Luego de la polémica selfie con torturadores, secuestradores y apropiadores de bebés, la diputada de La Libertad Avanza presentó denuncias contra sus colegas, el director del Servicio Penitenciario y un sacerdote (hijo de un represor), quienes organizaron un grupo de Whatsapp donde se discuten proyectos de amnistía. “Me engañaron”, afirma con evidente cinismo en su declaración ante el Juzgado de Lomas de Zamora. ¿Por qué algunos diputados «progresistas» retrocedieron en la propuesta de una comisión investigadora?
El escándalo estalló tras la visita grupal a más de una decena de represores en la prisión federal de Ezeiza. Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza y miembro de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra sus compañeros de bancada Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados Sharif Menem, el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Fernando Martínez, y el sacerdote católico Javier Olivera Ravasi.
Arrieta formaba parte del grupo de seis diputados que el 11 de julio se trasladaron en un vehículo oficial del Congreso hasta la cárcel de Ezeiza. Con autorización del Servicio Penitenciario (dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich), mantuvieron una reunión amistosa de varias horas con más de una decena de presos condenados por los crímenes de lesa humanidad más atroces. Ella misma aparece sonriente en el centro de la foto grupal tomada antes de salir del lugar.
Durante semanas, la joven diputada de 31 años guardó silencio sobre la visita, en cuya planificación también participó a través de un grupo de Whatsapp compartido con defensores y familiares de represores, otros legisladores «libertarios» y el sacerdote Olivera Ravasi (hijo de un militar con prisión domiciliaria que organizó un festejo con Palito Ortega en febrero). Ella misma es hija de un militar, Tomás Arrieta, acusado por excombatientes de haber provocado la desnutrición de soldados en plena guerra de Malvinas en 1982.
Con el escándalo desatado, Arrieta consideró que, al menos para salvar su incipiente carrera política, debía distanciarse. Primero intentó justificarse diciendo que, por haber nacido en 1993, no tenía “ni idea de quiénes eran” las personas que visitó, lo cual solo la dejó en ridículo. Este jueves, en un movimiento más audaz, presentó una denuncia en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, acusando a varios funcionarios (y al cura) de “coacción agravada”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “conspiración” y “malversación de fondos públicos”.
Según su versión, fue manipulada. “Pensé que era un grupo de Whatsapp para debatir situaciones o posibles proyectos, o discutir ideas para mejorar las condiciones de detención de personas mayores. Hoy me veo envuelta en una polémica en la que no quise estar”, aseguró en el escrito presentado junto a su abogado Yamil Castro Bianchi.
Ahora, Arrieta afirma que “no comparte” la visita a los represores, pues contradice sus “valores cristianos”. Aunque admite que se unió a la comitiva por la confianza «en términos de fe y cultura» que le inspiraba el cura Ravasi (coordinador del chat), hoy se siente obligada a «exponer» a los organizadores del encuentro y a pedir que se investigue si estas acciones implicaron la comisión de algún delito. Todo guiado, según ella, por sus convicciones evangélicas.
El principal organizador del viaje del 11 de julio fue el diputado de LLA Beltrán Benedit, sobre quien Arrieta descarga la mayor parte de la responsabilidad, junto con Guillermo Montenegro, quien hasta hace poco fue cercano colaborador (y presuntamente pareja) de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La diputada sostiene que ambos la condujeron engañada al pabellón de máxima seguridad donde conviven los represores. Curiosamente, no denuncia a sus compañeras Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo (una figura ultraderechista ya mencionada en este diario) y Rocío Bonacci (hija de un admirador de Hitler), quienes también formaban parte de la comitiva.
Arrieta también acusa a Sharif Menem, director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, por haber gestionado los vehículos oficiales que transportaron a los legisladores y sus asesores a Ezeiza. Sharif es mano derecha de Martín Menem (su primo) e hijo de Eduardo “Lule” Menem, colaborador cercano de Karina Milei y actual subsecretario de Gestión Institucional del Poder Ejecutivo.
A Fernando Martínez, director nacional del SPF, Arrieta lo denuncia por haber autorizado la reunión del 11 de julio en un espacio cómodo y aislado del resto de la población carcelaria. Para evitar un conflicto mayor, Arrieta prefirió no acusar directamente a Bullrich, aunque tanto ella como su compañera Bonacci confirmaron que la ministra estaba al tanto de la visita y la aprobó sin problemas.
La complicidad de Bullrich es evidente. Hace pocos días, afirmó que los detenidos por delitos de lesa humanidad mayores de setenta años deberían cumplir su condena en arresto domiciliario, al igual que otros condenados. Incluso lanzó la falacia de que “hay casos de personas con más de 90 años y enfermedades terribles en prisión”. Por otro lado, no puede ignorar los privilegios exclusivos que el personal penitenciario concedió a los diputados, privilegios que generalmente se niegan a los abogados defensores y otros visitantes sin poder.
Hipocresía interna y ayuda inesperada
En mayo, la joven Arrieta asistió a una reunión de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de Diputados llevando un patito kawaii en la cabeza, un accesorio popular entre los adolescentes de la época. En julio, se fotografió sonriente con criminales atroces. Y en agosto intentó redimirse posando con un ejemplar del Nunca Más en un pasillo del Congreso. Hasta ahora, sus idas y venidas provocaban risas en sus compañeros de La Libertad Avanza.
Sin embargo, la denuncia penal que acaba de presentar en Lomas de Zamora ha cambiado el ambiente en su bloque. Según Infobae, en el bloque libertario no saben si es mejor expulsarla o esperar que se vaya por su cuenta. No lo dicen por su “decisión personal” de visitar a criminales en la cárcel de Ezeiza, sino por su “falta de disciplina partidaria”.
Hasta hace poco, en LLA se toleraba casi todo a Arrieta. En Mendoza, es conocido que su padre Tomás no solo fue acusado de negar comida a los soldados en Malvinas, sino también de presionar a autoridades del PAMI Mendoza para que despidieran a ciertos empleados. Incluso Damián Córdoba, un referente local libertario, acusó al veterano militar de agredirlo en un bar de la capital provincial. Pero nadie en LLA dijo nada.
Ni siquiera la cuestionaron por sus gestiones para obtener una donación millonaria para la Fundación Cristiana Cielos Abiertos, congregación a la que pertenece y cuyo pastor, Alejandro Castellazzo, confirmó que gracias a ella recibieron toneladas de ropa, calzado, mochilas, pelotas de fútbol y artículos electrónicos. Arrieta solicitó la “donación” a Karina Milei, quien la aprobó a principios de julio. Nadie en LLA se escandalizó.
Pero tal vez, consciente de con quiénes trata, Arrieta ya le pidió “protección” al juez federal Juan Pablo Augé para su familia, incluyendo a su padre y a su hermano (quien además es su asesor en Diputados).
En su denuncia, Arrieta ha aportado abundante información que demuestra tanto la planificación de las visitas a represores en prisión como las diferentes iniciativas políticas y legislativas que se están evaluando desde LLA y sus aliados para beneficiar a secuestradores de personas, apropiadores de bebés, torturadores, violadores, ladrones y asesinos como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda. También incluyó fotos y capturas de chats grupales con alto contenido apologético del genocidio.
La decisión de Arrieta de “ir a fondo” con la causa ha provocado un terremoto en el oficialismo. Tanto es así que más de uno cree que la joven evangélica podría seguir revelando información no solo sobre este caso puntual, sino sobre otros temas. Por eso, se intenta presionar al resto de los participantes en la visita a los represores para que mantengan la «disciplina partidaria».
Que el caso no escale más en el Congreso es una preocupación central para Martín Menem y Victoria Villarruel. En un momento en que la crisis económica y social parece no tener fin, con una pobreza que ya afecta a más de la mitad de la población y un gobierno empeñado en seguir ajustando las finanzas populares, el escándalo de la visita a los represores ha generado una crisis inesperada y difícil de resolver para el oficialismo.
En este contexto, resulta notable la postura tomada esta semana por el principal espacio opositor, Unión por la Patria. Como se detalla en otro artículo, en los últimos días ese bloque ha tenido un peculiar cambio de opinión sobre cómo manejar el caso de los diputados que viajaron a Ezeiza.
Tras la divulgación del escándalo, los diputados peronistas debatían entre proponer la expulsión de los seis libertarios de la Cámara y la creación de una comisión investigadora que revele la trama pro-genocida, las responsabilidades y complicidades institucionales. Esta última posición era compartida con el Frente de Izquierda Unidad, y de hecho, el lunes ambos bloques organizaron una audiencia con organismos de derechos humanos para establecer una postura al respecto.
Sin embargo, el miércoles Unión por la Patria cambió de opinión. El debate sobre qué hacer con los legisladores implicados parece haberse dejado de lado, y el peronismo aceptó la propuesta del oficialismo y sus aliados de remitir el asunto a la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, presidida nada menos que por la derechista Silvia Lospennato del PRO. Ni el jefe de bloque Germán Martínez ni ningún otro diputado de UxP han explicado aún el motivo de este cambio de postura. Así, solo el Frente de Izquierda sigue proponiendo la creación de una verdadera comisión investigadora que descubra toda la verdad.
Los tiempos actuales son sumamente curiosos. Tanto que, frente a un hecho tan grave como la apología del genocidio por parte del partido en el poder, la hipócrita diputada Lourdes Arrieta parece tener más interés en esclarecer lo sucedido que aquellos que durante años se llenaron la boca hablando de derechos humanos. La actitud de Unión por la Patria de este miércoles deja mucho que desear y plantea muchas preguntas pendientes.
Con información de La Izquierda Diario
Publicado en lanuevacomuna.com