La conducción de la central obrera permanece reunida en la histórica sede de Azopardo. Desde allí, los dirigentes confirmaron que continuarán las conversaciones con legisladores y gobernadores para intentar frenar el proyecto oficial. Otras centrales sindicales anunciaron que también se sumarán a la jornada de protesta.
El Consejo Directivo de la CGT resolvió por unanimidad convocar a una movilización el jueves 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La propuesta surgió del triunvirato que encabeza la central y constituye la primera respuesta orgánica frente a un texto que, según remarcan, no contiene “ningún artículo favorable a los trabajadores y trabajadoras”. Al mismo tiempo, la central adelantó que seguirá dialogando con gobernadores, senadores y diputados para pedirles que no acompañen “el maléfico proyecto”.
El borrador definitivo se conoció este martes, tras el regreso del Presidente de su viaje a Noruega, un periplo de escasa repercusión y sin resultados concretos —más allá de las millas acumuladas—. Los puntos negativos que los gremios venían observando en las versiones preliminares se mantuvieron prácticamente sin cambios en el texto final, sin que apareciera ningún avance a favor del sector.
En la sede de Azopardo 802 hubo múltiples encuentros previos a la reunión del Consejo Directivo. Cada agrupamiento sindical analizaba el articulado, consultaba a sus equipos legales y llegaba a la misma conclusión: no reaccionar sería dejar pasar “este mamotreto antiobrero”.
El dirigente Cristian Jerónimo fue uno de los primeros en impulsar una respuesta, recorriendo las oficinas del edificio y transmitiendo una idea clara: “No podemos no hacer nada, tenemos que salir a calle”. A partir de allí tomó forma la propuesta de una marcha-concentración en Plaza de Mayo, una ubicación atribuida al estatal Andrés Rodríguez (UPCN).
Cuando el Consejo Directivo inició su primera reunión bajo el nuevo triunvirato, el clima ya estaba marcado. Todas las intervenciones coincidían en la necesidad de una acción pública. La posibilidad de un paro nacional no se evaluó, pero sí se decidió convocar a las 80 regionales de la CGT para que desplieguen acciones en sus territorios, articulen con legisladores y trasladen el reclamo a los gobernadores.
Fue el triunviro Jorge Sola (seguros) quien, al finalizar el encuentro, detalló ante la prensa las tres líneas de acción acordadas. La primera, dijo, es la gestión política: “Llevar nuestro reclamo a cada legislador, senador, gobernador y gobernadora. Vamos a explicar por qué esta ley no puede avanzar”.
La segunda vía es la judicial. Sola adelantó que promoverán presentaciones porque “muchos puntos van en contra de principios protectorios del derecho del trabajo y son inconstitucionales”.
La tercera es la movilización territorial, que implica activar las regionales de la CGT para lograr un rechazo unificado y reforzar la interlocución con autoridades provinciales.
Por su parte, Rodríguez (UPCN) sostuvo que el proyecto “ataca la estructura sindical, genera muchas modificaciones en los derechos colectivos e individuales de las trabajadoras”. Y añadió que esto marca “el principio de un plan de acción que despliega la CGT producto de esta unilateralidad que decide el gobierno de modificar de raíz lo que significan los derechos laborales”.
La marcha del 18 promete una fuerte convocatoria: además de las columnas de la CGT, las dos vertientes de la CTA —referenciadas en Hugo Yasky y Hugo Godoy— confirmaron que rechazan la reforma y acompañarán la protesta. También llamaron a sus regionales a concentrarse en las principales plazas del país junto a la central obrera. En la misma línea, Gerardo Martínez (UOCRA), único sindicalista que participó de la mesa del Consejo de Mayo, afirmó que “comienza una etapa en la defensa, de resistencia”.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com