Las asociaciones que representan a los fabricantes de autopartes, comerciantes de repuestos y talleres de reparación enviaron una carta al secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, manifestando su preocupación por la reciente decisión del Gobierno de ampliar de 30 a 142 las autopartes autorizadas a reincorporarse al mercado después de ser descartadas. En la carta, los empresarios advirtieron que «la medida podría poner en riesgo la seguridad de las personas, el tránsito y los empleos». Existe inquietud en el sector ante la intención de Federico Sturzenegger de eliminar los certificados de calidad.
El plan de desregulación del Gobierno de Javier Milei está avanzando en la industria autopartista. Con el objetivo de reducir el costo de los repuestos y el precio de las pólizas de seguro, el Ministerio de Economía amplió esta semana la lista de autopartes de vehículos fuera de circulación que los desarmaderos pueden volver a comercializar.
La decisión provocó una rápida reacción por parte de los empresarios del sector, quienes enviaron una carta al secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. En la nota, a la que tuvo acceso Ámbito, se advierte que la medida «podría comprometer la seguridad de las personas, la seguridad vial y los empleos».
La carta, firmada por las cámaras que agrupan a fabricantes de autopartes, comerciantes de repuestos y talleres de reparación, solicita «reconsiderar» la modificación realizada en la ley 25.761. Los empresarios califican el tema como «extremadamente delicado» y subrayan que, si no se garantizan mecanismos eficaces de prevención y control, la ampliación propuesta podría socavar la capacidad de controlar la venta de piezas de origen ilícito.
En este sentido, advierten que «aumentar el número de autopartes complicará el control legal, incentivando la rentabilidad y el riesgo del comercio de productos de procedencia ilícita», lo que podría incrementar los incentivos para el robo de automóviles. Señalan que las estadísticas siguen siendo alarmantes, con un aumento del 30% en los robos de autos durante abril y mayo.
En cuanto a los aspectos regulatorios, destacaron que el listado incluye definiciones genéricas como mangueras o válvulas de aire, sin especificar las piezas exactas que abarca, lo que dificulta el control adecuado del cumplimiento normativo y podría convertir en ineficaz cualquier reglamentación.
«Es importante destacar que muchos de los repuestos incluidos en la lista son fabricados localmente, por lo que esta medida podría afectar el empleo registrado a lo largo de toda la cadena de valor, que incluye a numerosas pequeñas y medianas empresas», señala la nota.
El «problema del CHAS»
Otro punto de conflicto con la agenda gubernamental surge de las declaraciones de Sturzenegger, quien, como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ha anticipado su intención de eliminar el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Los empresarios subrayan varias inexactitudes en sus declaraciones.
En primer lugar, aclaran que, contrariamente a lo sugerido por el ex presidente del Banco Central, el CHAS no se aplica a todas las autopartes, sino que está enfocado en el mercado de repuestos para sistemas de seguridad del vehículo.
En segundo lugar, resaltan que tanto la Unión Europea como Brasil cuentan con esquemas muy similares. Además, subrayan que, aunque una autoparte de seguridad con certificación que garantiza la calidad necesaria en piezas críticas y sensibles es más costosa que una de baja calidad, «lo barato puede salir muy caro» en estos casos.
Si bien los empresarios apoyan las iniciativas que buscan desburocratizar y desregular la economía, advierten que «hay situaciones en las que la prevención es mucho más efectiva que una remediación imposible».
Con información de Ámbito
Publicado en lanuevacomuna.com