Los nombres de los funcionarios y de la consultora implicados en la denuncia que presentó la semana pasada el diputado nacional por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade, en la que advirtió sobre la existencia de una red de corrupción con epicentro en el ya extinto Ministerio de Producción y Trabajo durante las gestiones de Jorge Triaca y Dante Sica, coinciden con una serie de contrataciones millonarias efectuadas por esa cartera durante el último año del gobierno de Mauricio Macri.
Letra P accedió a las pruebas que muestran cómo el Ministerio de Producción realizó pagos millonarios a la consultora Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT), cuyo director ejecutivo es Fabián Ruocco, mediante contrataciones directas con las que se saltearon los procedimientos de transparencia establecidos por ley.
El movimiento implica directamente a Sebastián Bideberripe, exsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Producción, quien firmó varios de los convenios, y presuntamente socio de Rodrigo Sbarra, otro exfuncionario de Cambiemos que ocupaba una oficina con cámaras e ingreso con huella dactilar digitalizada, una especie de búnker, en el edificio donde hoy funciona el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde, tras el cambio de gobierno, fueron encontrados los diez mil dólares en efectivo que dispararon una investigación judicial.
Según Tailhade, ambos funcionarios era «piezas clave» de una «estructura corrupta para desviar fondos públicos» que tenía como cerebro al exjefe de Gabinete de Sica, Ignacio Pérez Riba, y operaba con dos mecanismos simultáneos de captación de recursos. Uno era «el pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes, que implicaban ‘retornos’ para la organización». El segundo era «la contratación (por parte del Estado) de personas que no cumplían funciones y entregaban el 70% de lo facturado a la organización». Esta operación también incluiría la gestión de Francisco Cabrera en su paso por Producción.
El Ministerio de Producción realizaba estas contrataciones, según la presentación judicial, a través de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del CEDyAT, la consultora beneficiada con más de 400 millones de pesos en contratos por el gobierno macrista.
Los documentos oficiales a los que accedió este medio confirman que el subsecretario de Coordinación de la cartera y segundo de Bideberripe, Santiago Ricardes, firmó en 2017 un «convenio marco de colaboración recíproca» entre la cartera laboral y el CEDyAT que le permitió evadir el llamado a licitación y contratar a la consultora sin ningún tipo de compulsa de precios para realizar diferentes tareas, algunas de ellas realizadas habitualmente por empleados del ministerio.
Con objetivos vagos y poco precisos, como el compromiso de «implementar acciones tendientes a desarrollar proyectos de carácter general para lograr la realización de actividades de cooperación y beneficio de ambos entes», el acuerdo recién se activó, al menos formalmente, dos años después, cuando, en enero de 2019, el propio Bideberripe firmó dos convenios específicos.
Uno era para la «modernización de la Infraestructura de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo (SGTyE) » y el otro, para desarrollar un «programa de Optimización y Gestión Digital Inteligente». Juntos, los contratos comprometían el desembolso de 300 millones de pesos, a razón de 150 millones por cada uno y con una duración de 12 meses, plazo que no se cumplió.
Sin embargo, los montos fueron modificados en varias oportunidades y habrían superado los 400 millones de pesos, según consignan fuentes oficiales.
Para poder reformular los aumentos, los funcionarios apelaron a la Unidad de Coordinación, establecida en el convenio marco e integrada por Laura Vuinovich, por la parte gubernamental, y Mariano Riano, por el CEDyT, que autorizaba modificaciones en los montos, certificaba el cumplimiento del acuerdo y solicitaba los millonarios desembolsos. A modo de ejemplo, esta unidad de seguimiento tomó como válidos «informes de avances» sobre la factibilidad de utilizar energías renovables en la cartera laboral que eran meros copy/paste de información publicada por empresas del sector en sus portales y trabajos de relevamiento sobre la cantidad de salidas de emergencia y matafuegos disponibles en los edificios públicos.
Las resoluciones a las que accedió este medio muestran que, entre febrero y agosto del año pasado, se realizaron cuatro pagos por cada convenio, que sumaron 142 millones de pesos.
Con el desastroso resultado del macrismo en las primarias de agosto pasado, las transferencias al CEDyT se aceleraron, pese a que la consultora tenía tiempo hasta febrero de 2020 para concluir los trabajos. Entre el 10 de septiembre y el 22 noviembre, se realizaron otras ocho transferencias por 258 millones de pesos, contabilizando un total de 397 millones de pesos.
Fuentes de Ministerio de Producción señalan, sin embargo, que los pagos realizados al CEDyT durante 2019 ascenderían a 489 millones, cifra que aún está en proceso de revisión.
En todos los casos, las transferencias fueron acompañadas por dictámenes jurídicos internos del Ministerio de Trabajo, en los que la Dirección de Asuntos Jurídicos se limitó a indicar a qué partida presupuestaria les correspondía imputar los pagos, advirtiendo que su opinión no comprendía «cuestiones técnicas, económicas, de mérito u oportunidad», elementos que considera «ajenos» a su competencia. No obstante, en su denuncia, el diputado nacional señala que el director de Asuntos Jurídicos Hernán Coego «también formaba parte de la estructura».
El 6 de diciembre, el penúltimo día hábil de la gestión Cambiemos en la Casa Rosada, Bideberripe y el apoderado legal de la consultora, Maximiliano Fitolite, dieron por concluido el convenio marco dando por cumplidas todas las actividades pese a que, como se mencionó anteriormente, estaba proyectado que el acuerdo se extendiera hasta 2022.
La incógnita es si entre 2017 y 2019 existieron otras contrataciones con la misma consultora. Durante ese período y hasta el inicio de los convenios específicos de 2019 no existen registros, al menos digitalizados, sobre actividades de la consultora en la órbita de la cartera laboral. La pista de la investigación judicial también sigue a un entramado de empresas vinculadas a Sbarra, Bideberripe y Pérez Riba a través de las cuales se habrían canalizado los recursos para blanquearlos.
LETRA P
PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM