El deterioro del poder adquisitivo y el avance de la pobreza entre quienes tienen empleo quedaron expuestos en el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según el relevamiento, el 15% de los asalariados del país padece inseguridad alimentaria, una situación que se agrava entre los trabajadores informales y cuentapropistas, donde alcanza al 25%.
El dato coincide con el intento del Gobierno de acelerar la aprobación de su reforma laboral, bajo el argumento de que una mayor flexibilidad en las condiciones de contratación y despido dinamizará el empleo. Desde el sector pyme y los gremios advirtieron que el problema central no es la legislación laboral sino la recesión y la pérdida de ingresos, que erosionan la demanda interna y la creación de nuevos puestos de trabajo.
El estudio de la UCA mostró que el 8,1% de los asalariados atraviesa inseguridad alimentaria severa —es decir, pasa hambre— y el 11,5% moderada. Las brechas son profundas: en el conurbano bonaerense el 18,9% de los asalariados no puede garantizar una dieta suficiente; en el interior del país, el 14,8%; y en la Ciudad de Buenos Aires, el 7,1%. Entre las mujeres trabajadoras registradas, la proporción llega al 8,5%, frente al 6,6% de los varones.
El deterioro se aceleró desde 2022: ese año, el 17,3% de los ocupados padecía inseguridad alimentaria; en 2024, el indicador trepó al 22,5%, con picos del 31,8% entre cuentapropistas. Solo los asalariados formales mostraron una leve mejora (7,8%), “aunque la baja no alcanza para ocultar la emergencia”, advierte el informe.
El fenómeno ya no se limita al desempleo: cada vez más trabajadores con recibo de sueldo deben recurrir a comedores populares. Pese a ello, el Gobierno redujo la asistencia alimentaria y mantiene congelada la entrega de alimentos con el argumento de las auditorías.
La precarización también se refleja en el empleo. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el país perdió 205.000 puestos asalariados formales desde la llegada de Javier Milei al poder, lo que llevó el total a su nivel más bajo desde la pandemia.
“Tener trabajo ya no es garantía de escapar del hambre”, resumió Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA. El estudio además mostró que la educación es un factor determinante: entre quienes no completaron el secundario, el 34% sufre inseguridad alimentaria; entre los universitarios, apenas el 4,6%. En los hogares pobres, la tasa asciende al 38,6%, frente al 6,9% en los no pobres.
La afiliación sindical aparece como un leve resguardo: el 7,7% de los afiliados padece inseguridad alimentaria, frente al 9,9% entre quienes no lo están. “La articulación entre academia, sindicatos y tercer sector es clave para diseñar políticas públicas que integren alimentación, empleo y protección social”, concluye el informe del Observatorio de la UCA.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com