciada ante organismos internacionales por su carácter discriminatorio. Según datos oficiales, el proceso derivó en la baja de cerca de 200 mil beneficiarios.
En numerosos casos, las personas citadas nunca recibieron notificación alguna: ni para concurrir a la auditoría ni para advertirles sobre la suspensión de la pensión. La pérdida del ingreso se hizo evidente recién cuando dejaron de cobrar.
El Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero Javier Milei la vetó. La norma contemplaba:
Regularización de pagos y actualización de aranceles: cancelación de deudas con prestadores y actualización mensual de los valores del Sistema de Prestaciones Básicas.
Revisión del régimen de pensiones no contributivas: garantizar financiamiento suficiente y revisar criterios de acceso y permanencia.
Compensaciones económicas: ayuda de emergencia a prestadores y asignaciones a talleres productivos, con un impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI.
Sostenimiento de talleres protegidos y centros de día: recursos específicos para su funcionamiento, con salarios congelados en $28.000 desde febrero de 2023.
Cupo laboral: reafirmación del 4% obligatorio para personas con discapacidad en el empleo público.
Diputados y senadores insistieron con mayoría agravada para revertir el veto, pero el Ejecutivo igualmente incumplió la ley. Finalmente fue promulgada, aunque su aplicación quedó suspendida. Un amparo colectivo obtuvo un fallo favorable en la Justicia Federal que ordenó implementarla, orden que tampoco fue acatada.
Más tarde, el Gobierno intentó derogarla mediante el Presupuesto 2026. El intento fracasó al no aprobarse el capítulo 11. Pocas normas en la historia argentina acumularon un respaldo institucional y social tan amplio, ratificado reiteradamente por el Congreso y la sociedad civil. Aun así, el Ejecutivo persiste en desconocerla.
La universidad pública, en la línea de fuego
El mismo capítulo presupuestario rechazado incluía un ajuste más profundo a las universidades, al derogar la Ley de Financiamiento Universitario, otra norma que el Gobierno se niega a cumplir. “Implicaba 1.700 millones de dólares adicionales para 2026, mientras el Gobierno le transfirió 1.500 millones a un puñado de agroexportadoras en apenas 48 horas (retenciones cero en septiembre)”, explicó Guillermo Durán, decano de Exactas-UBA.
Desde la llegada de Milei al poder, los salarios docentes universitarios perdieron alrededor del 45%, según sindicatos y el Consejo Superior. Feduba advirtió que cerca de diez mil docentes abandonaron las universidades públicas en los dos años de gestión libertaria.
En 2023, Educación representaba el 1,48% del PBI. La administración Milei aplicó un recorte cercano al 40%, reduciendo la inversión al 0,91%. En 2025 descendió al 0,88% y para 2026 se proyecta un 0,75%, de acuerdo con Ctera.
“Mientras cada estudiante de la UBA recibe apenas lo indispensable, en la Universidad de México se invierte más de cinco veces más, y en San Pablo doce veces más”, señaló Leandro Vergara, decano de Derecho.
“El anuncio de 4,8 billones para 2026 equivale a anualizar lo percibido hasta diciembre de 2025 y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para un funcionamiento normal”, advirtió el Consejo Interuniversitario Nacional.
Ciencia y Tecnología, en retroceso histórico
En 2024 el sector sufrió el mayor recorte de su historia: un ajuste del 32,9% interanual, según el CIITI. Conicet, Inta y la Comisión Nacional de Energía Atómica perdieron entre 20% y 28% de recursos.
La investigación universitaria fue aún más castigada: los fondos se desplomaron un 72,6%. Los salarios acumularon pérdidas de poder adquisitivo cercanas al 30%.
Para 2025, Ciencia y Tecnología sufrirá una nueva caída del 2,9%. El Conicet perderá un 12,2% real, debido al retraso salarial frente a la inflación proyectada.
El organismo más afectado es la Agencia I+D+i, que perdió $10.644 millones en 2025, seguida por el INTA. La Agencia anuló las convocatorias PICT 2022 y cerró la de 2023.
Según Raicyt, Argentina será el único país de América Latina que no invertirá un solo peso en ciencia.
El Presupuesto 2026 elimina los artículos centrales de la Ley de Financiamiento de CyT, que establecían aumentos progresivos hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 y prohibían retrocesos interanuales.
También se busca eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, destinado a centros de formación laboral, escuelas agrarias, técnicas y de adultos.
Jubilados: represión y licuación de ingresos
Palos y gases fue la respuesta estatal a las protestas de jubilados cada miércoles.
En diciembre, un jubilado de la mínima con bono percibió $410.813: 6,5% menos que en noviembre de 2023 y 3,5% por debajo de diciembre de 2024.
VIH y enfermedades graves, bajo recorte
Organizaciones sociales denuncian una reducción del 76% en los fondos de la Dirección de VIH en 2025, con impacto directo en testeos, medicamentos y preservativos.
Se suman 23 millones de preservativos no distribuidos, la eliminación de materiales educativos y la ausencia de PrEP y PEP para 11 mil personas, según Fundación GEP.
En 2023 se asistió a 8.744 personas con PrEP y 4.867 con PEP. En 2025 y 2026, ambas líneas desaparecen del presupuesto, alertó Fundación Huésped.
“Que dejen de mencionarse subestima su relevancia y debilita la garantía de acceso”, advirtió la organización.
En tests rápidos, la distribución pasó de 1.120.380 en 2023 a 581.000 proyectados para 2026. En 2025, la ejecución fue cero. También caen tratamientos para hepatitis C (-44%) y tuberculosis (-11%).
En junio, el Gobierno eliminó el fondo que financiaba el 70% de la Fundación de la Hemofilia, que advierte riesgo de cierre y la pérdida de atención para más de 4.800 personas.
El Instituto Nacional del Cáncer, desmantelado
El Ejecutivo despidió al 37% del personal del INC. Su presupuesto en 2025 fue 19% menor al de 2024 y 61% inferior al de 2023.
“Cerrar la Dadse y limitar el acceso a estudios e insumos oncológicos implica que la gente muera antes”, denunció Marina Elichiiry, médica paliativista.
“Faltan materiales básicos, renunció todo el servicio de patología, se rompen el resonador y el tomógrafo y no los reparan. Sin imágenes no se puede estadificar un cáncer. Es lo mínimo y no está funcionando”, concluyó.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com