Abogados de represores piden amnistía para condenados de lesa humanidad
Con invitados de la región, la Asociación de letrados por la Justicia y la Concordia cuestionaron el proyecto del diputado Horacio Pietragalla para que este tipo de delitos no puedan ser indultados. Cecilia Pando, entre el público.
Mientras en Diputados comienza a debatirse un proyecto para que los delitos de lesa humanidad no puedan ser indultados, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia propuso una amnistía para represores, a quienes consideran «presos políticos que en su momento defendieron la nación de la agresión marxista».
En un encuentro realizado en el Hotel Meliá del centro porteño, la asociación que nuclea a abogados de represores reunió ayer a militares retirados y representantes de la derecha latinoamericana para conformar el «Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad».
Quien abrió el encuentro fue el presidente de la Asociación, Alberto Solanet, ex presidente de la Corporación de Abogados Católicos y hermano de Manuel Solanet, secretario de Hacienda de la última dictadura.
Encargado de dialogar con los medios que no ingresaron al encuentro, el abogado se refirió justamente al proyecto que ayer comenzó a tratarse en diputados. «Ha aparecido un proyecto de ley para que ningún presidente del futuro pueda tener facultades de indulto para aquellos que han sido condenados o acusados de lesa humanidad, quiere decir que para la Argentina ha desaparecido ya la palabra perdón», se quejó y aseguró que su organización «pretende que haya una amnistía de los dos lados. Amnistía es olvidar, ya hubo 2 en Argentina y se volvió sobre el tema».
Más temprano, el diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla presentó el proyecto en la comisión de Derechos Humanos, de la Cámara Baja. Aunque no hubo quórum, la iniciativa se volverá a tratar la semana que viene en una reunión conjunta con la comisión de Legislación Penal. En diálogo con Tiempo Argentino, el diputado consideró «preocupante» el discurso de Solanet.
«Preocupa que haya sectores que pidan una amnistía cuando todavía buscamos casi 400 nietos y no nos dicen dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos. Me parece de otros tiempos que planteen esto, pero lo que más tiene que preocupar es que haya alguien que le preste atención a su reclamo.»
Por iniciativas como estas consideró necesario el proyecto para sacarle la facultad al mandatario de indultar delitos de lesa humanidad y que está basado en un fallo de la Corte Suprema: «En los juicios se comenzó a avanzar en la responsabilidad civil de estos delitos. No creo que haya un futuro candidato que quiera indultar a un militar pero como avanzamos con grupos económicos muy poderosos y responsabilidad civil, ahí ya cambia la historia», analizó.
FORO
El encuentro, que continuará hoy, comenzó a las 15 rodeado de controles policiales para impedir el ingreso de Quebracho, que se movilizó hasta el hotel en repudio a la «cumbre internacional de genocidas». Se realizaron dos paneles con invitados de países vecinos, quienes «comparten la misma persecución implacable» y temen que los juicios en Argentina se repliquen en los países vecinos, dijeron los organizadores.
Participaron altos mandos militares retirados de Chile, Venezuela, Colombia y Uruguay, y el abogado peruano Sergio Baltazar Tapia Tapia, vinculado al fujimorismo y defensor desde hace años de acusados de violaciones a los Derechos Humanos en Perú.
Entre el público asistieron a los debates Cecilia Pando, de Familiares y Amigos de Presos Políticos en la Argentina, el ex titular de la SIDE, Juan Bautista Yofre, recibido y aplaudido como una celebridad.
Hoy será el turno de varios representantes de la ‘pata civil’ de la última dictadura, como Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia, acusado e indagado por delitos de lesa humanidad, y Alberto Rodríguez Varela, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y ministro de Justicia durante el terrorismo de Estado.
«Sabés la edad que tenía Massot cuando ocurrieron estos hechos, era conscripto, tenía 20 años», contestó enojado Solanet a la prensa y agregó: «No podía tomar esas decisiones, lo acusan porque es director de La Nueva Provincia, que no es del agrado de este gobierno.»
Además de la defensa de Massot, Solanet consideró a los juicios «absolutamente ilegales» con los que se «embiste contra los que en su momento defendieron al estado contra la guerrilla marxista», y relativizó la apropiación sistemática de niños en la última dictadura, delito por el que se condenó en 2012 al dictador Jorge Rafael Videla: «Yo no creo que los militares un día hayan decidió robar bebés, es fruto de un relato que hasta el hartazgo se repite en los medios, los colegios, y ese relato ha puesto en nuestra sociedad una serie de hechos que no necesariamente han sido probados.»
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