Mientras avanzan en Comodoro Py las causas por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno nacional intenta frenar en los tribunales el amparo colectivo que exige implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, recusó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien estaba a punto de dictar un fallo de fondo que declararía inconstitucional el DNU con el que la Casa Rosada había suspendido la norma pese a la insistencia del Congreso. En paralelo, el Ejecutivo pidió declarar “abstracto” el expediente con un argumento que generó estupor: sostuvo que los fondos para aplicar la ley estarían “garantizados” en el presupuesto 2026, pero no en el del Gobierno, sino en el dictamen de minoría de la oposición.
Un amparo que avanzaba pese al Ejecutivo
El amparo había sido presentado por dos familias con hijos con discapacidad, en reclamo de la aplicación plena de la ley, destinada a sostener apoyos esenciales para personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). La norma había sido vetada dos veces por el Gobierno, la última mediante el Decreto 681/2025 firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que la promulgó pero suspendió “en su ejecución” al alegar la falta de fondos.
Organizaciones de escuelas especiales, centros de día, centros terapéuticos, transportistas, REDI y ACIJ se sumaron al amparo, alertando que el congelamiento arancelario y la falta de financiamiento estaba llevando a instituciones enteras al borde del cierre. Pese a los múltiples intentos del Gobierno por trabar el expediente, González Charvay rechazó uno por uno los planteos dilatorios y había ordenado incluso publicar un edicto en el Boletín Oficial para sumar a más familias al reclamo.
Según fuentes judiciales, el juez estaba próximo a declarar la inconstitucionalidad del DNU. Pero antes de que firmara el fallo, el Gobierno logró apartarlo. La decisión quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.
Una recusación basada en un argumento insostenible
Para justificar la recusación, el procurador Castro Videla acusó al juez de “prejuzgar” por haber señalado en una resolución que el decreto de Francos suspendió la ley. Pero esa afirmación es textual: el propio DNU establece que la norma queda “suspendida en su ejecución” hasta que aparezcan los recursos. La acusación de prejuzgamiento aparece así como un intento de bloquear un fallo adverso.
En el mismo escrito, el Procurador pidió declarar “abstracto” el amparo colectivo, alegando que las partidas para la Emergencia en Discapacidad figuran en el presupuesto 2026… pero en el dictamen de minoría de la oposición. Una paradoja evidente: el Gobierno niega los fondos en su propio proyecto de presupuesto, pero usa el dictamen opositor como excusa para intentar cerrar la causa.
El constitucionalista Diego Armesto, representante de las organizaciones, lo sintetizó: el Ejecutivo busca “ganar tiempo con argumentos que evidencian su desprecio por la Constitución”.
Aumentos insuficientes y prestadores al límite
A fines de octubre, el Gobierno anunció un aumento del 31% en los aranceles de las prestaciones, escalonado hasta enero de 2026. Las organizaciones lo consideraron insuficiente y denunciaron que representa apenas una fracción del atraso acumulado en un año de congelamiento. El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió que el incremento “equivale a la mitad —o incluso menos— del desfasaje arancelario” y recordó que numerosos prestadores cerraron durante 2025, según datos oficiales bonaerenses.
La propia ley vetada preveía aumentos mucho mayores y una compensación por lo perdido, algo que quedó suprimido por decisión del Ejecutivo.
La paradoja de la Andis: recortes para las familias, coimas para los empresarios
Mientras el Gobierno busca detener judicialmente el cumplimiento de la ley, avanza la causa por el desvío de fondos destinados a discapacidad. Empresarios detenidos, pruebas documentales y testimoniales en Comodoro Py dan cuenta de montos millonarios que nunca llegaron a los prestadores. En ese contexto, las organizaciones denunciantes remarcaron la contradicción: “Mientras se investigan coimas con fondos que debían destinarse a personas con discapacidad, el mismo Gobierno usa al Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley aprobada por el Congreso”.
El conflicto resume con crudeza la política de ajuste en el área: desfinanciamiento, maniobras judiciales para frenar derechos y un escenario en el que las instituciones que sostienen la atención de miles de personas dependen cada vez más de la resistencia organizada de familias y colectivos del sector.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com