La imagen que coronó el Encuentro Federal de Derechos Humanos sintetizó todo: Cristina Fernández de Kirchner saludando desde el balcón de San José 1111, rodeada por un dispositivo de restricciones que evidencia la excepcionalidad de su situación, y abajo una multitud que la ovacionaba reclamando lo que consideran una injusticia política. Ese cierre fue más que un gesto: condensó la lectura que atraviesa todo el encuentro —que sin Cristina libre, la democracia argentina está incompleta.
El evento, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, reunió a alrededor de 650 participantes distribuidos en trece comisiones, bajo la consigna “con proscripción no hay Derechos ni Democracia”. Una consigna incómoda para el oficialismo libertario y, también, para sectores del poder judicial que sostienen el esquema que mantiene a la expresidenta en prisión domiciliaria.
Horacio Pietragalla sintetizó la tensión del momento: “No podemos naturalizar verla en un balcón”. La escena de una exmandataria sometida a un régimen más restrictivo que el que enfrentan varios represores condenados fue uno de los ejes más reiterados durante la jornada. En un país donde genocidas circulan por supermercados o participan de fiestas sin sobresaltos, el contraste funciona como denuncia política en sí misma.
El panel de cierre reunió a Máximo Kirchner, Sergio Maldonado, Charly Pisoni, Irina Hauser y referentes de organismos de derechos humanos. Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel no pudieron asistir, pero enviaron mensajes que reforzaron la idea central: la libertad de Cristina es presentada como una causa estructural, no solo partidaria. Pérez Esquivel fue explícito al ubicarlas en un mapa regional: la persecución contra líderes populares —Evo Morales, Rafael Correa, Lula en su momento— como parte de un patrón común de disciplinamiento.
Máximo Kirchner, en un discurso que buscó trascender la coyuntura, habló de militancia, de desánimo y de reconstrucción interna. Evitó la victimización y apuntó a la dimensión política del problema: “No solo queremos la libertad de Cristina, queremos la libertad de nuestro pueblo. ¿Qué libertad hay si no se puede llegar a fin de mes?”. Y resignificó el rol de su madre no como figura pasiva, sino como sujeto político cuya presencia —incluso restringida— sigue operando en la escena pública.
La reacción de los grandes medios ante la foto reciente de Cristina con economistas fue señalada como ejemplo de la doble vara, mientras se interroga por qué indigna más una reunión con técnicos heterodoxos que la presencia de un cantante popular festejando con un represor beneficiado con domiciliaria.
Charly Pisoni llevó la discusión a un plano más crudo: el contraste entre las limitaciones impuestas a la expresidenta y la indulgencia habitual para con varios condenados por crímenes de lesa humanidad. Enumeró políticas públicas que, según la militancia, explican las ofensivas judiciales contra Cristina, y no tardó en aparecer en el auditorio el nombre de Héctor Magnetto como símbolo de ese conflicto estructural.
Irina Hauser repasó las irregularidades procesales, la selectividad del Poder Judicial y el lawfare como categoría indispensable para entender la persecución política en la región. Señaló el uso abierto del derecho penal como herramienta de intervención partidaria, y recordó que la obediencia interna del sistema judicial se sostiene sobre privilegios corporativos que garantizan su impunidad.
También mencionó el factor externo: la influencia de Estados Unidos en los procesos judiciales locales, subrayada por declaraciones recientes de la embajada norteamericana sobre el “tipo de justicia” que Cristina “debe recibir”. No hizo falta detenerse mucho más para que el auditorio captara el sentido de la advertencia.
La participación de referentes de provincias como La Rioja reforzó la idea de que la disputa excede al conurbano y al microclima político porteño. Pocho Brizuela habló de una “encrucijada histórica” y de la necesidad de evitar que el desánimo se convierta en renuncia, en un momento donde la derecha intenta imponer su lectura del país como si fuera la única posible.
Sergio Maldonado, en un tramo cargado de silencio, expuso la parálisis provocada por el miedo dentro del ámbito judicial. La imposibilidad de conseguir peritos para avanzar en la causa por espionaje ilegal da cuenta del nivel de disciplinamiento y del vacío institucional que denuncian los familiares de víctimas de violencia estatal desde hace años. “Lo de Cristina es aleccionador”, dijo, y la palabra resonó como un diagnóstico político más que personal.
En el cierre, Pietragalla retomó el punto que atravesó todo el día: la causa contra Cristina es política y deberá resolverse políticamente. No como un acto de indulgencia sino como parte de una disputa de mayor escala por el sentido de la democracia, el rol del poder económico y el uso del aparato judicial como herramienta de control.
Lo que quedó claro es que el reclamo por Cristina libre articula algo más amplio: un diagnóstico sobre el estado de la democracia argentina y un llamado a la militancia a reconstruir fuerza política en un contexto donde la crueldad aparece como norma y no como excepción.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com