El proyecto de reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso se inscribe en un contexto social y económico marcado por el deterioro acelerado de los ingresos, la pérdida de empleo y la expansión de la precariedad. Los datos disponibles muestran con claridad el punto de partida: el 72% de los trabajadores percibe un millón de pesos o menos por mes, muy por debajo del valor de la canasta de pobreza para un hogar tipo, que supera los 1,25 millones de pesos sin incluir alquiler. En ese escenario, la iniciativa oficial no propone recomponer salarios ni fortalecer el mercado interno, sino avanzar en una profunda reconfiguración regresiva de derechos laborales.
La ofensiva se da, además, en un momento en el que la inflación vuelve a acelerarse. Mientras el Presidente insiste en que los precios tenderán a cero, el índice oficial marcó una suba mensual del 2,5%, con los alimentos —y en particular la carne— como principal motor. El resultado es una ecuación cada vez más asfixiante para los trabajadores: ingresos que no alcanzan y consumo en mínimos históricos, incluso en rubros emblemáticos como la carne bovina.
El deterioro del empleo acompaña esa dinámica. Desde la asunción de Milei se perdieron más de 400 mil puestos asalariados formales, mientras crecieron el trabajo informal y el monotributo. La recomposición del mercado laboral es claramente regresiva: nueve de cada diez nuevos empleos generados en este período son precarios. La desprotección laboral alcanzó su nivel más alto en décadas, con especial impacto en los trabajadores de plataformas, uno de los sectores que el propio proyecto oficial consolida como mano de obra sin derechos.
En paralelo, el discurso gubernamental encuentra voceros políticos y empresariales que presentan la reforma como una solución para las PyMEs. Sin embargo, el texto legal desmiente esa promesa. Mientras las grandes inversiones cuentan con un régimen extraordinario de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a través del RIGI, el anunciado Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones ofrece estímulos mínimos y claramente desiguales. La brecha entre grandes grupos económicos y empresas medianas no se reduce: se profundiza.
El corazón de la reforma apunta a modificar el equilibrio entre capital y trabajo. El proyecto desconoce la jerarquía de los convenios colectivos, habilita que acuerdos de menor alcance empeoren condiciones previamente conquistadas y retoma la lógica de la flexibilización de los años noventa. El antecedente inmediato es la llamada “Ley Banelco”, sancionada mediante corrupción y luego derogada, pero hoy reciclada bajo un nuevo ropaje ideológico.
Entre los beneficios empresariales se incluyen la reducción de contribuciones patronales, la creación de un fondo estatal para financiar indemnizaciones —una estatización del costo del despido— y una amplia condonación de sanciones para empleadores que mantuvieron trabajadores en la informalidad. Para los trabajadores, en cambio, la reforma propone eliminar la ultraactividad de los convenios, avanzar con el banco de horas, debilitar el preaviso, fragmentar vacaciones, imponer salarios variables y restringir de manera severa el derecho a huelga y a la organización en los lugares de trabajo.
El proyecto también impacta con particular dureza en sectores históricamente vulnerables, como el trabajo en casas particulares, ampliando períodos de prueba y profundizando la inestabilidad. Todo el entramado normativo se orienta a reducir costos laborales como forma de compensar la caída del consumo y la recesión, trasladando el ajuste sobre quienes viven de su trabajo.
La reforma que impulsa Milei no es neutra ni técnica. Responde a una concepción explícita que cuestiona el principio de progresividad de los derechos sociales consagrado en la Constitución y busca vaciar de contenido garantías básicas como la protección contra el despido, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Bajo la promesa de modernización y eficiencia, el proyecto consolida un esquema de privilegios para los grandes actores económicos y una regresión histórica para la mayoría de los trabajadores.
La discusión que se abre en el Congreso no es solo laboral. Es, en términos concretos, una disputa sobre quiénes pagan el costo del modelo económico y quiénes resultan beneficiados. Los números, los antecedentes y la letra chica del proyecto dejan en claro que, una vez más, los privilegiados de siempre quedan del lado ganador.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com