La coartada del ajuste fue erradicar la inflación. El ajuste se ejecutó, ahora avanzan con una reforma laboral regresiva, pero la inflación persiste y ya superó la registrada durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando los salarios no estaban congelados como en la actualidad.
El modelo de país que va delineando este gobierno se parece cada vez más a una sociedad sin derechos, ordenada exclusivamente por el mercado. El mercado borra la noción de soberanía y pasa a decidir quién va preso y quién se toma vacaciones. Ese mercado, además, funciona con una lógica jerárquica determinada por el poder económico. Es decir: la libertad que pregonan los libertarios se asemeja a una milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Para quienes creyeron que el sacrificio valía la pena, el 2,5 por ciento de inflación —medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho— trajo malas noticias: pérdida de empleo, cierre de empresas y, encima, inflación.
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó en el Congreso el proyecto de reforma laboral. El funcionario está vinculado a represores y dicta cursos en cuarteles sobre “memoria completa”. Mogaburu promueve la reconciliación y el perdón a los genocidas. El paquete es consistente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que habilitó a las Fuerzas Armadas a intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho de huelga y otros derechos contemplados en la reforma laboral enviada al Parlamento.
Durante el mes se multiplicaron los actos por los derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y plazas de todo el país. El jueves, además, se realizó un festival en Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. En paralelo, la CGT anunciaba un acto público contra el proyecto de ley presentado en el Congreso.
No hay derechos humanos ni derechos laborales. No hay derecho a la protesta ni garantías contra la tortura y la violación, como exigen quienes reclaman la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras usurpar el Estado. En la sociedad que conciben los libertarios —y que fue votada por muchos que perderán derechos— no existen sujetos de derecho.
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso ya era complejo en democracia, el mercado ni siquiera lo considera, porque el único derecho que reconoce es el del que acumula más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos conllevan responsabilidades, pero no se obtienen por mérito. La democracia, al menos, reconoce que todos tienen derecho a la alimentación, a la educación y a la salud; luego dependerá de los gobiernos garantizarlos.
Los libertarios diseñaron una democracia con voto pero sin derechos. Y los derechos son universales porque son inherentes a la condición humana: si son para unos pocos, no califican. La democracia se sostiene sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno invoca democracia y libertad, pero cuando arma la milanesa le pone papel higiénico en lugar de libertad y democracia.
El programa económico empujó esta deriva antidemocrática que se profundiza de manera progresiva. El ciclo de endeudamiento externo comenzó con la dictadura, junto con la fiesta financiera y la fuga de capitales, como ocurre ahora. El plan económico actual guarda continuidad con el de José Alfredo Martínez de Hoz, que necesitó disciplinar a los gremios y sofocar toda protesta social. Entonces la herramienta fue el golpe y la dictadura; hoy son las grandes corporaciones las que redactan las leyes laborales y el JP Morgan el que fija el rumbo financiero.
Mientras Javier Milei viajaba a Oslo en su rol de aplaudidor, Federico Sturzenegger dejaba trascender los aspectos más confiscatorios del proyecto de reforma laboral, que recorta salarios, calidad de vida y derechos. Al mismo tiempo se filtraban supuestas negociaciones que la CGT desmentía. El gobierno montó una puesta en escena de policía bueno con Santiago Caputo y Martín Menem, y policía malo con Sturzenegger.
En ese esquema no hay héroes. Emergen las fantasías del empresario ideal imaginado por Sturzenegger. El oficialismo llama “modernización” a una ley que retrotrae las relaciones laborales a comienzos del siglo pasado. El texto fue redactado por estudios jurídicos al servicio de grandes corporaciones, bajo una concepción medieval según la cual el trabajo no vale y debe agradecer al capital por existir.
La estrategia oficial es introducir el proyecto en el Senado, donde cuenta con 21 legisladores propios, más diez radicales y tres del PRO. La iniciativa es tan reaccionaria que unificó al panperonismo, la CGT y las dos CTA. Unión por la Patria suma 28 senadores, con margen acotado para crecer. Como el texto incluye una cláusula impositiva, el bloque advirtió que debe ingresar por Diputados. El peronismo pretende elaborar una propuesta propia, ya que la del oficialismo no contiene un solo punto favorable a los trabajadores.
El viaje de Milei a Oslo para aplaudir, junto a Donald Trump, a la millonaria venezolana Corina Machado —impulsada por Trump para que Noruega le otorgue el Nobel de la Paz— expuso al presidente argentino en una sobreactuación de sometimiento. En Oslo estuvo solo: no fueron ni Machado ni Trump. Sí hubo, en cambio, una masiva protesta contra la obsecuencia del Comité Nobel con Trump, quien amenaza con invadir a sangre y fuego el país de la premiada.
Según el economista griego Yanis Varoufakis, Estados Unidos da por perdida la guerra comercial con China y busca desacoplarse de su economía. Para eso necesita reafirmar su control sobre el llamado “Hemisferio Occidental”, es decir, América Latina. Requiere energía y materias primas para reconstruir su industria y contener a China. Varoufakis explica así el giro agresivo hacia la región, ejemplificado en el uso de la fuerza en Venezuela y el ahogo mediante deuda externa en Argentina. La diferencia es que aquí gobierna una administración dócil y dispuesta a facilitar ese proyecto extractivista neocolonial.
En el ida y vuelta presidencial a Oslo, el Indec informó una inflación del 2,5 por ciento, superior al máximo registrado durante el kirchnerismo, con la salvedad de que entonces los salarios se actualizaban y hoy están congelados. El pico inflacionario se produjo sin crecimiento del consumo ni suba del dólar y con un supuesto superávit. Se perdieron empleos, hubo recortes, las rutas nacionales están destruidas, no hay obras de infraestructura y los jubilados sufrieron un recorte del 30 por ciento. Ajuste tras ajuste, y la inflación continúa.
Algunos comparan el dato con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, cuando la inflación llegó al 12 por ciento. Pero aquel proceso tuvo causas concretas: la guerra en Ucrania que disparó los precios de los alimentos, una sequía histórica que costó 20 mil millones de dólares y varios meses de pandemia que obligaron a emitir para evitar un cierre masivo de empresas. Tres catástrofes ya superadas cuando asumió el actual gobierno.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com