El segundo de Sturzenegger, Alejandro Cacace, confirmó que el Ejecutivo trabaja en una nueva versión de la Ley Bases, con la que buscará reflotar los puntos que quedaron fuera del texto aprobado en junio y sumar las reformas debatidas en el Consejo de Mayo, entre ellas la laboral y la previsional.
A pocos días de las elecciones legislativas, y bajo una presión creciente de Estados Unidos, que exige a Javier Milei consolidar su mayoría parlamentaria, el oficialismo acelera la segunda parte del programa de reformas “transformadoras” delineado por sus aliados del Norte. La iniciativa será enviada al Congreso como “Ley Bases II”, según adelantó Cacace ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde reemplazó a Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez, ausentes por “cuestiones de agenda”. El anuncio coincidió con la confirmación de que el Gobierno no transferirá los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Educativo.
Tras un año de fricciones políticas y derrotas en el Parlamento, Casa Rosada busca recuperar protagonismo. En simultáneo con el debate del Presupuesto 2026, el Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, se dispone a enviar el nuevo paquete legislativo junto con las reformas emanadas del Pacto de Mayo.
Cacace adelantó que el texto retomará todo lo que fue excluido de la primera Ley Bases, cuyo borrador original tenía 664 artículos y fue reducido a 238 luego de negociaciones con los bloques dialoguistas. En aquella oportunidad, el Gobierno debió retirar la ratificación del DNU 70/2023, uno de los puntos más controvertidos del proyecto inicial.
“Se está trabajando además en el contenido del Pacto de Mayo, que fue suscripto por 18 gobernadores”, precisó Cacace, al tiempo que anunció que el envío de los proyectos se concretará el 15 de diciembre, tras el recambio legislativo.
El funcionario enumeró los ejes del paquete: “la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta el 25 por ciento del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; una reforma previsional; y la apertura del comercio internacional”.
El plan incluirá además una nueva “Ley Hojarasca”, destinada a derogar normas consideradas obsoletas, que ya había sido presentada sin éxito ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La convocatoria al diálogo se produjo el mismo día en que el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial su decisión de incumplir con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, mientras Milei volvió a acusar al Parlamento de tener una actitud “golpista”. “El Congreso tuvo una actitud muy destituyente: nos torpedeaban todo el tiempo y no paraban de tomar acciones contra el modelo”, declaró el presidente a la TV Pública.
Aunque el Gobierno intenta mostrarse decidido a aplicar las reformas “transformadoras” reclamadas por Washington tras el 10 de diciembre, los números en el Congreso siguen siendo adversos: no alcanzará el tercio propio ni los 129 diputados necesarios para la mayoría. El oficialismo deberá negociar con gobernadores, aliados y bloques de centro. El resultado electoral del domingo será decisivo para medir su margen de maniobra.
Oda a la motosierra
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, celebró en la misma comisión los recortes realizados en la administración pública. “Revisamos toda la estructura del Estado Nacional en un primer y segundo nivel, lo redujimos en más de un 20 por ciento, generando un ahorro de 18 mil millones. Ese ahorro es devolverle el dinero a los argentinos. También eliminamos 400 áreas del Estado”, sostuvo.
Fariña informó además que en el último año y medio se desvincularon 54.000 empleados públicos y se clausuraron decenas de organismos. “Un capítulo especial son los organismos desconcentrados y descentralizados: en la década del ’80 había unos 40, y en 2023 nosotros recibimos 111. Fue un lugar para repartir cargos políticos. Cuando mirás los empleados públicos de los organismos, en 2010 había 35 mil agentes; en 2024 nosotros recibimos 88 mil empleados”, agregó.
Pese al discurso del superávit, el oficialismo volvió a exhibir su principal contradicción: el ajuste no se traduce en inversión social. El Gobierno continúa sin girar fondos para tres leyes aprobadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo y luego ratificadas por ambas cámaras: la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com