Las grandes cerealeras embolsaron 1500 millones de dólares de ganancia neta gracias a una “avivada”, mientras que los pequeños productores no recibirán compensación alguna. Para el dirigente rural Pedro Peretti, la ventana de oportunidad entregada a Bunge–Viterra (que concentran el 30% del mercado), LDC, COFCO, Cargill, Molinos Río de la Plata y AGD, ya había sido pactada entre la CIARA CEC y el Ejecutivo.
En apenas 48 horas, un grupo de compañías exportadoras registró ventas futuras con retenciones cero por 19,5 millones de toneladas de granos, valuadas a precio FOB en 7012 millones de dólares (límite del cupo oficial). La operatoria montada entre el Gobierno y las firmas asociadas en la CIARA CEC tuvo un doble efecto.
Las cerealeras se aseguraron 1500 millones de dólares adicionales; el Estado resigna recaudación por derechos de exportación (lo que implicará mayor ajuste fiscal) y, al momento de comprar los granos, descontarán a los productores en pesos el equivalente al valor de las retenciones.
En 2007, una jugada similar motivó la sanción de la llamada Ley Martínez Raymonda, luego de que se denunciara que las compañías inscribían exportaciones sin disponer efectivamente del grano. La norma, impulsada al inicio de la gestión de CFK, buscaba frenar esas “avivadas” que ya habían generado fuertes tensiones en la previa del conflicto por las retenciones móviles de 2008.
Una vez más, los productores no recibirán beneficios. Incluso el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se declaró “estafado”: “¿Llegó este beneficio al productor genuino? ¿Lo pudo aprovechar o no lo pudo aprovechar? ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Hay que ser prudentes, hay que tener datos concretos”, planteó.
El anuncio del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, terminó de redondear la jugada, al incluir instrumentos en dólares en la licitación de este viernes, respaldados por los 7000 millones de dólares adelantados por las cerealeras.
La medida abre un interrogante: ¿qué sucederá si los productores se unen y deciden no vender sus granos a menos que reciban un precio equivalente a la baja de retenciones? De allí surgen las primeras alertas sobre importaciones de soja desde Paraguay y Brasil.
“Esta no es una política pensada para incentivar al productor. Es un mecanismo puramente financiero que además genera más incertidumbre. A los productores no nos permiten planificar ni decidir con claridad”, cuestionó Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), durante el Congreso Anual Ordinario de la entidad.
Según datos oficiales, al cierre de agosto quedaban 15,2 millones de toneladas de soja 2024/25 sin comercializar ni con la industria ni con la exportación, además de otros 5 millones entregados sin precio fijado. CIARA CEC estimó que eso representaba cerca del 30% de la cosecha guardada en silobolsas, valuada en torno a 9300 millones de dólares. Ese era el “poder de fuego” del sector al inicio de septiembre.
“Estas medidas no se adoptan suponiendo que después habrá que salir a buscar el grano. Se pactan con CIARA, se pone en la mesa cuánto hay en manos de cada actor y se decide en función de lo que retienen las exportadoras. No hay azar. Lo tenían, lo declararon, lo cobraron y se lo quedan”, sostuvo Peretti.
En la misma línea, Claudio Lozano (Unidad Popular) señaló: “O ya tenían el grano comprado, descontándoles a los productores el valor de las retenciones, o ahora lo van a adquirir aplicando el mismo descuento. Para las exportadoras es un esquema ganar-ganar”.
El escenario es distinto para grandes pooles de siembra, con espalda financiera para esperar, que para medianos y pequeños productores. “El productor puede plantarse y decir: ‘si no me pagás 500.000 pesos la tonelada, no vendo’. Llegado el momento de embarcar, las empresas tendrán que salir a pagar lo que corresponda”, explicó el consultor Javier Preciado Patiño.
Para Ignacio Drake, del Observatorio de Economía Política de la UBA, “queda claro quiénes son los ganadores y los perdedores en este esquema electoralista. Entre los primeros, los grandes acopiadores y exportadores; entre los segundos, los pequeños y medianos productores que no ven un solo beneficio de la quita, y también los agricultores familiares que producen para el mercado interno”.
La amenaza latente es la triangulación: importar soja de Paraguay y Brasil, como ya lo hace la industria aceitera. Paraguay produce cerca de 11 millones de toneladas anuales y entre julio de 2023 y 2024, Argentina importó 7,7 millones, de los cuales el 83% provino de ese país y el 11% de Brasil. Entre los exportadores paraguayos dominan Cargill (15%), Viterra (11%), ADM, Bunge, LDC (8%) y COFCO (7%), los mismos jugadores que hoy ganan con Milei y Caputo.
La discusión vuelve a recordar la maniobra de 2007, cuando las cerealeras declaraban ventas anticipadas para pagar con alícuotas más bajas. La deuda generada por esa práctica ascendió a 1700 millones de dólares, y la Ley Martínez Raymonda buscó ponerle freno.
Ahora, el diputado Eduardo Valdés (Fuerza Patria) pidió informes para determinar si las exportadoras contaban con el grano al inscribir las últimas DJVE por 19 millones de toneladas, apelando justamente a esa ley.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com