Conciliación obligatoria en el conflicto gremial en la Usina
El personal de la Usina Popular Cooperativa «Sebastián De María» levantó ayer el paro de actividades que había comenzado el pasado jueves, tras haberse dictado ayer la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrentó a la conducción de la entidad con el Sindicato de Luz y Fuerza, por el funcionamiento de la bolsa de trabajo.
La medida adoptada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se extenderá por un período de 10 días hábiles, lapso en el cual las partes deberán establecer un diálogo tendiente a alcanzar un punto de acuerdo.
Ayer, a las 7.30, los delegados de las distintas áreas de la UPC habían ratificado el paro por tiempo indeterminado en una asamblea que se efectuó en los lugares de trabajo, según lo indicó el secretario general del gremio lucifuercista, Daniel Lazarte.
El dirigente cuestionó al presidente de la entidad cooperativa, Martín Migueles, por haber concurrido «con las manos vacías» a la audiencia de ayer al mediodía, en la sede de la cartera laboral local, al tiempo que ratificó la postura de respetar a rajatabla lo fijado por el convenio colectivo de trabajo para el ingreso de personal.
«Debe respetarse la bolsa de trabajo y no aceptamos el 50 y 50 por ciento», enfatizó.
Defensa
Por su parte, Martín Migueles defendió el esquema que cuestiona el gremio, recordando que, durante los últimos 30 años, la mitad de los ingresos los dispuso el consejo de administración y el resto se hizo mediante la petición a la bolsa de trabajo del sindicato.
El directivo calificó como «injusta» la medida de fuerza que se había tomado, fustigando que haya sido «unilateral y sin respetar el debido proceso».
Además, sostuvo que la cuestión planteada «es de carácter abstracto», subrayando que la UPC no ha realizado contratación de personal en la planta permanente, a la vez que recordó que «en la asamblea anual de 2011, se decidió por unanimidad de los delegados el congelamiento de ingresos en virtud de la situación económica derivada el congelamiento tarifario».
No obstante, el gremio insistió en que fue contratado un profesional por un año, aunque trascendió que se trata de un auditor externo al que se le habría aumentado la remuneración.
Migueles no descartó que detrás de la medida de fuerza haya «intereses políticos», además de representar una «demostración» de la nueva conducción que encabeza Lazarte (remplazó a Daniel Rodríguez en marzo último), para señalar que evalúa la posibilidad de adelantar las elecciones si lo que se está buscando (por parte del gremio) es «desgastar» a la gestión actual.
A través de un escrito que elevara Migueles al titular de la Secretaría de Trabajo local, Dr. Jorge Martínez, se remarcó que si Luz y Fuerza tendría la facultad exclusiva de los nombramientos de personal, se cedería el poder «total y absoluto de control de la entidad cooperativa al mencionado gremio, y ya no quedará más nada para los cooperativistas que soñaron tener una entidad con valores sociales y solidarios en Necochea, y con libre acceso al trabajo por parte de todos los ciudadanos de la Nación argentina».///
«Una situación discriminatoria»
A juicio del presidente de la Usina Popular Cooperativa «Sebastián De María», Martín Migueles, la anotación en la bolsa de trabajo de Luz y Fuerza se hace a través de un afiliado y no es de libre ingreso para cualquier persona, considerando que se registra una «situación