El Ministerio de Defensa atraviesa una transformación profunda desde la llegada del gobierno de Javier Milei, marcada por el avance de discursos de “memoria completa” impulsados por sectores que reivindican a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Desde hace meses, el Gobierno imparte seminarios de “derechos humanos y verdad completa” entre militares en actividad y en formación, presentados oficialmente como espacios de “concordia y perdón”, pero dictados por referentes ligados a organizaciones que exigen beneficios para los responsables del terrorismo de Estado.
Estos cursos comenzaron bajo la gestión de Luis Petri y todo indica que se profundizarán con la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa. Su llegada al Edificio Libertador generó un fuerte rechazo entre organismos de derechos humanos: Presti es hijo del represor Roque Presti —responsable del Área 113 en La Plata, desde donde se ordenaron secuestros y asesinatos emblemáticos como los de la Noche de los Lápices— y nunca repudió públicamente los crímenes de su padre. No solo implica la vuelta de un militar al frente de la cartera después de 44 años, sino también un mensaje político de reivindicación histórica hacia las Fuerzas Armadas del período dictatorial.
El propio Petri había anticipado este giro. En actos recientes, defendió la idea de que existió una “demonización” de los militares y celebró haber eliminado los equipos de relevamiento documental que trabajaban con archivos para colaborar con los juicios de lesa humanidad. También reivindicó a los “héroes de los ‘70”, un concepto que los organismos consideran parte del relato negacionista.
En ese marco, Petri incorporó a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal como asesores en la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Ambos integran organizaciones que históricamente reclamaron amnistías amplias para represores, promovieron hábeas corpus a su favor y sostienen desde hace décadas un discurso que coloca en el mismo plano el accionar criminal del Estado terrorista y las acciones de organizaciones armadas de los años ‘70. Desde esa óptica, Larrabure e Ibarzábal recorren liceos militares con seminarios sin programa ni bibliografía, basados exclusivamente en testimonios que exaltan la “verdad completa” y omiten los crímenes sistemáticos cometidos por la última dictadura.
A este esquema se suma el rol de Joaquín Mogaburu, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio, quien acompaña estas actividades mientras mantiene su cargo como secretario del Tribunal Oral Federal 7, encargado del juicio de los “cuadernos”.
La llegada de Presti al Ministerio intensifica la preocupación. Desde Historias Desobedientes —organización que reúne a hijos y familiares de represores que repudian el accionar de sus padres— señalaron que su designación constituye un retroceso grave: “Nunca se pronunció contra los crímenes de su padre ni de la dictadura”, advirtieron. En la misma línea, Estela de Carlotto alertó que esta política “abre una situación de violencia social” al reinstalar discursos que relativizan los crímenes del terrorismo de Estado.
Durante su paso por el Ejército, Presti ya había encabezado actos vinculados a la “memoria completa”, incluso junto a la vicepresidenta. Su perfil público, tradicionalmente hermético, comenzó a adquirir un sesgo político desde su participación en comitivas oficiales a Estados Unidos y su acercamiento a La Libertad Avanza.
La dinámica se completa con la presencia de figuras como Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército e impulsor de esa narrativa, que reapareció en actos religiosos organizados por el obispo castrense Santiago Olivera, quien también aboga por beneficios para represores.
En conjunto, estos movimientos delinean un rumbo claro dentro del Ministerio de Defensa: un retroceso institucional en materia de Memoria, Verdad y Justicia y una reconfiguración ideológica hacia posiciones que buscan revisar, relativizar o directamente negar las responsabilidades del Estado durante la última dictadura.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com