El recurso libertario para justificar el ajuste
Después de una semana marcada por un fuerte revés legislativo, el presidente Javier Milei recurrió a una cadena nacional para abrir una nueva etapa de su gestión: llevar a la Justicia la política económica. En un discurso de 23 minutos, anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley que penalice “la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal”, estableciendo sanciones a legisladores y funcionarios que incumplan la norma. También anunció que prohibirá al Tesoro Nacional financiar gasto primario mediante emisión monetaria.
Milei acusó al Congreso de intentar “quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo” y sostuvo que el Poder Legislativo impulsa “gastos sin explicar su fuente de financiamiento”, lo que —según él— provocaría un “genocidio sobre las generaciones futuras”. Con frases ya recurrentes, buscó calmar a los mercados en un discurso que se enmarca en una campaña de máxima polarización: “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico”, lanzó con tono electoral.
En la Casa Rosada admiten por primera vez que el oficialismo ya no podrá imponer su agenda en el Congreso, al menos hasta el recambio de diciembre. Tras el “miércoles negro” en Diputados, la incertidumbre por la reacción del sector financiero se coló en los despachos oficiales. Por eso, Milei eligió la noche del viernes para hablarle a los mercados y a la sociedad, planteando que en octubre habrá que elegir entre “la fuerza imparable que busca cambiar el rumbo económico” o “el objeto inamovible que es la adicción de la política al gasto público sin respaldo”.
Cargando contra diputados y senadores, los acusó de “redoblar sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción” y de “usar causas nobles como excusas para promulgar leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional”. Luego insistió: “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico, entre hacer lo correcto aunque implique tener paciencia, o tomar el atajo e inevitablemente volver a chocar. No hay terceras vías en esta encrucijada”.
El mandatario reiteró que las leyes aprobadas carecen de financiamiento y confirmó que enviará una iniciativa para condicionar la actividad parlamentaria: “Estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”. Y advirtió: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
El financiamiento que Milei niega
La primera falacia libertaria es afirmar que las leyes votadas no cuentan con fuentes de financiamiento. El aumento a jubilaciones, debatido en Diputados, incorporó seis mecanismos concretos para cubrir su costo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que estimó el impacto en 0,78 % del PBI:
Recorte de $32.616 millones al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia.
Fin de la exención de IVA para directores de sociedades anónimas.
Eliminación de la exención de Ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca.
Nacionalización de los ingresos de entes cooperadores como los registros automotor y de la propiedad.
Uso de $2,5 billones del fondo anticíclico.
Reducción de recargos de deuda con el FMI para destinar los USD 500 millones ahorrados.
En conjunto, estas fuentes equivalen al 0,72 % del PBI, prácticamente el total necesario para financiar la medida vetada.
Según el CEPA, el costo en los últimos cinco meses de 2025 representaría una porción menor de otras erogaciones recientes: 22,77 % del giro de utilidades del BCRA al Tesoro en abril, 39,51 % del superávit fiscal acumulado entre enero y mayo, o 72,40 % de la capitalización de LEFI en el mismo período. El rechazo, más que por falta de recursos, responde a prioridades políticas.
Superávit a costa del ajuste social
Aunque la moratoria previsional no tiene financiamiento específico, la oposición la comparó con el superávit: en el primer semestre, el SPN registró un superávit primario de 0,9 % del PBI y uno financiero de 0,4 %, pero esos excedentes se destinaron principalmente al pago de intereses de deuda, no a reforzar la seguridad social, la salud o la educación.
La OPC calculó que el costo de dos años de moratoria equivale a la mitad del superávit financiero del primer trimestre. La Ley de Emergencia en Discapacidad, por su parte, representa un 0,3 % del PBI y fue aprobada en el Senado por dos tercios. Su autor, Daniel Arroyo, explicó: “No tiene impacto fiscal pero no se trata de impacto sino de deuda. El Estado no actualizó el nomenclador en todo el año… por eso es el Estado el que le debe a las personas con discapacidad y sus familias”.
Débil con los fuertes
“Milei dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, sin embargo en la Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país”. Así lo denunció Cristina Fernández de Kirchner, el mismo día en que el Gobierno anunció la baja de retenciones al agro.
La lista de beneficios para los sectores más concentrados incluye la eliminación del impuesto a los Bienes Personales (0,4 % del PBI), la reducción del impuesto PAIS —una de las principales fuentes de ingresos— y la baja de retenciones al agro y a la minería. En todos los casos, la pérdida de recaudación muestra que el “no hay plata” funciona como argumento selectivo: sobran recursos cuando se trata de aliviar a los más ricos, pero escasean para garantizar derechos básicos de la mayoría.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com