AMBIENTE & SALUD

Cuatro años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina

El pasado 30 de diciembre se conmemoró el cuarto aniversario de la aprobación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina.

Esta legislación garantiza a las mujeres y a las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional, así como en casos de violación o riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, sin restricciones de tiempo.

Promulgada el 24 de enero de 2021, la norma establece la obligatoriedad de que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, y las entidades de medicina prepaga brinden cobertura integral y gratuita para esta práctica. Asimismo, contempla la atención postaborto, independientemente de si la interrupción del embarazo se realizó bajo condiciones no contempladas en el marco legal.

Además, la ley promueve la prevención de embarazos no deseados mediante el acceso a información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos efectivos.

Un camino de lucha
La conquista de este derecho es el resultado de décadas de lucha por la ampliación de derechos de las mujeres, históricamente relegadas y oprimidas bajo un sistema patriarcal.

Entre los hitos que marcaron esta lucha destacan la Ley de Patria Potestad Compartida (1985), la Ley de Matrimonio Civil (1987), la de No Violencia (1994), la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (2003) y la de Educación Sexual Integral (2006).

El proceso para legalizar el aborto no fue inmediato. El primer proyecto de ley sobre el tema fue presentado por la diputada Florentina Gómez Miranda en 1990. En 1994, un grupo de mujeres de diversos partidos logró frenar la inclusión de una cláusula antiabortista en la reforma constitucional.

En 2005, nació la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una alianza de organizaciones y activistas cuyo lema es: «Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir». Dos años después, esta campaña presentó su primer proyecto de ley.

Aunque en 2018 un proyecto de ley similar fue rechazado en el Senado, el debate marcó un antes y un después al poner el tema en la agenda de toda la sociedad. Finalmente, en 2020, el Congreso sancionó la Ley que consagra este derecho.

Aborto legal: avances en salud y derechos
Desde su implementación, la Ley IVE ha producido importantes mejoras en indicadores de salud, como la mortalidad materna y la fecundidad adolescente, según un informe del Proyecto Mirar publicado en agosto de 2024.

Entre los logros destacan:

Reducción de la fecundidad adolescente: Entre 2018 y 2022, la tasa de fecundidad adolescente disminuyó un 50%. En niñas de 10 a 14 años, la caída fue del 57%, un descenso sin precedentes en América Latina.
Disminución de muertes maternas: Las muertes relacionadas con abortos inseguros y médicos han disminuido significativamente, mientras que las muertes maternas por causas indirectas también han mostrado una tendencia a la baja.
Incremento en los servicios de salud disponibles: En tres años, los establecimientos públicos que realizan IVE-ILE se duplicaron, mejorando el acceso a este derecho en todo el país.
Retrocesos bajo el gobierno de Milei
El gobierno actual, liderado por Javier Milei, ha reducido drásticamente los recursos destinados a la salud sexual y reproductiva. Según el sitio Chequeando, en 2024 no se distribuyeron medicamentos esenciales como mifepristona y misoprostol, y la entrega de anticonceptivos sufrió caídas de hasta el 57%.

Además, el presidente ha expresado abiertamente su oposición a la Ley IVE, calificando a sus defensores como “asesinos de pañuelos verdes” y promoviendo políticas que buscan restringir este derecho.

Un llamado a la acción
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo representó un avance histórico para los derechos reproductivos en Argentina y toda América Latina. Retroceder en este terreno significaría limitar libertades fundamentales y poner en riesgo la salud y la vida de miles de personas.

La sociedad argentina debe mantenerse firme en la defensa de este derecho. ¡Ni un paso atrás!

La Nueva Comuna

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