Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Mauricio Macri volvió a reclamar al gobierno venezolano por el respeto de los derechos humanos y la garantías para los líderes políticos de la oposición.
«El gobierno de Venezuela se ha distanciado de los derechos humanos. Tengo principios conocidos y no los cambio. Hay que empezar porque el gobierno (de Nicolás Maduro) respete los derechos de los políticos que son de la oposición», afirmó durante una conferencia de prensa.
Durante la campaña electoral Macri dijo que si ganaba pedirá la actuación de Mercosur para exigir al presidente venezolano la puesta en libertad del opositor Leopoldo López. «Es evidente que corresponde que se aplique esa cláusula, las denuncias son contundentes, no son un invento», dijo el líder del PRO.
El Mercosur esta integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela y su cláusula democrática prevé la posibilidad de suspender a un país socio en el bloque y hasta aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático o Golpe de Estado.
El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, suscrito en 1998, marca «la plena vigencia de las instituciones democráticas» como «condición esencial para el desarrollo del proceso de integración». Ese protocolo, denominado «Ushuaia I», estableció que «en caso de ruptura del orden democrático», los socios «promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado». Si las consultas resultaran infructuosas, los demás socios «considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente».
Las medidas, que deberán ser adoptadas por consenso, «abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos».
«Ushuaia I» fue perfeccionado en 2011 mediante un nuevo protocolo, denominado «Ushuaia II», que establece la posibilidad de adoptar sanciones más severas, como cerrar total o parcialmente las fronteras terrestres y suspender o limitar el comercio, el tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía y servicios.
El protocolo fue utilizado en 2012 para suspender temporalmente a Paraguay en su participación en el bloque luego de que el entonces presidente paraguayo Fernando Lugo fuera destituido por el Congreso de su país sin un «debido proceso», según alegó entonces el resto de los socios del Mercosur.