La ley a medida: un distintivo K
Por Marita Gelitti *
Ahora los kirchneristas bonaerenses impulsan modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para darle un salvoconducto a un Intendente investigado por irregularidades en la gestión.
Las leyes deben tener motivaciones, fundamentos, eso que llamamos «el espíritu de la Ley». Los legisladores deben alcanzar el mayor grado de objetividad posible en su redacción, evitando que la norma sea apresada por los casos particulares, pues es su generalidad la que garantiza la implementación posterior.
Nada de esto le ha importado nunca al oficialismo en cualquiera de sus versiones históricas: militar, camporista, lopezrreguista-isabelino o menemista.
Su versión actual, el kirchnerismo, tiene sobradas muestras de ello: «Ley de Medios», modificación del Consejo de la Magistratura, «per saltum», «voto a los 16″… la ley a la medida de necesidades circunstanciales.
Lo mismo hace con el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas. Una lógica perversa de la desinstitucionalización. Si algo es útil a los efectos de la acumulación y conservación del poder político se usa, a ese fin, la legitimidad del voto popular; si es perjudicial: nada mejor que tratar de «bobas» a las cláusulas constitucionales o calificar de «destituyente» a la propia institucionalidad vigente.
Este libreto es el que actúa el oficialismo en el caso que involucra al Intendente Municipal de Necochea,
Horacio Tellechea, que así se llama, es investigado, mediante el mecanismo institucional establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, por irregularidades en la compra de insumos hospitalarios. Esa investigación fue resuelta – como manda la norma – por las dos terceras partes de los miembros del Concejo Deliberante de ese partido bonaerense.
Que profundizara en las irregularidades sería caer en un exceso. No me corresponde a mí hacerlo, para eso están los concejales necochenses facultados por la ley.
El sistema instituido por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires para la suspensión o destitución de un Intendente rige desde el año 1958, con modificaciones incorporadas por la leyes 11024 y 11866 de los años 1990 y 1996, respectivamente. Ese sistema es utilizado excepcionalmente dado que para ponerlo en marcha se requieren mayorías agravadas muy difíciles de reunir. Es decir que caso que se tratare deberá de revestir suma gravedad para que ello ocurra. Además está prevista, como en todo sistema republicano, la posibilidad de revisión de la decisión del Concejo Deliberante por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
El oficialismo, en sus diferentes mutaciones históricas hasta nuestros días, se ha negado y ha frenado todo intento de reforma constitucional para modificar el sistema y, más aún, a cualquier intención de cambiar la Ley Orgánica vigente. Fiel a su matriz genética el gobierno de Daniel Scioli no ha avanzado en la modificación de la Ley Municipal. Lo único que ha hecho, como en todo, es pantomimas. Porque no es otra cosa que, desde más de un año atrás, la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia promocione la redacción de una nueva Ley Orgánica para los Municipios – según ellos con el consenso de todos – y ahora sus Senadores, entre gallos y medianoche, impulsan un proyecto que es un cataplasma a medida de un amigo Intendente en apuros.
No hay voluntad popular mayoritaria que otorgue licencia para saltarse la ley. Esta es una regla de honor para los demócratas. El oficialismo avasalla.
Su ataque corporativo al proceso legal que investiga al Intendente Municipal de Necochea es un acoso más a la institucionalidad y revela la intolerancia extrema enraizada en su génesis filosófica. Así actúa el populismo reaccionario y conservador, arbitrario y absolutista.
La inutilidad de las leyes a medida es siempre notablemente superior que las ventajas que les da a las amistosas complicidades del poder de turno. * Concejal del Partido de Bragado. Presidente del Bloque de Concejales Radicales