La Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación no sólo redefine el acceso a los subsidios, sino que además establece el recorrido de los precios mayoristas de referencia de la energía. Según datos oficiales, desde su puesta en vigencia existirán únicamente dos segmentaciones: “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”.
La diputada nacional Jimena López, integrante del Frente Renovador, comunicó que presentó observaciones formales ante la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, norma que habilitó una consulta pública no vinculante sobre el valor de las tarifas de electricidad y gas natural a partir de 2026.
De acuerdo con la legisladora, “no se trata de un simple reordenamiento de subsidios, sino de la instalación de un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, y exigió que el nuevo esquema sea debatido y aprobado por el Congreso de la Nación.
La Resolución 484/2025 no sólo redefine quién accede o no a los subsidios, sino que también fija el sendero de los precios mayoristas de referencia de la energía. Según la información oficial, con su aplicación quedarán vigentes sólo dos categorías: “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”, con el beneficio limitado a familias con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales —hoy equivalentes a $ 3.641.397 mensuales— y que además cumplan determinados requisitos patrimoniales.
«El Gobierno anunció que siete millones y medio de hogares van a pagar sin subsidios. Lo que hacen en realidad es redefinir qué significa ‘no estar subsidiado’», señaló López.
El aspecto más problemático no reside únicamente en quiénes quedan dentro o fuera del esquema, sino en el contenido mismo de la categoría “sin subsidio” en el nuevo diseño. El Informe Técnico oficial que acompaña la resolución proyecta que en 2026 el componente “sin subsidio” —usuarios de mayores ingresos y consumos por encima del bloque básico— abonará aproximadamente el 103,4 % del costo mayorista de la energía.
Es decir, un valor superior al costo real, diferencia que se justifica bajo el argumento de una “contribución a costos fijos del sistema, infraestructura y programas de eficiencia”.
“La trampa está en la definición. La gente cree que ‘sin subsidio’ es ‘me cobran lo que sale’. Pero el propio documento oficial dice que a esos usuarios les van a cobrar por encima del costo para financiar obras de infraestructura. Eso no es una tarifa, es un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, denunció la diputada.
López también cuestionó que, en paralelo a la implementación de este esquema, el Gobierno haya disuelto el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) mediante el Decreto 234/2025, un fondo que se financiaba a través de cargos incluidos en las facturas de electricidad.
“Tal vez muchas familias no lo saben, pero ya están pagando infraestructura eléctrica en cada boleta. El Gobierno sigue recaudando un cargo para infraestructura a pesar de que liquidó el fondo de transporte eléctrico y la obra pública en energía está prácticamente paralizada. Ahora encima reconocen que al usuario sin subsidio le van a cobrar más del 100 % del costo para financiar obras que no se hacen. Es hacer pagar dos veces a la gente por una infraestructura que no ve”, subrayó.
La diputada advirtió además que el nuevo esquema “desconoce la realidad energética del país”. El criterio de 3 Canastas Básicas Totales y los consumos base se fijan de manera prácticamente uniforme, sin tener en cuenta:
las diferencias climáticas entre NOA, NEA, Centro y Patagonia;
las provincias donde la calefacción de los hogares depende mayormente de la electricidad;
ni la informalidad y estacionalidad de los ingresos en el interior del país.
“Es un esquema pensado desde el Ministerio de Economía para un país que no existe. Un modelo único de subsidios para realidades completamente distintas. El resultado va a ser gente del norte y del sur pagando tarifas impagables por no encajar en la foto que ven desde el Palacio de Hacienda”, advirtió.
López recordó además que la propia Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio dispuso que las facturas de servicios públicos no pueden incluir cargos ajenos al servicio efectivamente contratado por el usuario.
“Primero dictan una resolución diciendo que en las boletas no se pueden esconder extras, y ahora usan el renglón ‘energía’ para cobrar por encima del costo y financiar otros conceptos. Es una contradicción evidente dentro del propio Ministerio de Economía”, señaló.
La diputada cuestionó también que el Gobierno intente legitimar estas definiciones mediante una consulta pública administrativa de apenas 15 días, cuando la Corte Suprema, en el fallo “CEPIS”, estableció la necesidad de mecanismos de participación robustos en materia tarifaria.
“Una consulta online que dura unas semanas, que casi nadie conoce y que además es no vinculante, no puede reemplazar una audiencia pública seria, ni mucho menos el debate en el Congreso. Si insisten con avanzar por esta vía, no sólo vamos a discutirlo políticamente: vamos a analizar todas las vías jurídicas, incluida la judicialización, porque hay serias dudas de razonabilidad y transparencia”, sostuvo.
Finalmente, la diputada del Frente Renovador concluyó: “No estamos en contra de revisar los subsidios: estamos en contra de que el ajuste se esconda adentro de la factura y se haga sin control democrático. Las tarifas no pueden convertirse en el nuevo sistema de recaudación paralelo del Estado. Este esquema tiene que venir al Congreso, discutirse de cara a la sociedad y corregirse para que no castigue a la clase media y a las regiones más vulnerables del país”.
Con información de Conclusión
Publicado en lanuevacomuna.com