La caída del supuesto préstamo de 20 mil millones de dólares que JP Morgan, Citigroup y Bank of America habrían estado analizando volvió a exhibir el funcionamiento peculiar del Gobierno, que suele moverse entre anuncios difusos y desmentidas. Aunque Luis Caputo negó haber mencionado ese financiamiento y lo atribuyó a “operaciones”, lo cierto es que las comunicaciones oficiales relevantes llegan desde Estados Unidos desde la irrupción de Scott Bessent como figura clave del esquema económico.
Mientras tanto, Caputo intenta negociar un “repo” mucho menor —unos 5 mil millones— para afrontar los vencimientos de enero, herencia de la gestión Macri. Con apoyo de Washington, es probable que lo consiga. En paralelo, los medios afines al oficialismo minimizaron el revés del préstamo y desplazaron su atención hacia temas varios: el nuevo título de la AFA, el fin de semana largo, los incidentes en Camioneros y los movimientos legislativos que profundizan la fragmentación del peronismo.
Los nombramientos de Alejandra Monteoliva en Seguridad y del teniente general Carlos Alberto Presti en Defensa sumaron otro capítulo. El ascenso de la mano derecha de Bullrich estaba descontado, pero la designación del jefe del Ejército como ministro representa un hecho inédito desde 1983. El Gobierno lo presentó como el cierre de décadas de “demonización” hacia las Fuerzas Armadas.
En el plano económico, los indicadores sectoriales muestran una retracción persistente. Se multiplican los cierres de empresas —especialmente pymes— y caen las ventas en hipermercados, mayoristas y farmacias. La actividad industrial sigue la misma tendencia. El precio de los alimentos —con la carne y los frescos a la cabeza— explica buena parte del aumento del IPC, mientras la actualización oficial del índice se demora. A esto se suman tarifas, alquileres, transporte y prepagas, lo que deriva en una presión sostenida sobre los ingresos familiares. El consumo retraído se evidencia a simple vista en comercios, supermercados y espacios de ocio.
Los indicadores “macro”, como el superávit fiscal que exhibe el Gobierno, contrastan con la realidad cotidiana y alimentan una estabilidad frágil, aceptada más por falta de alternativas que por adhesión. Las encuestas posteriores a las elecciones coinciden: la imagen negativa del Presidente supera con claridad a la positiva y alrededor del 60% de la población se muestra pesimista sobre la economía. Son registros provenientes de consultoras próximas al oficialismo.
La falta de una opción competitiva ordenó el voto, sumada al discurso del “están muriéndose” y al apoyo explícito de Donald Trump, factores determinantes más allá del electorado antiperonista tradicional. Así, en la coyuntura, el Gobierno sigue sin rivales y los principales daños parecen ser producto de sus propias internas: disputas por cargos, espacios de poder y negocios. No hay contiendas ideológicas de fondo; las que existían quedaron definidas en las urnas.
A esto se agregan los escándalos de corrupción, especialmente el caso $Libra, cuyo informe en Diputados habla de estafa, apunta a Milei e incluso menciona encubrimiento judicial y violación de límites institucionales al promocionar un activo privado que habría derivado en una estafa masiva. A ello se suman denuncias de sobornos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. En cualquier país con estándares institucionales firmes, hechos así provocarían un sismo político. Aquí, la respuesta institucional es incierta.
Surge entonces la pregunta sobre la tolerancia social frente a un Gobierno que profundiza la exclusión: ¿falta información, falta voluntad de informarse o falta dirigencia capaz de encarnar alternativas confiables? La ausencia de figuras con credibilidad personal —más allá de cualquier marco ideológico— dificulta la construcción de una opción viable. La renovación política depende tanto de programas como de gestos y comportamientos que la sociedad pueda considerar genuinos.
En sintonía con este análisis, Nora Merlín señaló que la crisis de representación democrática abrió paso al avance de derechas radicalizadas que no ganan por interpretar demandas sociales, sino por intervenir en la subjetividad colectiva. Su estrategia consiste en instalar climas emocionales basados en miedo, angustia y desconfianza; identificar enemigos y canalizar allí las frustraciones. Se trata de una simplificación eficaz.
El desafío, concluye Merlín, es reconstruir un sentido común no regido por el miedo: recuperar la confianza, recomponer lazos y disputar el terreno de las emociones donde hoy se libra buena parte de la batalla política.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com