La Ley Bases se aprobó tras modificaciones en la Cámara de Diputados a fines de julio.
A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno reglamentó la primera parte de la legislación, con el objetivo de avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei se propuso llevar a cabo en el inicio de su gestión. En ese marco, se contempla la privatización de varias empresas públicas.
La reglamentación se hizo efectiva a través del Decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, se acelera la implementación de la normativa, que fue el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido y culminó con negociaciones de último momento lideradas por Guillermo Francos.
¿Qué empresas serán privatizadas según la Ley Bases?
En esta reglamentación, se establece el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas:
- Energía Argentina
- Intercargo
- AySA
- Belgrano Cargas
- Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
- Corredores Viales
- Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA)
- Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
Este informe deberá incluir los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; las modalidades que se consideren convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del proceso de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en su caso, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y la proporción del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.
Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos para la privatización. Luego de esto, el Gobierno especificó los pasos a seguir para convocar las ofertas del sector privado.
“Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y añade que, en caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato, deberá elaborarse un nuevo informe.
Con información de Ámbito
Publicado en lanuevacomuna.com