El colectivo Mapa de la Policía logró reconstruir con precisión el momento en que un agente de la Prefectura Naval disparó a corta distancia contra Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita que participaba de la movilización del 12 de marzo en apoyo a los jubilados. Las imágenes, que ya fueron presentadas ante la jueza María Servini, permiten ver el rostro del prefecto responsable, aunque su identidad todavía no fue revelada.
El disparo fue efectuado con una lanzadora Byrna TCR, un arma “menos letal” que dispara balas químicas a una velocidad de 300 km/h. Aunque está diseñada para uso a distancia, el agente disparó a apenas cinco metros, apuntando directamente al rostro de Navarro. Como había denunciado previamente Página/12, esa misma tarde, a las 17.18, el fotógrafo Pablo Grillo también fue herido de gravedad por una granada de gas lacrimógeno lanzada por el gendarme Héctor Guerrero. Ambos ataques ocurrieron con minutos de diferencia y desde puntos opuestos de la Plaza Congreso.
«Es lógico deducir que los disparos a zonas vitales del cuerpo fueron una práctica sistemática de todas las fuerzas», afirma el narrador del video difundido por Mapa de la Policía. «Dos agentes de fuerzas distintas actuaron de la misma manera en el mismo momento y esto sucedió a pesar de estar ubicados en dos lugares diferentes y sin referencia visual», subraya, sugiriendo una línea de mando unificada y directivas explícitas para reprimir.
El informe presentado en el juzgado de Servini detalla que la Prefectura contaba con una guía operativa para el uso de este tipo de armamento, donde se establece que sólo puede ser utilizado por orden directa del jefe del grupo, en este caso el prefecto mayor Héctor Cabrera, a cargo de la Agrupación Albatros. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se declaró responsable del operativo conjunto de ese día, que involucró a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Ciudad.
La movilización del 12 de marzo, convocada por clubes de fútbol y organizaciones sociales en respaldo a los jubilados, fue deslegitimada por Bullrich, que insistió —sin pruebas— en que se trataba de un acto organizado por barrabravas. Bajo ese pretexto, el Gobierno desplegó un dispositivo represivo que dejó como saldo más de 600 heridos, entre ellos Beatriz Blanco, una jubilada que fue golpeada y gaseada por la Policía Federal, y 114 personas detenidas, liberadas luego por la jueza Karina Andrade, quien sufrió embates del Gobierno por su decisión.
Según la Comisión Provincial por la Memoria, solo en esa jornada se registraron 672 personas heridas, una cifra superior al total de lesionados por represión estatal en todo el año anterior.
Jonathan Navarro, en diálogo con este medio, había contado su motivación para marchar: “Veía todos los miércoles cómo les pegaban a los jubilados y eso es bien de cobarde”, dijo. Su padre había tenido que gastar 80.000 pesos en un solo medicamento. Tras el disparo, perdió la visión de un ojo: “Ahora tengo un ojo inútil, no puedo ir a la cancha ni hacer deporte, ya no tengo reflejos… pero no me arrepiento de haber ido a apoyar a los jubilados”, sostuvo.
El trabajo de Mapa de la Policía fue clave para identificar al agresor. Gracias a registros de manifestantes, fotorreporteros y una cámara de vigilancia del Congreso —conocida como “domo Entre Ríos”— se pudo ver al prefecto caminando en puntas de pie detrás de la primera línea, con una marca blanca en el casco (indicativo del uso de Byrna TCR). El disparo ocurrió a las 17.21 y fue directo a la cara. Otras imágenes lo muestran atacando de manera similar a más personas, en franca violación de los protocolos.
La querella, a cargo del abogado Pablo Zapulla, presentó una lista de 13 agentes de Prefectura que portaban lanzadoras Byrna, pero todo indica que solo dos llevaban la versión TCR, con proyectiles OC (oleorresina de capsicum). Zapulla solicitó legajos, registros de munición, informes técnicos y el detalle del organigrama de mando, que hasta ahora la fuerza no ha entregado.
El manual del arma no deja lugar a dudas: advierte que disparar a la cabeza, cuello o columna puede generar lesiones permanentes o incluso la muerte, y que los niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas son especialmente vulnerables. La pericia del Cuerpo Médico Forense confirmó que Navarro sufrió estallido ocular, con una posibilidad de recuperación parcial, pero nunca total.
El colectivo Mapa de la Policía —integrado por el CELS, CORREPI, EDiPo, FM La Tribu, ACVI, En Foco, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el despacho de la legisladora Victoria Freire, entre otros— fue también el que identificó al cabo Guerrero, de Gendarmería, citado a indagatoria por el ataque contra Grillo. Esta red ciudadana nació a partir de una iniciativa de la exlegisladora Ofelia Fernández y ha intervenido en otros casos de violencia institucional, como el asesinato de Facundo Molares y el ataque a Fabrizia, una niña gaseada en otra marcha.
¿Y la responsabilidad política?
“Importa mencionar a los responsables políticos del hecho”, subraya el video sobre el caso Navarro. Allí se ve a Bullrich explicando el despliegue de seguridad basado en el protocolo antipiquetes, cuya legalidad es objeto de revisión por parte del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick.
Un documento interno del Ministerio de Seguridad, identificado con el número 659, organizaba el operativo del 12 de marzo con un total de 607 efectivos —387 de Policía Federal, 134 de Prefectura, 66 de Gendarmería y 20 de la PSA—, más móviles del Servicio Penitenciario, con presencia en rutas, estaciones y accesos a la Ciudad. La orden llevaba el nombre cínico de una frase emblemática de Diego Maradona: “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”.
“Además de contar con la imagen del prefecto que disparó contra Jonathan, lo que nos permitirá individualizarlo y citarlo a indagatoria, es indispensable —reclamó Zapulla— evaluar la eventual responsabilidad penal de quienes dieron la orden, porque esto no fue un hecho aislado. Apenas tres minutos antes, otro agente de una fuerza distinta había disparado brutalmente contra otra persona. Esa simultaneidad confirma la existencia de una política represiva deliberada, avalada desde las más altas instancias del Estado”.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com