Patricia Bullrich está buscando un nuevo destino para su aliado más cercano, Gerardo Milman, cuyo mandato como diputado concluye el 10 de diciembre. La opción que circula con más fuerza dentro del Gobierno es ubicarlo al frente de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo que Javier Milei transfirió del Ministerio del Interior al de Seguridad, en una decisión alineada con la lógica de endurecimiento contra la inmigración que caracteriza a la administración actual.
El problema es que Milman llega a esa posible designación con un procesamiento firme por defraudación al Estado durante su paso por la Dirección de Inteligencia Criminal en el gobierno de Mauricio Macri. Y también con un conjunto de causas, escándalos y antecedentes que lo vuelven, incluso para el propio oficialismo, una figura difícil de defender en público.
Un procesamiento sostenido por pruebas contundentes
El expediente que complica al diputado se originó tras denuncias del abogado Yamil Castro Bianchi y de Aníbal Fernández. La investigación reveló un esquema de 18 contrataciones irregulares en 2017 para una “Sala de Situación y Fusión” que nunca se construyó.
Los elementos reunidos por el juzgado y la fiscalía fueron categóricos:
Varios de los contratados declararon no haber trabajado jamás ni haber pisado el Ministerio de Seguridad.
En sus recibos figuraban firmas falsificadas, lo que fue confirmado por pericias caligráficas.
El dinero se entregaba en mano, en efectivo, y por montos menores a los registrados formalmente.
La mayoría de los supuestos agentes provenían de Tres de Febrero, distrito donde operaba como referente político Fernando “Teco” Villares, hoy secretario de Seguridad local.
El perjuicio al Estado se estimó en unos 2 millones de pesos de entonces, aproximadamente 20 millones actualizados.
Los jueces de Casación intentaron revertir el procesamiento argumentando falta de demostración del dolo, pero Martín Irurzun y Roberto Boico, de la Cámara Federal, lo confirmaron recientemente.
Las contrataciones de modelos y el entramado paralelo
A las irregularidades administrativas se suman cuatro contrataciones adicionales de mujeres para “tareas específicas de inteligencia”, sin que existiera respaldo documental ni formación adecuada. Entre ellas, Carolina Gómez Mónaco, ex Miss Argentina, fue designada por Milman como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito.
El vínculo entre Milman y Gómez Mónaco cobró relevancia pública cuando ambos fueron vistos juntos en la confitería Casablanca el día en que testigos aseguran haber escuchado al diputado pronunciar la frase: “cuando la maten, estaré camino a la Costa”, en referencia al inminente atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En paralelo, Gómez Mónaco creó una sociedad y un centro de estética —Luxa Estética, investigado por la IGJ por irregularidades societarias— que, según los informes, movía entre 10 y 50 millones de pesos anuales. La empresa Salvattore Group terminó liquidada en 2023, y la propia ex Miss Argentina pidió que Milman fuera citado como tercero involucrado.
En otra derivación del caso, apareció una sociedad uruguaya llamada Inversora Milwood, cuyos accionistas nunca fueron revelados. Tenía actividad en Temperley, a pocos kilómetros del domicilio donde Milman vivía junto a su esposa. Esto derivó en una causa por presunto lavado de dinero aún pendiente.
La pulseada en Comodoro Py y el intento de limpiar su imagen
Aun procesado, Milman contó con apoyos dentro del aparato judicial. La jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa que lo vinculaba al atentado contra Cristina Kirchner, una decisión apelada por la querella y la fiscalía. Ahora la resolución está en manos de la Sala M de la Cámara Federal, identificada políticamente con el macrismo.
Ese respaldo judicial no evitó que el diputado se convirtiera en un personaje incómodo: redujo al mínimo sus apariciones públicas y quedó asociado a episodios que incluyeron el rol de Gendarmería en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, así como la pericia discutida sobre la muerte de Alberto Nisman.
Migraciones como refugio político
La intención de Bullrich es reubicarlo dentro del Ministerio de Seguridad, que quedará bajo la conducción operativa de Alejandra Monteoliva cuando ella asuma como senadora. Migraciones aparece como el destino más probable, pese a que su procesamiento por defraudación debería ser un impedimento formal.
El traspaso del organismo a Seguridad expresa una concepción según la cual el inmigrante es un potencial riesgo. Es un viraje inspirado en la política de Donald Trump: endurecer controles, alimentar discursos que asocian migración con delito y desplazar el foco del Estado hacia los recién llegados en lugar de reforzar las áreas que efectivamente deberían combatir el crimen organizado.
La paradoja es evidente: un área clave para controlar fronteras podría quedar a cargo de un dirigente procesado por un caso de corrupción donde las pruebas fueron consideradas “demoledoras” por la Justicia. Pero en el esquema Milei–Bullrich, esa contradicción difícilmente sea un obstáculo real.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com