La quita del FONID, los recortes presupuestarios y la ausencia de una paritaria nacional consolidaron un escenario crítico para la educación pública. Tras dos años de ajuste fiscal, se ampliaron las desigualdades entre regiones mientras universidades y escuelas sostienen reclamos por financiamiento.
Con salarios que en 21 provincias se ubican por debajo de los valores de hace una década, presupuestos provinciales que no acompañan la inflación y la eliminación de mecanismos clave como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el sistema educativo transita uno de sus momentos más delicados en décadas. El deterioro afecta tanto los ingresos de los trabajadores como la capacidad de las jurisdicciones para sostener políticas básicas: en 19 provincias, la inversión educativa está también por debajo de la registrada en 2014.
Las decisiones del gobierno de Javier Milei —supresión del incentivo docente, fin de la paritaria nacional, declaración de la educación como servicio esencial y restricciones al derecho de huelga— rediseñaron las reglas del sector y trasladaron el impacto del ajuste a los salarios y a las arcas provinciales. La consecuencia se observa en más docentes bajo la línea de pobreza, más jurisdicciones con dificultades para financiar programas mínimos y una brecha creciente entre regiones.
Al mismo tiempo, las universidades continúan en conflicto. Durante esta semana se realizaron nuevas jornadas de paro para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente. El reclamo coincide con el debate del Presupuesto nacional, que proyecta asignar apenas 0,75% del PBI a Educación, un retroceso a niveles previos a 2010 y muy lejos del 6% exigido por ley.
Salarios: la variable central del ajuste
En la mayor parte del país, los docentes afrontan sueldos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Esto ocurre en un contexto en el que la administración libertaria implementó medidas que profundizaron problemas estructurales y afectaron las condiciones de vida de los trabajadores del sector.
Hoy, los salarios docentes son más bajos que hace diez años en 21 provincias. Si bien en comparación con 2024 se observa una mejora parcial —explicada por la baja base de ese año recesivo—, esas provincias continúan por debajo de los niveles de 2023.
El análisis surge de observar la evolución del salario anual promedio, medido a precios constantes, de un maestro de grado de jornada simple con una década de antigüedad. En perspectiva histórica, “los salarios de 2025 son más bajos que los del 2014 en todas las provincias del país, con excepción de Chaco, Santiago del Estero y Río Negro”, según el informe de Osvaldo Giordano (IERAL), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación).
El estudio por regiones muestra heterogeneidades. En Cuyo, solo San Juan tuvo una recuperación en 2025. San Luis —referencia histórica por sus salarios altos— registró una merma abrupta, y Mendoza continúa sin recomponer el poder adquisitivo perdido. “En comparación con 2014, todas las provincias de la región presentan salarios, en términos reales, inferiores a los de ese año”, puntualizó el informe.
En el NEA, todas las provincias salvo Corrientes mostraron aumentos respecto a 2024; Misiones sigue entre las de ingresos más bajos. En relación con 2014, únicamente Chaco muestra una mejora real. En el NOA, Salta, Catamarca y Tucumán tuvieron caídas este año y ninguna provincia recuperó los niveles de 2023; comparadas con 2014, todas están por debajo salvo Santiago del Estero.
En la Región Pampeana hubo recuperación en Córdoba y Entre Ríos, pero toda la región permanece con salarios inferiores a los de 2023 y a los de una década atrás. En la Patagonia, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego continuaron entre las jurisdicciones con los valores más altos del país, aunque también por debajo de 2023. En comparación con 2014, solo Río Negro supera aquel nivel.
El deterioro salarial se vincula directamente con la eliminación del FONID, que representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto y que ahora las provincias deben absorber con recursos propios. La declaración de la educación como servicio esencial y la modificación del régimen de paritarias (Decreto 341/2025) profundizaron la descentralización, ampliando aún más las diferencias entre jurisdicciones. En varias provincias, incluso, el gasto educativo total cayó más que los salarios, revelando recortes adicionales en personal no docente, infraestructura o programas complementarios.
Un mapa del ajuste en los presupuestos
En la mayor parte del país se verificó una reducción del gasto público vinculado a Educación y Cultura. Entre 2014 y 2024, esa función perdió participación en el gasto total en 16 provincias, señal de una caída en la prioridad presupuestaria del área.
El informe detalla que en Cuyo las tres provincias redujeron su inversión (aunque San Luis partía de niveles históricamente altos). En el NEA hubo bajas generalizadas salvo en Chaco; en el NOA todas cayeron menos Santiago del Estero. En la región Pampeana se observaron mermas en todas las jurisdicciones. Y en la Patagonia, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego mostraron retrocesos en 2024 respecto de 2023, mientras que Neuquén fue la única con una mejora.
El documento también advirtió sobre “la falta de información pública transparente y estandarizada que permita las comparaciones entre provincias” y remarcó que para 2025 “no se cuenta con datos consolidados de presupuestos provinciales desagregados por función”.
Presupuesto 2026: otro año de recortes
El proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso prevé destinar menos del 1% del PBI a educación, lo que marcaría el tercer año consecutivo por debajo de ese umbral.
De acuerdo con el texto oficial, el Estado nacional invertiría el próximo año apenas 0,75% del PBI, la mitad de lo que se destinaba en 2015 (1,59%). El ajuste se inscribe en un programa fiscal que proyecta para 2026 un gasto real 57% menor al de 2023.
Un análisis privado estimó que el Presupuesto debería aumentar 940% para sostener el mismo nivel real de asignación que en 2023. La Fundación Éforo señaló que “la inflación acumulada en los años 2023, 2024 y 2025 rondará el 940%”, mientras que el proyecto oficial propone una mejora nominal de solo 411%.
Si bien el Gobierno proyecta un rebote del 8% en Educación en 2026, la recomposición dependería de supuestos macroeconómicos difíciles de sostener, como una inflación anual del 10,1%.
La serie histórica muestra que el máximo nivel de inversión educativa se registró en 2015 con 1,59% del PBI. Desde entonces hubo descensos, un breve repunte entre 2020 y 2023 (hasta 1,41%) y una nueva caída en 2024 (0,86%). “Las previsiones al cierre de 2025 y las estimaciones para 2026 anticipan una profundización de esta tendencia, con niveles de inversión en Educación y Cultura equivalentes al 0,73% y 0,75% del PIB, respectivamente”, advirtió un informe de Javier Curcio (IIEP – UBA CONICET).
La Ley de Educación Nacional establece que el presupuesto consolidado de Nación, provincias y CABA destinado a educación no puede ser menor al 6% del PBI. No obstante, “transcurridas casi dos décadas, la meta del 6% se alcanzó solamente en el ejercicio de 2015”. El oficialismo propone ahora derogar el artículo que fija esa obligación.
El panorama revela que, mientras el Gobierno proyecta un 2026 con más recortes, el sistema educativo argentino afronta una crisis que continúa profundizándose.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com