El Presupuesto se discutirá sin el artículo que elimina el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. El enojo presidencial y el choque con el Congreso.
Encerrado en un laberinto que él mismo construyó, el Gobierno intenta encontrar una vía de escape a la crisis autogenerada que estalló en la madrugada del jueves, cuando tanto el Congreso como la calle marcaron un límite. Con los puentes políticos volados y sin los respaldos que esperaba, el oficialismo se vio obligado a retroceder en cuestión de días respecto de las derogaciones de la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, la eliminación de la indexación automática de asignaciones y la reciente reforma laboral. Fallaron los interlocutores con las provincias y el “todo o nada libertario” comenzó a resquebrajarse. El viernes, Patricia Bullrich se reunió con dirigentes radicales, que le advirtieron que “no aceptarían reescribir una coma” de lo que ya había sido rechazado en Diputados. Sin margen, la exministra debió comprometerse a avanzar con el texto aprobado en la Cámara baja “tal como llegó”. La oposición, sin embargo, no confía en la marcha atrás y sospecha que el oficialismo volverá a insistir con los cambios directamente en el recinto. No se equivoca. En Balcarce 50 ya trabajan en nuevas iniciativas para condicionar al Congreso: un paquete de proyectos orientados a regular la ejecución presupuestaria, en sintonía con el frustrado Compromiso Fiscal.
Patricia Bullrich encabeza una cruzada casi en soledad para intentar rescatar el fallido período de sesiones extraordinarias y lograr la sanción del Presupuesto 2026 después de Navidad. La jefa de la bancada libertaria, principal impulsora de cerrar el año con la reforma laboral y la Ley de Leyes aprobadas, chocó con la torpeza política de su propio espacio y ahora busca una salida decorosa que permita al Gobierno exhibir algún logro antes del 30 de diciembre. Con instrucciones directas de la Casa Rosada, Bullrich asistió a la Comisión de Presupuesto del Senado para intentar reinstalar —bajo otro formato— las derogaciones de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario, pero el rechazo de la UCR fue contundente. En la Cámara alta no están dispuestos a asumir el costo político de un ajuste sin matices. Bullrich y Ezequiel Atauche, titular de la comisión, se limitaron a reunir las firmas necesarias para dictaminar y anunciaron que el Presupuesto se tratará “tal como llegó de Diputados”, sin el capítulo 11, el próximo 26 de diciembre al mediodía.
Con el dictamen ya firmado, la ministra declaró ante la prensa: “No tenemos cambios previstos. Vamos a seguir adelante con este dictamen”. Y añadió: “Tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal. Así que, ante la posibilidad de tener déficit, tendremos que ver cómo se arregla, pero no va a ser mediante este presupuesto sino a través de otros instrumentos”.
Con ese compromiso, Bullrich consiguió las firmas de Atauche, Bartolomé Abdala, Agustín Monteverde, Bruno Olivera (LLA), Daniel Kroenemberg, Silvana Schneider, Mariana Juri (UCR), Carlos Espínola (Unidad Federal), Beatriz Ávila (Independencia), Andrea Cristina (PRO) y la propia.
La desconfianza persiste en la oposición. Temen que el oficialismo vuelva a la carga con modificaciones directamente en el recinto. En parte, por las propias declaraciones de Bullrich, que contrastaron con las de Diego Santilli, ministro del Interior, quien por la mañana había anticipado que el Gobierno intentaría reponer el capítulo 11 del Presupuesto en el Senado. “Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, sostuvo Santilli en declaraciones radiales.
Cumbre en la Rosada
Atrapado en su propia maniobra, el Gobierno empezó a delinear un plan alternativo. Si bien en la madrugada del jueves Javier Milei había advertido a sus operadores que, tal como estaba, el Presupuesto no le servía y que estaba dispuesto a vetarlo, esa opción quedó descartada el viernes.
Por la tarde, en la Casa Rosada se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem; y los ministros Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo. El encuentro, que comenzó pasadas las cuatro de la tarde, se extendió por más de dos horas. Aunque muchas miradas se posan sobre Santilli —a quien dentro del oficialismo le atribuyen parte central del fracaso—, fue Toto Caputo quien empujó la arriesgada jugada en Diputados que incluyó las derogaciones del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad.
Más allá de los dichos públicos de Bullrich, los funcionarios resolvieron intentar introducir cambios al Presupuesto directamente en el recinto. Según pudo reconstruir este diario, la estrategia no apuntaría a reactivar el financiamiento universitario ni la emergencia en discapacidad —los dos aspectos más sensibles del capítulo 11 y los que mayor rechazo social generan—, sino a recuperar otros artículos caídos por la lógica del “todo o nada” libertario. Entre ellos, la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la órbita del Consejo de la Magistratura. El primero de estos puntos busca recomponer el vínculo con el PRO, luego de que Cristian Ritondo dejara trascender que recurriría a la Justicia por las designaciones en la Auditoría General de la Nación. La propuesta fue transmitida por el propio Santilli a Ritondo el viernes por la tarde. El diálogo sigue abierto, pero la reconstrucción de la confianza depende del éxito de la nueva maniobra.
Si el oficialismo logra incorporar esas modificaciones, intentará devolver el proyecto a la Cámara de origen para su sanción definitiva el lunes 29 o el martes 30 de diciembre, sobre el cierre del período de extraordinarias.
La estrategia choca con el reclamo persistente de los gobernadores, que insisten en la reactivación de la obra pública sin obtener respuestas. En el Senado apenas dos legisladores porteños podrían acompañar la restitución de fondos de coparticipación para la Ciudad; para el resto, la iniciativa incluso podría interpretarse como una provocación.
En ese marco, la senadora schiarettista Alejandra Vigo recordó en su cuenta de X que “a Córdoba le adeudan alrededor de $690.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas $122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias”. También cuestionó al secretario Carlos Guberman por “desconocer el monto reclamado por Córdoba” y por negar “la existencia de un acuerdo en el marco de una causa que se tramita ante la Corte Suprema”. Y agregó: “El proyecto, además, debilita servicios públicos esenciales: mantiene paralizadas las obras públicas, limita el crecimiento y profundiza las desigualdades entre provincias”.
La ira de Milei contra el Congreso y los gobernadores que rechazaron el capítulo 11 es absoluta. El Presidente pretende avanzar con la denominada ley de “disciplina fiscal”, que blinda la regla del déficit cero y busca atar de manos al Parlamento mediante un esquema de sanciones —incluso penales— para quienes voten normas que alteren el equilibrio fiscal. El proyecto ni siquiera pasó por la Comisión de Legislación Penal y, aunque el oficialismo pretendía tratarlo el jueves, no logró siquiera presentar a su miembro informante. Para febrero, la Casa Rosada evalúa nuevas herramientas para condicionar al Congreso: un proyecto para regular la ejecución presupuestaria, reforzar la regla fiscal y retomar la discusión sobre la reforma laboral.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com