La violencia institucional se intensifica. La administración de Javier Milei ha desfinanciado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego con una reducción del 73% en su presupuesto de 2024 en comparación con el año anterior. Como consecuencia, unos 400 brigadistas y 600 trabajadores administrativos y técnicos de Parques Nacionales han quedado sin estabilidad laboral. Los incendios en El Bolsón y la falta de recursos estatales, denunciada por las comunidades locales, reflejan la implementación de un plan de ajuste extremo por parte de La Libertad Avanza.
En la zona de Wharton-La Confluencia, uno de los focos de incendio en la Comarca Andina, los pobladores debieron organizarse en brigadas para combatir el fuego. Más tarde, fueron reprimidos por grupos paraestatales. Manuel, uno de los rescatistas, compartió su testimonio con la Revista Cítrica, describiendo la situación como un signo alarmante de la actualidad:
«Los vecinos hemos reclamado una y otra vez políticas de prevención, manejo del fuego, organización y logística, pero nunca hubo financiamiento. Esta zona abarca 65.000 hectáreas y cuenta apenas con seis guardias ambientales. Hay intereses especulativos detrás: desplazan a la gente con el fuego. Bullrich, responsable del sistema nacional de manejo del fuego, en lugar de apuntar a las inmobiliarias, terratenientes y empresas mineras, se dedica a construir un enemigo interno: las comunidades mapuches. Las consecuencias son devastadoras».
Siguiendo el modelo de Mauricio Macri, la administración de Milei busca favorecer a sectores empresariales cuyos nombres permanecen ocultos en los grandes medios de comunicación. Un ejemplo claro es Joe Lewis, el magnate británico que adquirió de manera fraudulenta la estancia Lago Escondido en la década de 1990, a través de una compleja red de testaferros encabezada por el clan Van Ditmar. Además, construyó su propia central hidroeléctrica en sociedad con Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) y puso su propiedad a disposición del macrismo para reuniones clandestinas con funcionarios judiciales, políticos, espías y representantes del Grupo Clarín.
Una Patagonia despojada
Mientras las llamas avanzaban y los habitantes de El Bolsón se organizaban para combatir el fuego, una patota a caballo—rememorando el siglo XIX, como le gustaría al Presidente—intentó intimidar a quienes defendían el territorio. Lejos de asistir a la comunidad, el Estado provincial y nacional encarcelaron a los brigadistas que arriesgaron su vida. La policía de Río Negro detuvo a personas inocentes y desde el gobierno nacional se responsabilizó falsamente a las comunidades mapuches por los incendios. Una manipulación sistemática de la verdad al servicio de un plan represivo.
Soraya Maicoño, residente del paraje Mallín Ahogado y referente mapuche-tehuelche, denuncia la connivencia entre la provincia de Río Negro, el Estado nacional y los intereses de Lewis, cuyo objetivo es continuar desplazando pobladores.
«Hubo una manifestación espontánea frente a la comisaría por las detenciones arbitrarias; allí apareció una patota parapolicial que lleva años ejerciendo violencia cada vez que se realiza una protesta para exigir la apertura del acceso a Lago Escondido. Es lamentable que estemos gobernados por personas con una visión retrógrada y destructiva, con intereses alineados con los grandes terratenientes», sostuvo en una entrevista con Antonella Bernetti para El Destape.
La represión se desarrolló en un contexto de zona liberada. «La policía se mantuvo al margen y permitió los ataques. Esa misma patota estuvo involucrada en el asesinato de Elías Garay. El Estado nacional insiste en fabricar chivos expiatorios, como ocurrió con Rafael Nahuel», declaró Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Un plan sistemático de expulsión
El gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, otorgó permisos de uso de agua pública para la generación de energía en tres centrales hidroeléctricas en tierras de la firma Río Villegas S.A.U., cuyo único accionista es Baguales Acquisitions S.A., vinculada al extenista Gastón Gaudio y al empresario catarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri. Mientras los incendios devastaban la región, las concesiones avanzaban en silencio.
En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó de «terroristas» a tres comunidades mapuches en Mendoza, revocándoles el reconocimiento de posesión ancestral de sus tierras. «Tenemos 25 causas judiciales en nuestra contra impulsadas por agrupaciones de abogados que protegen a los grandes terratenientes, siguiendo el mismo esquema represivo de las dictaduras de los años 70», denunció Gabriel Jofré, integrante de la Organización Identidad Territorial Malalweche.
Entre las empresas involucradas en el hostigamiento a estas comunidades se encuentra Sociedad Minera S.A. (Sominar), con casi 400.000 hectáreas entre San Rafael y San Carlos, y Nieves de Mendoza, un holding con inversores malayos e ingleses. Ambas firmas son representadas por el estudio de abogados del exsenador Ernesto Sanz, uno de los arquitectos de Cambiemos.
La estrategia del enemigo interno
Bullrich sigue insistiendo con la narrativa de los «mapuches terroristas», alineándose con el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que en 2004 clasificó a los movimientos indígenas organizados como «potenciales amenazas regionales». Ahora, bajo el paraguas ideológico de La Libertad Avanza, intensificó esta estrategia, tal como explica la antropóloga Laura Kropff:
«La diferencia con otros contextos es que ahora el ataque no es selectivo. Antes se disciplinaba a la sociedad eligiendo un solo chivo expiatorio. Hoy son varios. Se persigue a los mapuches, pero también a cualquiera que cuestione las políticas oficiales».
Mientras tanto, los intereses económicos avanzan bajo la sombra. Entre los territorios arrasados por el fuego en El Bolsón y Villa Mascardi se proyectan nuevas represas hidroeléctricas, replicando el modelo impuesto por Lewis en Lago Escondido.
Militarización del territorio
El gobierno de Milei busca consolidar el despojo con un esquema represivo cada vez más agresivo. Con el decreto 1107/2024, se habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior del país bajo el pretexto de «proteger objetivos estratégicos». ¿Se trata de Lago Escondido, las reservas de litio en manos de BlackRock o las hidroeléctricas del empresario catarí?
Además, tras la aprobación de la Ley de Bases, Bullrich creó la «Unidad de Seguridad Productiva», destinada a resguardar a las empresas beneficiadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). «Existen sectores que requieren de una seguridad especial», argumentó la resolución oficial publicada el 13 de junio, un día después de la brutal represión frente al Congreso.
El modelo de seguridad nacional impuesto por Milei y Bullrich ha definido sus enemigos: cualquier persona o grupo que se oponga al saqueo de los recursos naturales. En este plan sistemático de violencia estatal, toda la sociedad se encuentra en riesgo.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com