La Justicia Federal ya recibió múltiples denuncias y comenzó a desplegar medidas de prueba y testimonios. El patrón de recaudación apunta en todos los casos a un presunto financiamiento político en distritos como Chaco y Misiones.
Una presunta estructura de financiamiento partidario basada en el descuento de una porción del salario a funcionarios políticos de PAMI y Anses en distintas provincias involucra a dirigentes de La Libertad Avanza, varios de los cuales fueron denunciados ante la Justicia Federal. Se detectaron situaciones similares en Chaco, Misiones y Santa Cruz, con repercusiones en La Pampa.
El conflicto por los presuntos pedidos de contribuciones económicas a empleados de estos organismos estatales comenzó a trasladarse del ámbito político al judicial. En Chaco, por ejemplo, un fiscal solicitó la apertura de una investigación en la Justicia Federal para determinar si hubo delitos vinculados con “claros actos intimidatorios” ejercidos por referentes del espacio libertario, con el fin de retener una parte del salario de trabajadores de esas dependencias para costear actividades partidarias.
Este lunes por la mañana, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, requirió formalmente a la jueza Zunilda Niremperger que se inicie una causa sobre lo ocurrido en la provincia.
En su presentación, Sabadini requirió una serie de medidas reservadas, y detalló que comenzó a intervenir tras la difusión de reportes televisivos en Buenos Aires que señalaban posibles actos de corrupción en las delegaciones del PAMI y la Anses. Según el fiscal, “mencionaron concretamente (que) la maniobra consistía en que funcionarios y empleados de ambos organismos eran conminados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones”.
También señaló que, de acuerdo a esas investigaciones periodísticas, existía una directiva desde la conducción de La Libertad Avanza para priorizar en las contrataciones a quienes demostraran lealtad al partido, un criterio que tendría alcance nacional.
“En el caso del Chaco, refirieron que existía un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aportó por mes, mostrando en la oportunidad unas planillas que a simple vista muestran distintos nombres, períodos, montos y destinos del dinero”, sostuvo el fiscal, quien agregó que esos pagos se habrían efectuado mediante transferencias a cuentas pertenecientes a responsables de las delegaciones.
Como se trata de “hechos que implican el accionar de organismos nacionales y a sus funcionarios”, Sabadini informó a la jueza que había iniciado una pesquisa preliminar, pero ahora pidió formalizar la causa, dado que los hechos podrían encuadrarse como una forma de extorsión.
Según remarcó, “el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios, todo ello teniendo en cuenta el especial contexto en el que se produjeron y la necesidad de poder conservar sus fuentes de trabajo”.
El caso Misiones
En Misiones, una situación similar ya fue judicializada. El dirigente agropecuario Samul Doichele, integrante de La Libertad Avanza en la provincia, presentó una denuncia penal contra Adrián Núñez, presidente del partido en ese distrito, acusándolo de haber solicitado a empleados políticos de PAMI y Anses un aporte del 10% de sus salarios para financiar actividades del espacio.
La denuncia también apunta a Samanta Steckler, vicepresidenta del partido. “Ellos son parte de la Junta Directiva. En las capturas de pantallas que presentamos como prueba figura cómo se comunicaban para esa movida”, explicó Doichele a Tiempo.
La presentación fue radicada el viernes pasado en la Fiscalía Federal de Misiones, a cargo de Horacio Campitelli, que al momento analizaba el contenido para definir los pasos a seguir.
Santa Cruz también en la mira
En Santa Cruz, semanas atrás, Sergio Torres, ex responsable de la sede del PAMI en Caleta Olivia, denunció ante un juzgado provincial al actual director, Jairo Guzmán, por haber exigido supuestamente un aporte obligatorio del 10% del salario tanto a empleados como a profesionales de la salud vinculados al organismo.
Aunque inicialmente el caso fue planteado en la justicia provincial, la jueza federal Marta Yáñez intervino en los últimos días. Ya se tomaron algunas medidas, como la declaración del denunciante ante la fiscalía, quien brindó su testimonio y aportó documentación.
Entre las pruebas figura un chat en el que una auditora médica denuncia un “destrato” por parte de autoridades, y también menciona: “además me manden a sobornar pidiéndome un porcentaje de mi sueldo”.
En La Pampa, polémica sin denuncia formal
En La Pampa, si bien no se radicaron denuncias judiciales hasta el momento, la Justicia Federal sigue con atención los cruces públicos entre referentes del espacio, ante la posibilidad de actuar de oficio.
Uno de los dirigentes involucrados, Julio Jamad, vocal del Consejo Ejecutivo provincial, admitió públicamente en su cuenta de X: “se acordó entre seis funcionarios un aporte fijo” y que “ningún funcionario solicitó la devolución del dinero ni objetó el procedimiento”.
Una de las críticas surgidas desde dentro del propio partido fue el uso de una cuenta bancaria personal para recibir esos aportes. Jamad lo reconoció y sostuvo que “la cuenta bancaria personal fue utilizada de manera excepcional para registrar aportes voluntarios de un pequeño grupo de funcionarios que conocían perfectamente el destino de los fondos”. Justificó la decisión diciendo que “el presidente del partido (NdR: Luciano Ortíz) aún no inicia el trámite para abrir la cuenta oficial”.
La Nueva Comuna