A pocos días del plazo final para la presentación de ofertas, emergen nuevos detalles sobre la polémica licitación de la hidrovía del Paraná.
A las objeciones planteadas por algunas provincias afectadas y organizaciones ambientalistas, ahora se suman las advertencias de las propias empresas que compiten por la concesión multimillonaria.
La compañía de dragado Dredging International NV (DEME) difundió un comunicado en el que expresa su sorpresa y preocupación por «el notorio direccionamiento del pliego» de licitación. Con esta declaración, busca visibilizar la denuncia presentada en diciembre pasado ante la Justicia, donde se señala un presunto favoritismo del Gobierno hacia la firma belga Jan de Nul.
Esta última operó la vía navegable durante tres décadas, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. Si se concreta la extensión de la concesión por otros 30 años, como parecería ser la intención del Ejecutivo, la empresa obtendría ingresos estimados en 410 millones de dólares anuales.
A esto se suma la preocupación expresada por el embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijden, quien se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para manifestar su inquietud en representación de las empresas neerlandesas Boskalis y Van Oord, que también se consideran perjudicadas por el presunto direccionamiento oficial.
En las últimas horas, la Unión Industrial Argentina (UIA) hizo llegar al Gobierno una serie de observaciones técnicas sobre el pliego de la licitación con el objetivo de garantizar que el proceso de adjudicación sea «inobjetable» y «razonable».
En diálogo con Canal Abierto, Jorge Daneri, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y especialista en la temática, detalla aspectos de la privatización del río y advierte sobre sus costos socioambientales.
¿Qué está en juego con la «hidrovía»? ¿Por qué es relevante? ¿A quiénes afecta?
El fin de la concesión otorgada en los años ’90 para el dragado del Río Paraná abrió un debate que atraviesa cuestiones fundamentales como la soberanía sobre los bienes comunes, la estructura agroexportadora de la economía argentina, el papel del Estado y el impacto ambiental creciente de esta actividad.
Se trata de una discusión que afecta directamente a los habitantes de las siete provincias ribereñas que dependen del agua potable de la Cuenca del Plata, la quinta más extensa del mundo y la más importante del país. Indirectamente, también impacta a toda la nación, afectada por suelos degradados y por la falta de transparencia en los costos operativos y la subdeclaración de cargas de granos y minerales.
En este contexto, la licitación de la hidrovía se instala en el centro de un debate aún más amplio: qué modelo de país queremos construir.
La Nueva Comuna
