Spagnuolo intenta deslegitimar la pesquisa para desacreditar los audios donde habla de corrupción y coimas en la Rosada.
Mientras Diego Spagnuolo buscaba este lunes desacreditar la causa con un peritaje privado que sostiene que los audios en los que se lo oye describir la estructura de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el reparto de porcentajes hacia la Casa Rosada fueron “editados y manipulados”, en Comodoro Py declaraba bajo indagatoria un funcionario clave del organismo, el primero en romper el silencio sostenido hasta ahora. Se trata de Roger Edgar Grant, quien al aceptar responder preguntas confirmó la hipótesis del fiscal Franco Picardi: que las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia se adjudicaban a un reducido grupo de droguerías mediante un mecanismo direccionado, y que también se alteraban los pagos y los montos. Según reconstruyó Página/12, este exfuncionario señaló a su superior, Daniel Garbellini, extitular de Acceso a los Servicios de Salud, y afirmó que seguía todas sus órdenes.
Un imputado que declara
Grant intentó deslindar responsabilidades apuntando directamente a su jefe. Explicó que Garbellini lo llevó a ANDIS, donde fue designado el 11 de junio de 2024 como Coordinador de Gestión de Urgencias (dependiente de Acceso a la Salud). Ambos provenían de la obra social OSPSIP, del personal de Seguridad. Sin embargo, los chats entre ellos y los intercambios entre Grant y el empresario-lobista Miguel Ángel Calvete mostrados por la fiscalía lo ubican como ejecutor de las maniobras. “Sabía quiénes iban o no a cotizar, manejaba los tiempos del proceso, ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no a cotizar, ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema y se interiorizaba sobre quiénes habían ‘podido’ cotizar”, puntualizó la fiscalía. Añadió que, además de “concretar los direccionamientos ordenados por Daniel María Garbellin”, aparecía mencionado en los cuadernos de Calvete.
Al responder las preguntas del juzgado y del Ministerio Público, fue categórico en asegurar que Garbellini marcaba cada paso que él debía cumplir, incluidos los nombres de las droguerías que debían ser invitadas a cotizar y cuáles debían obtener la adjudicación, según indicaron fuentes de la causa. En uno de los chats incorporados al expediente, Garbellini le ordena: “el lunes dar de alta esta droguería en el sistema”. Luego Grant le informa que la incorporó “para la próxima compulsa”, detalla los números de tickets y aclara que “está en cotización, próximo a adjudicar”. En otro intercambio, ante las consultas de su jefe, dice que faltaban cotizar Disval y Hemipharm y señala que en las “especiales” solo había cotizado Génesis S.A., vinculada —entre otros— a Pablo Atchabahian, quien durante la gestión de Mauricio Macri ocupó el cargo que ahora tenía Garbellini. Las “especiales” eran compulsas fraguadas donde las cuatro droguerías invitadas estaban preseleccionadas: Génesis, Profarma S.A., New Farma SA y Floresta SA.
En los cuadernos de Calvete —vinculado a varias droguerías— figura, entre otros apuntes, una anotación del 4 de septiembre: “llamar (…) Roger por precios”. Calvete mantenía vínculo tanto con Spagnuolo como con Garbellini. Grant señaló que fue su superior quien se lo presentó. La semana pasada declaró también Eduardo Nelio González, quien no respondió preguntas pero igualmente apuntó contra Garbellini. Contó que llegó a ANDIS con una modalidad de trabajo que no compartía y por ese motivo terminó relegado a tareas administrativas en una oficina aislada. En términos formales, su función era relevante: director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas (desde el 12 de junio de 2025, aunque ya operaba antes de manera informal). Sugirió manejos dudosos y reconoció conocer desde antes a Calvete, con quien había integrado la firma Proveedora Integral de Supermercados Chinos SRL. Un universo reducido.
Este martes debe declarar Luciana Ferrari, directora de Prestaciones Médicas entre 2018 y 2019. Al momento de la pesquisa trabajaba en Laboratorios Roche, de donde habría sido desvinculada. Conservaba desde el año pasado una clave activa para acceder al sistema de ANDIS. También será indagado Federico Santich, gerente y accionista de Profusión SRL, pero con vínculos directos con Profarma S.A., empresa donde se encontraba cuando fue allanada. Hay mensajes que muestran su relación con Calvete y transferencias millonarias destinadas a Profarma S.A.
Los audios de Spagnuolo
La utilización de los audios como disparador de la denuncia —lo que jurídicamente se conoce como “noticia criminis”— ya fue cuestionada, y los pedidos de nulidad fueron rechazados tanto por Picardi como por el juez Sebastián Casanello. El tema está en la sala II de la Cámara Federal y pronto podría resolverse. Sin embargo, la presentación de la familia Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, se centraba más en una supuesta afectación a la intimidad, pese a que inicialmente habían solicitado peritar las grabaciones. Con más de tres meses de atraso, la defensa de Spagnuolo, a cargo de Mauricio D’Alessandro, sostiene ahora que las grabaciones fueron obtenidas de forma ilícita, “editadas y manipuladas con inteligencia artificial”, y que hubo escuchas ilegales. Ya se sabía que había cortes, porque no se escucha a los interlocutores, que serían más de uno. Tampoco niegan que la voz sea la de Spagnuolo, ya que el propio informe presentado no lo determina. Aun así, piden excluir las grabaciones como “fruto del árbol envenenado” y sobreseer al extitular de ANDIS.
Como se sabe, Picardi no se basó en los audios para dictar su extenso requerimiento, que derivó en 15 indagatorias a exfuncionarios de la gestión libertaria y anteriores, además de empresarios y lobistas. Analizó un volumen considerable de documentación incautada en allanamientos, mensajes recuperados de celulares —incluido uno borrado, el de Garbellini— y movimientos bancarios. Las defensas siguen atentas a lo que resuelva la Cámara, que también estudia, por pedido de los Kovalivker, si esta causa podría ser considerada cosa juzgada por un expediente archivado el año pasado.
D’Alessandro presentó un peritaje de Miguel Ángel de la Torre Guijarro, especialista en acústica forense y director de la empresa española Graudio Forensics SL. El informe sostiene que la grabación se desarrolla en “diferentes contextos comunicativos y condiciones ambientales”. Indica que al inicio parece realizada en un recinto cerrado “compatible con una cafetería o restaurante”, y que a partir del minuto 1:44 adquiere rasgos “compatibles con una conversación telefónica”. Señala que la grabación no mantiene continuidad y que presenta 18 cortes “compatibles con la edición y manipulación intencionada con posterioridad al proceso de registro”. También detecta “artefactos o eventos electroacústicos” propios de errores de edición. Afirma que en una conversación se identificó una “voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial con una estimación de probabilidad del 65 por ciento”. Pero agrega: “No obstante, la falta contenido y contexto al no disponer de toda la secuencia conversacional y resto de hablantes dentro del discurso, no permite tomar una decisión final sobre la existencia total o parcial de voz sintetizada”.
En este marco, difícilmente el peritaje modifique de manera sustancial la situación procesal de Spagnuolo, pese a la estrategia impulsada por su abogado.
Con Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com